EE UU invalida las restricciones a los estados segregacionistas

El Tribunal Supremo de Estados Unidos rechazó este martes una de las secciones más importantes de la Ley de Derecho a Voto, que no podrá volver a ser aplicada antes de que la renueve el Congreso. La ley, aprobada en 1965, y considerada como uno de los grandes logros en la lucha por los derechos civiles, había sido puesta en duda por el Estado de Alabama, que recurrió ante la corte la vigencia de la normativa.

“Estoy profundamente decepcionado con la decisión del Tribunal”, afirmó el presidente Obama en un comunicado. "La ley ha permitido garantizar el derecho a voto de millones de estadounidenses durante las últimas cinco décadas. La decisión que hoy invalida uno de sus principales artículos acaba con décadas de prácticas consolidadas para impedir que el voto es justo, sobre todo allí donde ha prevalecido la discriminación a lo largo de la historia”.

El Fiscal General, Eric Holder, aseguró que la sentencia es "un golpe a la piedra angular de los derechos civiles" de Estados Unidos. "No dudaremos en aplicar todas las leyes y todos nuestros recursos legales contra aquellas jurisdicciones que quieran aprovechar esta sentencia para poner en peligro el derecho a voto de los ciudadanos".

La ley de Derecho a Voto de 1965 establece que aquellos Estados y condados que participaron en la segregación racial o donde se hayan producido casos de discriminación contra votantes en unas elecciones, deben someter cualquier cambio a sus normativas electorales a la aprobación del Gobierno federal. La demanda del Condado Shelby de Alabama obligó a la Corte a determinar si los criterios que determinan qué Estados deben ser vigilados se ajustan a las amenazas de discriminación actuales.

La Corte ignora que el pasado es un prólogo y aquellos que no pueden recordar el pasado están condenados a repetirlo” Ruth Ginsburg, juez del Tribunal Supremo

“Nuestro país ha cambiado y mientras que cualquier tipo de discriminación en unas elecciones siempre será excesiva, el Congreso debe garantizar que las leyes que aprueba suponen un remedio para los problemas actuales”, dice la sentencia, redactada por el presidente del Supremo, John Roberts. La Corte ha dado la razón a Alabama, con cinco votos a favor y cuatro en contra, por lo que el apartado esencial de la ley no podrá ser aplicado hasta que la renueve el poder legislativo.

La ley ha cobrado especial relevancia en los últimos dos años, cuando la Administración Obama bloqueó varias leyes electorales impulsadas por gobernadores republicanos al estimar que discriminaban contra las minorías. Estas normas, conocidas como ‘leyes de supresión de voto’, fueron protagonistas de las últimas elecciones presidenciales, en 2012. El Gobierno bloqueó modificaciones en Texas, Florida y Carolina del Sur gracias a esta ley.

En su sentencia, el Tribunal ordena que la Sección 4 de la legislación, la que determina qué Estados deben solicitar permiso al Departamento de Justicia para modificar sus leyes electorales, sea renovada por el Congreso. La decisión no supone la anulación completa de la Ley de Derecho a Voto, pero otro de sus artículos, la Sección 5, el corazón de la normativa que permite al Gobierno impedir la entrada en vigor de leyes discriminatorias, no podrá funcionar hasta que el Congreso acuerde los nuevos criterios.

El Congreso debe garantizar que las leyes que aprueba suponen un remedio para los problemas actuales” Juez John Roberts, presidente del Tribunal Supremo

La fórmula para elegir a los Estados considera desde su participación en la segregación racial hasta factores como la diferencia entre porcentajes de participación electoral entre blancos y minorías raciales. El Congreso ha renovado esta fórmula y la totalidad de la legislación en cuatro ocasiones desde su entrada en vigor, y siempre por un plazo de 25 años. La última vez fue en 2006, durante la presidencia de George W. Bush.

“La Corte ignora que el pasado es un prólogo y aquellos que no pueden recordar el pasado están condenados a repetirlo”, escribe la juez Ruth Ginsburg en la opinión de los cuatro magistrados progresistas que votaron a favor de mantener la ley en vigor. “Según la opinión del Tribunal, precisamente el éxito de esta sección de la Ley de Derecho a Voto exige que sea anulada”.

Durante la presentación de los argumentos ante la Corte esta primavera, los jueces se mostraron divididos entre aquellos que defendieron que todavía existen casos en los que leyes y normativas estatales han dificultado el derecho a voto de las minorías; y los que, como Alabama, aseguran que no se pueden aplicar los mismos criterios en 2013 que en 1965.

El juez Roberts explica en la sentencia que la decisión de la mayoría no afecta “de ninguna manera” a las secciones de la normativa que luchan contra la discriminación racial en convocatorias electorales. “Sólo nos limitamos a la fórmula que establece qué Estados deben ser vigilados. El Congreso deberá diseñar nuevos criterios en base a las condiciones actuales”.

El Comité Nacional del Partido Demócrata rechazó en un comunicado la sentencia del Supremo, asegurando que “más que una decepción, es una injusticia”. Los demócratas rechazan que los casos de discriminación hayan desaparecido: “Durante los últimos años los republicanos han aumentado sus esfuerzos para limitar el acceso a las urnas. Han aprobado leyes de restricción de voto y han limitado los horarios de los colegios electorales. La lista continúa. Estas amenazas son reales”.

Ahora, demócratas y republicanos deberán acordar los requisitos que determinan si un Estado está discriminando o no en contra de grupos de electores, y por tanto pertenece a una categoría especial que debe ser vigilada por las autoridades federales. La división en el Capitolio y la cercanía de unas elecciones legislativas en el otoño de 2014, auguran un camino difícil para cualquier pacto al respecto.