La cúpula judicial de Bolivia defiende que Morales pueda ser reelegido otra vez

La firma de la ley que permitirá al presidente de Bolivia, Evo Morales, aspirara un tercer mandato gracias a una controvertida interpretación de la Constitución se produjo el lunes mientras toda la cúpula judicial del país se encontraba en Madrid. El presidente del Tribunal Constitucional, Ruddy José Flores, que firmó la sentencia 3/2013, defendió este miércoles que la decisión se tomó consultando “la voluntad del constituyente” y que el fallo “se sujeta estrictamente a la Constitución del Estado y a los tratados internacionales de derechos humanos”.

Bolivia promulgó en 2009 una nueva Constitución impulsada por el partido Movimiento a Socialismo (MAS) del presidente Evo Morales. Entonces, según el discurso oficial, el Estado fue “refundado” y pasó de ser una República a definirse como Estado Plurinacional. La norma fundamental dice en su artículo 168 que cabe la posibilidad de ser reelegido como presidente una sola vez. Una disposición transitoria, además, establece expresamente que los mandatos anteriores ejercidos con anterioridad a la nueva Constitución computan para ese cálculo. Sin embargo, el artículo fue elevado a consulta del Constitucional, que el pasado mes de abril dictaminó “como intérprete auténtico de la Constitución”, en palabras de Flores, que “la disposición transitoria es de carácter general” y no se refiere específicamente al presidente o al vicepresidente, “como dicen algunos grupos políticos”. Es una disposición que se refiere a todas las autoridades electas, afirmó.

Ruddy José Flores es el primer presidente del primer Tribunal Constitucional que hay en Bolivia, creado para interpretar la norma fundamental, a la manera de otras transiciones, como la española. En el análisis del caso de la reelección “había que verificar la voluntad del constituyente”. En el proyecto original, modificado en su tramitación parlamentaria, se recogía la reelección indefinida del presidente. Teniendo en cuenta que la voluntad original era esta, que el artículo “específico” sobre la reelección es el 168, que limita a una vez, y que la disposición transitoria es “general”, por lo que no se puede imponer al artículo particular, explicaba el miércoles Flores en Madrid.

Además, según Flores, “el Tribunal Constitucional aplica principios como in dubio, pro soberano, ante la duda del alcance de una disposición corresponde al soberano decidir”. El Tribunal decidió que esa disposición transitoria podía ser objeto de desarrollo en una ley. Y esa ley, gracias a la mayoría del MAS, decide que no se aplica al presidente Evo Morales. Flores subrayó que la interpretación del Tribunal es la única válida. “Cualquier otra interpretación, del Gobierno o de grupos contrarios al Gobierno, es subjetiva”.

Flores, sin embargo, rechazó la idea de “refundación” del Estado, una idea que sólo está en el preámbulo de la Carta Magna. “En ningún momento el Tribunal Constitucional ha hablado de que este es un nuevo estado y que el anterior no existe”. “El uso político que se pueda dar a esa parte de la Constitución tiene ese carácter, político”, afirmó.

Flores defiende que la interpretación de la Constitución que hace el TC es la única válida, y cualquier interpretación política es "subjetiva"

La visita de la cúpula judicial boliviana a España forma parte del programa Fortalecimiento de la independencia del sistema judicial boliviano, financiado por la Unión Europea y ejecutado por la Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo, con apoyo del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos. La delegación, que vuelve a Bolivia el viernes 24, está compuesta, además de por Flores, por el presidente del Tribunal Supremo, Gonzalo Hurtado, y la presidenta del Consejo de la Magistratura (el órgano de gobierno de los jueces), Cristina Mamani. Los tres atendieron a EL PAÍS el miércoles por la tarde.

El presidente del Supremo,Hurtado, sí hizo propia ayer la idea de que el Estado boliviano ha sido refundado. “Bolivia ha tenido 14 constituciones, pero son tres las que han marcado la historia de nuestro país: la de 1826, cuando se crea la República, la de 1838 y la de 2009, donde se refunda el país, es decir, se convierte de un Estado republicano a uno plurinacional, con el reconocimiento de 36 naciones y la creación de nuevas instituciones”. La interpretación que Hurtado hace de la sentencia del Constitucional es que se basa en esa refundación, que en el plano político supone pasar “de un Estado capitalista a uno socialista”, decía ayer en Madrid. “Está comenzando una nueva Bolivia”.

La presidenta del Consejo de la Magistratura rechaza cualquier vinculación política de los nuevos jueces y critica con dureza la falta de recursos

Por su parte, la presidenta del Consejo de la Magistratura, Cristina Mamani, declinó comentar la reciente sentencia constitucional al no formar parte propiamente de un órgano jurisdiccional, sino de gobierno del Poder Judicial. Mamani, indígena aymara, dirige la parte del Estado que ha cambiado de forma más radical en el último año. La reforma judicial de Evo Morales ha establecido que todos los magistrados se elijan por sufragio. Los profesionales se presentan, la Asamblea elabora una lista y la gente vota. Todos los magistrados del Constitucional y el Supremo, y los miembros del Consejo, han ganado su puesto en una votación popular. Se trata de un experimento único en el mundo. La oposición considera que el objetivo final del MAS es controlar todas las instancias judiciales a través de jueces afines. Las primeras elecciones fueron en octubre de 2011. Mamani, abogada, obtuvo casi medio millón de votos.

“Los más excluidos, los más marginados, hemos tenido oportunidad de participar en la elaboración de la Constitución”, decía ayer. “Antes elegía el Parlamento por cupos, entre cuatro paredes”. Mientras que una elección como la suya, “viene del pueblo, los indígenas han confiado en otros indígenas que hemos tenido la oportunidad de estudiar en la universidad y superarnos”. En cuanto a la pregunta de si se siente cercana al MAS, Mamani lanzó una durísima crítica al Gobierno por la falta de recursos de la Justicia, y reclamó una inversión del 3% del Presupuesto, en vez del 0,15% actual.