El G-8 veta el pago de rescates a terroristas

Se acabó abonar rescates a los terroristas a cambio de la liberación de los rehenes. “Rechazamos tajantemente el pago de rescates (...) y pedimos a los países y a las empresas del mundo entero que sigan ese principio”, reza el comunicado final de la cumbre del G8.

El Tesoro de EE UU calculó que, entre 2003 y 2011, las organizaciones terroristas habían recaudado casi 90 millones de euros gracias a los rescates. “Al Qaeda en el Magreb Islámico (AQMI) es la rama de Al Qaeda que más provecho ha sacado de los secuestros (...)”, subrayaba el informe.

EE UU no ha pagado por la libertad de sus ciudadanos apresados por terroristas ni tampoco el Reino Unido. Con la llegada de François Hollande a la presidencia, Francia se sumó, aparentemente, a la línea dura.

Para el país que más rehenes tiene en el mundo —11, ocho de ellos en África— la decisión no ha sido fácil. “Estoy asqueada”, afirmó Françoise Larribe, exrehén y esposa de un rehén en Malí al conocer la decisión de Hollande que se hizo pública en enero.

Cuatro de los países representados en el G8 —Canadá, Japón, Italia y Alemania— sí acostumbran abonar rescates por la vida de sus ciudadanos. El anuncio hecho en la cumbre del G8 marca, por tanto, un cambio de política.

El anuncio hecho en la cumbre de las principales potencias del mundo tendrá también implicaciones para otros Estados (Suiza, Austria etcétera) que estos últimos años también echado mano de los fondos reservados para liberar a los cautivos.

Ni que decir tiene que las autoridades españolas tampoco podrán actuar a partir de ahora como lo hicieron en 2010, para resolver el secuestro de tres catalanes en Malí, y en 2012, para poner fin al de dos cooperantes apresados en los campamentos de refugiados saharauis. En el primer caso abonaron ocho millones a AQMI y en el segundo 7,5 al MUYAO, un grupo terrorista que irrumpió en el Sahel en octubre de 2011.

Otras dos cooperantes españolas permanecen secuestradas en Somalia desde hace 21 meses, pero en este caso no es el servicio secreto español (CNI) el que lleva la negociación sino Médicos Sin Fronteras (MSF), la ONG para la que trabajaban. Ésta rechaza pagar un rescate y todavía no ha logrado su puesta en libertad.

Los líderes dirigentes del G8 instan también a las grandes empresas, cuyos expatriados son en ocasiones secuestrados, a rehusar pagar, pero no anuncian sanciones para las que incumplan. Hasta ahora los gobiernos occidentales miraban para otro lado cuando las empresas maniobraban para liberar a sus técnicos.

Tras el rechazo a pagar quedan otras vías para forzar a los cancerberos a soltar a sus cautivos. La más evidente es la intervención militar, que casi siempre se solda con un fracaso porque mueren varios rehenes. Los servicios secretos consideran que el principal objetivo ahora es poder identificar a los secuestradores para ejercer presión sobre su familia amenazándola, pero también haciéndole promesas. Una muy apreciada consiste en ofrecer tratamientos médicos en países desarrollados para sus miembros enfermos.