La Unión Europea lanza un plan para crear la ciudadanía común

Dos de cada tres ciudadanos se sienten europeos, pero solo uno conoce las implicaciones prácticas de serlo. Las enormes trabas que encuentran al ejercer el derecho a la movilidad, una de las señas de identidad de Europa, limitan sus expectativas, especialmente en una situación de crisis. Para eliminar esas barreras y potenciar la adhesión al proyecto comunitario, la vicepresidenta y comisaria europea de Justicia, la luxemburguesa Viviane Reding, ha lanzado un conjunto de medidas destinadas a incentivar el salto de un país a otro. “Europa no es solo el mercado único, la crisis o el euro. Está compuesta de ciudadanos y tenemos que resolver sus problemas”, asegura en una entrevista con este diario.

Si se trata de aliviar sus preocupaciones, lo primero es luchar contra el desempleo. La falta de planes de estímulo en los países más golpeados por el paro lleva a muchos a emigrar. Para facilitarlo, Bruselas propone extender a seis meses el periodo en que un ciudadano puede cobrar la prestación de su país de origen si se traslada a otro a buscar trabajo. “¿Qué puede hacer un joven desempleado que sabe que en Madrid no va a encontrar empleo: quedarse allí y agotar su prestación o coger el dinero e irse a Alemania a intentar encontrar ocupación?”. Reding tiene claro que lo segundo, pero cree que necesitará más de tres meses, que es lo que ahora ofrecen los Estados a los desempleados —y en algunos casos con reticencias—, aunque la normativa europea permite seis meses.

Tanto esta como las otras 11 medidas que quiere aplicar la Comisión Europea tienen un elemento en común: en realidad ya existen sobre el papel, pero los Estados se resisten a aplicarlas. Ante esa evidencia, Reding insta a los Gobiernos a actuar para recuperar el apego de los ciudadanos por Europa. “La confianza en las instituciones está cayendo dramáticamente. Es sobre todo una pérdida de confianza en los políticos. Deben dar respuestas concretas a los ciudadanos”, advierte la comisaria.

La iniciativa llega en un momento en que el euroescepticismo avanza peligrosamente por el continente. El refuerzo de la ciudadanía europea mediante la movilidad entre países despierta recelos en los más contaminados por la eurofobia, con Reino Unido a la cabeza. La Comisión Europea rebate esos temores desmontando mitos: pese al miedo a los movimientos masivos, solo el 3% de los ciudadanos de los 27 han cambiado de país para trabajar. Y, en cambio, la ampliación de la Unión Europea a los 12 nuevos países que se incorporaron a partir de 2004 ha supuesto una ganancia para los 15 más antiguos equivalente al 1% del producto interior bruto (PIB) anual. Reding dice no entender las reticencias de países como Reino Unido y las vincula a cuestiones electorales.

Aunque Bruselas quiere que las medidas prociudadanía estén aplicadas antes de 2015, la comisaria sabe que hay proyectos más complicados que otros. Entre ellos figura la creación de un marco homogéneo para las prácticas, de forma que los jóvenes tengan un contrato y unos derechos asociados en cualquier país. “La gente más joven me dice: nos gusta aprender, pero estamos explotados”, explica Reding, que ha lanzado este proyecto basándose en los resultados de una encuesta a 12.000 ciudadanos y también a partir de las preocupaciones que expresan el millón de europeos que cada año se dirigen al servicio de información comunitario.

Tampoco será fácil que los Estados accedan a interpretar de forma amplia los derechos de voto. Algunos países (Austria, Dinamarca, Irlanda, Reino Unido, Malta y Chipre) retiran el derecho a participar en las elecciones nacionales a los ciudadanos que llevan un tiempo residiendo en otro país, aunque tampoco puedan elegir al Parlamento del Estado al que han emigrado. En otros casos, Bruselas ha abierto procedimientos por no dejar a los extranjeros presentarse a los comicios.

Hay trabas más sencillas que no se resuelven por falta de preparación de los empleados públicos que tienen que lidiar con los trámites. Reding quiere, por ejemplo, que los Estados reconozcan las inspecciones técnicas de vehículos en todos los países miembros. Y que los discapacitados no tengan que acreditar su condición en su nuevo destino para recibir asistencia. “Necesitamos enseñar estas normas europeas a quienes atienden en las administraciones”, sugiere. En el sector privado, la comisaria pide un marco común para compras por Internet.

Reding ya presentó una primera tanda de iniciativas para ayudar a la ciudadanía en 2010. La aplicación depende, en última instancia, de la voluntad de los Estados.