Selecciona Edición
Conéctate
Selecciona Edición
Tamaño letra

El Supremo de EE UU limita los juicios por abusos cometidos en el extranjero

Los nueve jueces desestiman un caso de 12 nigerianos que acusaban a la petrolera Shell de ser cómplice de torturas y asesinatos en su país

Tribunal Supremo de Estados Unidos.
Tribunal Supremo de Estados Unidos.

El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha limitado esta semana las posibilidades de que víctimas extranjeras de violaciones de derechos humanos puedan recurrir ante los tribunales de EE UU para denunciar los abusos padecidos en sus países de origen. El caso a debate se basaba en una demanda presentada por 12 nigerianos contra la petrolera Shell, con base en los Países Bajos, a la que acusaban de ser cómplice de torturas y asesinatos de varios de sus compatriotas tras participar en protestas contra la empresa en la región de Ogoni (sureste de Nigeria) entre los años 1992 y 1995.

Los demandantes amparaban su petición en el Alien Tort Statute (ATS), un Estatuto de Reclamación de Agravio redactado en 1789 que está incluido en el primer Acto Jurídico firmado por el presidente George Washington en EE UU. El ATS permite denunciar violaciones de los derechos humanos perpetrados extraterritorialmente.

Los nueve jueces que conforman el Tribunal Supremo han desestimado por unanimidad el caso alegando que “este no se acoge al ATS ya que, en la redacción del mismo, no se especifican los límites geográficos”. “La cuestión no es si los demandantes han formulado correctamente la petición bajo el ATS, es si este Estatuto abarca a otros países”, ha reiterado el presidente del Tribunal Supremo, John Roberts. “Y más, cuando todos los episodios presentados hoy ocurrieron fuera de EE UU”, ha añadido.

“A mí parecer, solo están incluidos dentro de este Estatuto centenario los juicios en los que el ciudadano es estadounidense o en los que la conducta perjudica los intereses de este país”, ha dicho el magistrado Stephen Breyer. “Además, el Estatuto no puede ser usado como herramienta de grupos proderechos humanos extranjeros para denunciar aquí las violaciones sufridas en sus países de origen”, ha añadido el juez.

Esta demanda llegaba al Supremo de EE UU tras ser rechazada por un Tribunal de Apelaciones de Nueva York que sentenció que los juzgados del país "no tenían competencia en este tipo de casos”. Ante esta resolución, el grupo de 12 demandantes apeló a la Corte Suprema con el argumento de que la jurisprudencia de los distintos tribunales con relación al ATS era contradictoria.

El abogado principal de los demandantes, Paul Hoffman, ha declarado a la salida del Tribunal Supremo que estaba “profundamente decepcionado”. “Ha sido un duro golpe para mis clientes tras años de lucha para conseguir justicia por lo que les ocurrió a sus familiares. Lo que no está claro es lo que va a significar esta decisión para el futuro de estas contiendas legales. Tras escuchar las opiniones de los nueve jueces, no sé lo que va a ocurrir con las demandas que se presenten a partir de ahora”, ha proseguido. “Seguramente, los casos con más posibilidades vayan a ser los que competan a empresas de aquí. Por el contrario, los más difíciles serán los que denuncien a empresas extranjeras o aquellos que involucren a compañías con muy poca conexión con EE UU”, ha concluido Hoffman.

Por su parte, fuentes de Shell han señalado en un comunicado que “el Tribunal Supremo ha tomado la decisión correcta”. “Y queremos dejar claro que rechazamos de forma contundente las alegaciones presentadas por los demandantes”, señala el texto. “Además, la decisión tomada hoy no afecta a la lucha de los derechos humanos en el mundo, sino que deja claro que el ATS no es el medio para que los casos de abusos ocurridos en otros países sean juzgados en EE UU”, han concluido desde la compañía.

Para las organizaciones proderechos humanos, la resolución tomada por el Tribunal Supremo limita de una manera importante un Estatuto que durante más de 30 años ha sido la esperanza de muchas víctimas. "EE UU ha sido siempre un país líder en la lucha contra la impunidad y la decisión de hoy limita las posibilidades de que los ultrajados en otros países puedan rendir cuentas aquí”, ha asegurado la presidenta de Human Rights First, Elisa Massimino, en un comunicado. “Ahora los violadores de los derechos humanos se estarán frotando las manos tras este revés sufrido por sus víctimas, unas víctimas que veían en EE UU el último recurso cuando todo lo demás les había fallado”, ha agregado Massimino.