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México da un primer paso para que los extranjeros puedan tener casa en la playa

La prohibición está en vigor desde 1917 bajo el argumento de proteger el territorio nacional

Vistas de la costa de Acapulco.
Vistas de la costa de Acapulco.

El primer paso para que los extranjeros puedan adquirir propiedades en la costa mexicana y destinos playeros, prohibido en un artículo de la Constitución, ya está dado. La Cámara de Diputados ha aprobado en comisiones la reforma, que la próxima semana se debatirá en el Pleno. Se trata de una reivindicación promovida por el PRI, que ya en 2009 trató sin éxito de ponerla en la agenda política.

La prohibición tiene su origen en el año 1917. México había sufrido numerosas invasiones y guerras y, por una cuestión de protección del territorio, se blindaron zonas estratégicas. “En una faja de cien kilómetros a lo largo de las fronteras y de cincuenta de las playas, por ningún motivo podrán los extranjeros adquirir el dominio directo sobre tierras y aguas”, dice el artículo 27, que casi cien años después va camino de ser reformado.

Lo tajante de la norma no ha impedido que en estos años miles de extranjeros hayan adquirido propiedades costeras mediante fideicomiso. Las compañías inmobiliarias mexicanas ponen todo de su parte para que las operaciones de compra se lleven a cabo a lo largo de todo el litoral, desde Cancún, Estado de Quintana Roo, a Los Cabos, en Baja California. “Cualquier persona de cualquier nacionalidad puede comprar bienes raíces legalmente en México. Mucha gente recibe información errónea (…) Existen diversos métodos para adquirir una propiedad”, dice la web de una inmobiliaria que opera en el litoral del Pacífico para no espantar a potenciales clientes.

El priísta Manlio Fabio Beltrones, que presentó la propuesta gubernamental, defiende que con esta reforma se erradicarán precisamente esos métodos, que hasta ahora impiden saber con exactitud cuántos extranjeros tienen propiedades en la costa. El político asegura que con la reforma se acabará con las simulaciones, los subterfugios o los actos de prestanombres, a la vez que supondrá un mayor ingreso para los Estados costeros, que percibirán los impuestos que hoy se evaden a través de fideicomisos.

“Ante una restricción constitucional que tuvo relevancia histórica, pero que ha perdido vigencia, proponemos autorizar la adquisición extranjera de propiedades en los litorales del país [en el resto ya está permitido], cuando estas sean exclusivamente para uso de vivienda y sin fines comerciales”, expuso Beltrones.