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El máximo tribunal de Argentina veta la reforma judicial kirchnerista

El fallo supone un varapalo a la presidenta, que pretendía modificar el órgano de gobierno de los jueces

Fernández , el 12 de junio en una refinería de Luján de Cuyo (Mendoza).  Ampliar foto
Fernández , el 12 de junio en una refinería de Luján de Cuyo (Mendoza). EFE

La presidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, impulsó seis leyes bajo el lema de "democratizar la justicia", pero este martes la Corte Suprema declaró inconstitucional la principal de esas normas. El máximo tribunal de este país sudamericano, cuya mayoría de miembros había nombrada durante el Gobierno de Néstor Kirchner (2003-2007), determinó por seis votos contra uno que la reforma del Consejo de la Magistratura (órgano de selección y destitución de jueces) iba contra la Carta Magna.

En concreto, la mayoría de los magistrados se manifestó en contra de que el Consejo de la Magistratura amplíe su número de integrantes de 13 a 19. También declaró inconstitucional que los representantes de jueces, abogados y académicos en ese cuerpo sean elegidos como candidatos de los partidos políticos por el voto popular, por lo que seguirán siendo seleccionados por sus pares. Por lo tanto, se suspendieron las elecciones democráticas a consejeros que el Gobierno de Fernández había convocado para el próximo 11 de agosto. Otro aspecto rechazado fue que las decisiones del consejo pudiesen adoptarse por mayoría simple, en lugar de los dos tercios de los votos que se exigían hasta ahora.

El fallo de la Corte Suprema contra la principal ley de la reforma judicial kirchnerista supone un duro varapalo para la presidenta de Argentina y su intención declamada de acabar con el corporativismo de los jueces. Aquellos que se oponen a su reforma denuncian que pone en peligro la independencia de la justicia respecto de los poderes Ejecutivo y Legislativo. La declaración de inconstitucionalidad de la reforma del Consejo de la Magistratura desarma la columna vertebral de la reforma.

La sentencia también marcará un antes y un después en la relación entre la Corte Suprema y el Gobierno de Fernández. Kirchner había impulsado en 2003 y 2004 la renovación de la mayoría del tribunal para acabar con la falta de transparencia que lo caracterizaba desde el Gobierno de Carlos Menem (1989-1999), en lo que fue una aplaudida reforma. Pero la nueva Corte Suprema siempre se mostró independiente. Convalidó la inconstitucionalidad de las amnistías a los criminales de la última dictadura militar (1976-1983), como pretendía Kirchner, pero también falló en contra del Gobierno en casos como una actualización de las pensiones o en la postergación de una decisión sobre la ley de medios audiovisuales.

A Fernández no le agradará para nada el fallo de la Corte Suprema. Este año, el máximo tribunal también deberá expedirse sobre la ley de medios, que obliga al Grupo Clarín, principal grupo del sector y enemigo del Ejecutivo, a vender una buena tajada de sus licencias, tal como votó en 2009 el kirchnerismo y la oposición de centroizquierda en el Congreso.

"No es posible que bajo la invocación de la defensa de la voluntad popular, pueda propugnarse el desconocimiento del orden jurídico, puesto que nada contraría más los intereses del pueblo que la propia transgresión constitucional", afirmaron los seis magistrados que rechazaron la reforma, incluido el presidente del tribunal, Ricardo Lorenzetti. "Las personas que integran el consejo lo hacen en nombre y por mandato de cada uno de los estamentos indicados (jueces, abogados y académicos), lo que supone inexorablemente su elección por los integrantes de esos sectores. En consecuencia, el precepto no contempla la posibilidad de que los consejeros puedan ser elegidos por el voto popular", argumentó la mayoría de la Corte Suprema, que también advirtió que se comprometía "la independencia judicial al obligar a los jueces a intervenir en la lucha partidaria". En cambio, el único magistrado que apoyó la norma, Eugenio Zaffaroni, opinó que "la ley no se filtra por los resquicios del texto (constitucional), sino que penetra por las enormes brechas que éste dejó abiertas".

El kirchnerismo rechazó el fallo. El jefe del Gabinete de Ministros, Juan Manuel Abal Medina, lo calificó de "afrenta al pueblo argentino" y lamentó que "algunas instituciones todavía mantengan una visión retrógrada, propia de otros siglos", "algunos parecen amarrados con todas sus fuerzas a mantener históricos privilegios, consolidados siempre a espaldas de los argentinos". En la oposición, el diputado radical Ricardo Alfonsín festejó por la red social Twitter: "¡Viva la República y la división de poderes!". El peronista disidente y líder sindical de los empleados judiciales, Julio Piumato, comentó: "Todos los que dijeron que la Corte estaba arreglada con el Gobierno, ¿de qué se van a disfrazar?". Así se refirió a la denuncia de la diputada Elisa Carrió, de la Coalición Cívica (CC), sobre un supuesto pacto secreto entre el Ejecutivo, el máximo tribunal y la Unión Cívica Radical (UCR) para facilitar la reforma judicial. Es curioso, pero finalmente la UCR y la CC han acordado una alianza para las elecciones legislativas de agosto y octubre próximos, junto con el Partido Socialista y otros partidos de izquierda moderada. "De la mejor Corte Suprema de la historia argentina no podíamos esperar menos: la República sigue viva", destacó el socialista Hermes Binner.

La semana pasada, la presidenta de Argentina había recordado que cuatro de los siete miembros de la Corte Suprema habían militado en política antes de ser jueces, en una defensa de la reforma del Consejo de la Magistratura. Horas antes de la sentencia, vertió otra de sus tantas críticas a fallos judiciales, en concreto por uno que este lunes dispuso la prescripción de una causa por presunta estafa contra dirigentes de la aristocrática Sociedad Rural Argentina. Además, este martes una juez federal de la provincia sureña de Neuquén declaró inconstitucional la prohibición de que los ciudadanos compren dólares para ahorrar o adquirir inmuebles, en un país donde desde hace décadas que la moneda norteamericana se usa para tales fines, costumbre con la que el Gobierno de Fernández ha querido acabar desde 2011 ante la menor disponibilidad de divisas para cubrir la necesidad de importación de energía, insumos y maquinarías y de pago de la deuda externa. Pronto se sabrá qué dice la presidenta de la Corte Suprema.

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