La fiscalía investiga al ex presidente peruano Alejandro Toledo

Las sospechas y críticas que surgieron en febrero contra el expresidente Alejandro Toledo (2001-2006) por el alto precio pagado por un inmueble, alcanzaron este martes su punto álgido. Durante una entrevista -desde Estados Unidos para un canal peruano- se contradijo con explicaciones previas sobre la compra realizada por su suegra; luego miembros de su partido –Perú Posible- no supieron afinar, ni mejorar, la versión dada por el líder y, por la tarde, el fiscal de la nación, José Peláez, anunció el inicio de una investigación de oficio por enriquecimiento ilícito.

Toledo es, junto a Alan García (2006-2011), el segundo expresidente peruano investigado actualmente por el Ministerio Público por un asunto similar. Este hecho es interpretado por algunos políticos como una forma de presión del gobierno de Ollanta Humala contra dos de los posibles candidatos a las elecciones generales en el 2016.

Perú Posible, la organización con la que Toledo llegó al poder después del régimen autoritario de Alberto Fujimori, tenía una especie de alianza no escrita con el gobierno de Humala, y que ha funcionado a medias. Mientras tanto, el APRA de Alan García, con solo cuatro escaños en el Legislativo, se mantuvo sin hacer oposición al actual Gobierno hasta hace poco, cuando una comisión parlamentaria de investigación de la gestión de García reveló delitos que podrían conducir a una acusación constitucional y a una posible inhabilitación de sus derechos políticos.

Cuando en febrero los medios limeños revelaron que Eva Fernenbug, de 84 años, madre de Eliane Karp de Toledo, había comprado en casi cuatro millones de dólares una casa en la urbanización Casuarinas, una de las zonas más caras de la capital, asumieron que fue una adquisición de Toledo. El exmandatario, que no reside en el Perú desde que dejó el cargo, respondió que su suegra la compró al contado, con el dinero de una indemnización como víctima del holocausto judío y de herencias de dos matrimonios. Explicó también que serviría para que Fernenbug pasara sus últimos años cerca de su hija; la justificación no convenció pues la casa tiene un área de 2.500 metros cuadrados. La Fiscalía inició entonces una investigación a la octogenaria ciudadana belga y aseguró que llamaría a declarar a Toledo y a su esposa, diligencia que hasta el momento no se ha realizado.

Fernenbug contrató a uno de los mejores abogados penalistas peruanos y declaró ante la Fiscalía. Este domingo, un programa dominical de televisión reveló que la casa de Casuarinas y una oficina en Lima en un edificio de lujo recién inaugurado, fueron adquiridas mediante una empresa offshore llamada Ecoteva, abierta en una notaría en Costa Rica. El escándalo surgió al conocerse que entre los accionistas de la empresa estaban Fenenburg, una empleada de limpieza, un guardián de la notaría, y el multimillonario Yosef Maiman, un peruano-israelí amigo del ex presidente Alejandro Toledo y cabeza de una transnacional de hidrocarburos, el grupo Merhav.

El reportero del programa Panorama arrancó algunas frases a la empleada que prestó su nombre para la constitución de la sociedad anónima, sin saber las consecuencias que podría traer. “Yo soy una triste empleada de limpieza, una miscelánea, soy inocente”, respondió en una calle de San José, mientras trataba de comunicarse por celular con un abogado.

Alejandro Toledo demoró casi un día y medio en responder a la revelación y había gran expectativa por su descargo. Al parecer, no fue suficientemente asesorado. Acusó a sus enemigos de involucrarlo en compras que no había hecho, y a una procuradora por haber filtrado la información sobre Costa Rica. Dijo también que la constitución de la empresa con esos trabajadores del bufete era conforme a ley.

“Tengo la conciencia limpia, me preocupa enormemente esa intención. Hay enemigos políticos, que están tratando de distraer otras decisiones importantes. Creo que están tratando de debilitarme para que en un eventual indulto a Fujimori, Toledo no pueda decir nada”.

Una de las congresistas más conservadoras, Lourdes Alcorta, de Alianza para el Gran Cambio, considera que sí hubo filtración de documentos por parte del Gobierno, con el objetivo de dar un aviso a Toledo. “Es una forma de decirle pórtate bonito”, dijo a Canal N.

Según Toledo, la casa fue adquirida con un crédito de tres millones de dólares del Scotiabank de Costa Rica, “banco que pidió el respaldo de ese crédito con una hipoteca". "Eso está en la Fiscalía de la Nación y en los Registros Públicos del Perú como garantía” añadió. Pero esto no solo cambiaba la primera versión de que la casa fue comprada con dinero en efectivo, sino que, minutos después, en Twitter, una abogada especialista en derecho registral lo desmentía. La partida del inmueble no tenía inscrita hipoteca alguna. El parlamentario fujimorista Juan Díaz también mostró dicho documento en televisión insistiendo en la falsedad de la información.

Por la tarde, la cuenta de Twitter de la Fiscalía de la Nación anunció la apertura de una “investigación de oficio contra el ex presidente Alejandro Toledo Manrique por enriquecimiento ilícito”. Más temprano, el fiscal de la Nación, José Peláez había advertido que estaba listo para solicitar el levantamiento del secreto bancario y la reserva bursátil”.

En paralelo, el expresidente Alan García, afronta una investigación preliminar fiscal por presunto enriquecimiento ilícito, a raíz de la compra de una casa de 800 mil dólares, en una zona de clase media alta de Lima. Sin embargo, las acusaciones más fuertes han surgido de la denominada megacomisión del Congreso, que ha documentado que durante su gobierno concedió más de 5.500 conmutaciones de pena e indultos que beneficiaron a narcotraficantes, entre ellos líderes de carteles de la droga. Algunos de los acusados eran militantes del partido aprista.

El presidente de la megacomisión, el oficialista Sergio Tejada, ha pedido ampliar el período para entregar su informe final, pues hay más personas presas dispuestas a declarar sobre la cantidad de dinero que pedían los operadores de la Comisión de Gracias Presidenciales, durante el gobierno de Alan García, a cambio de los indultos o rebaja de las penas. El temor del líder del Apra es que el Congreso apruebe una acusación constitucional y ello implique la suspensión de sus derechos políticos. Ese escenario le ha permitido dirigir su contraataque a la pareja presidencial, es decir, Ollanta Humala y la primera dama Nadine Heredia, de quien rutinariamente se especula que será candidata en el 2016, pese a que la ley lo impide. El líder del Apra y dos veces presidente está convencido de que las investigaciones en su contra son la forma de eliminarlo como contrincante político. Puede ser cierto, pero también son fundadas las denuncias contra su gestión.