Mubarak vuelve al banquillo pero consigue aplazarlo hasta junio

Por tercera vez, el ex dictador Hosni Mubarak, sus dos hijos, Alaa y Gamal, y siete altos cargos del ministerio del Interior se han presentado en la Academia de Policía, a las afueras de El Cairo, y por tercera vez se ha pospuesto, en esta ocasión hasta el 8 de junio. El exdictador será juzgado por la muerte de más de 850 personas durante la revolución de principios del 2011.

El expresidente egipcio Hosni Mubarak compareció hoy en la apertura de su nuevo juicio y negó su implicación en varios casos de corrupción y en la muerte de manifestantes durante la revuelta de 2011 que le obligó a abandonar el poder. Un gesto de negación con la mano le bastó a para rechazar las acusaciones, que también negaron los demás inculpados en la sala del juicio, que finalmente se pospuso para el 8 de junio

El primer pleito, que terminó en junio del 2012, concluyó con una sentencia de cadena perpetua para Mubarak y su ministro del Interior, Habib al-Adly. Sin embargo, en enero un tribunal decretó nula la sentencia.

El segundo comienzo del proceso tuvo lugar el pasado 13 de abril, pero fue muy breve. Apenas duró unos 20 minutos, el tiempo que necesitó el juez encargado de presidirlo, Mustafá Hasan Abdulá, para recusarse del caso, y traspasarlo a la Corte de Apelaciones. El magistrado, bajo sospecha de ser afín al antiguo régimen en base a anteriores sentencias, argumentó que no se sentía “cómodo” en la labor asignada. Con un nuevo juez, Mahmud Kamel al-Rashidi, el sábado ya se pudo retomar el juicio.

Así las cosas, la suerte de Mubarak parece una especie de patata caliente, tanto para las autoridades judiciales como para el gobierno del islamista Mohamed Morsi. Según la ley, el ex raïs debería haber sido puesto en libertad hace varias semanas, pues la sólo permite un máximo de dos años de prisión preventiva, plazo que el reo ya ha superado. No obstante, continúa arrestado porque la fiscalía renueva cada 15 días su detención en relación a un par de casos de corrupción por los que también está procesado.

A medida que se va alejando en el tiempo y en la memoria colectiva la revolución, y el país se va hundiendo en una crisis política y económica, el interés por el juicio a Mubarak va remitiendo. Dentro de la sala, sí se ha mantenido la tensión, con gritos de los asistentes mientras los acusados se declaraban no culpables. No obstante, fuera del recinto, el número de detractores y seguidores del “último faraón”, separados por un fuerte cordón de seguridad, se había reducido en comparación con anteriores convocatorias. Tampoco en los medios el proceso ha despertado la misma fiebre que el primero. Después de una breve sesión, el juez aplazó la continuación del proceso hasta el próximo 8 de junio.

Además de la represión de los manifestantes durante los 18 días de la rebelión que depuso a Mubarak, el proceso también juzga dos casos de corrupción por apropiación indebida de fondos públicos, y por la venta fraudulenta de gas a Israel. En el anterior juicio, todos los acusados, incluido Mubarak, fueron absueltos de estos cargos. Sumado a la dimensión política del juicio, varias cifras dan idea de su complejidad, como las 55.000 páginas que atesora el sumario, o el hecho que los demandantes asciendan a 1.700 personas.

“No tengo esperanza de que se va a hacer justicia con mi hijo o con cualquiera de los mártires. Mi vida entera se ha visto zarandeada”, declaró dentro de la sala Umm Moaz, madre un joven asesinado durante revuelta, a la agencia AFP. La falta de un plan para abordar las cuestiones de la justicia transicional ha sido una de las grandes críticas del actual gobierno por parte de la sociedad civil. Hace tres días, un tribunal sentenció contra la repetición del juicio de la “batalla de los camellos”, uno de los incidentes más sangrientos de la revolución, y cuyo juicio se saldó con la absolución de todos los acusados.

El juicio llega en plena guerra entre el poder judicial y los Hermanos Musulmanes, después de que los diputados de este partido hayan presentado un proyecto de reforma del poder judicial que, de ser aprobado, conllevaría la jubilación de 3.000 magistrados. Los detractores de la Hermandad, y buena parte de la judicatura, sostienen que el obtuvo del gesto es reemplazar los actuales magistrados con otros afines al movimiento islamista. En los últimos meses, el poder judicial ha mostrado en repetidas ocasiones su independencia frente al gobierno, frustrando sus planes, lo que ha llevado a una relación de hostilidad entre ambos.