Una sentencia reaviva el debate sobre la pena capital en Puerto Rico

El 18 de marzo de 2013, el neoyorquino de origen puertorriqueño, Lashuan Casey, fue declarado culpable de asesinar al agente federal encubierto Jesús Lizardi Espada, hallado muerto el 5 de agosto de 2005 en la zona rural de Luquillo, unos 50 kilómetros al este de San Juan de Puerto Rico. Este martes comenzó la segunda fase del juicio para decidir si Casey es condenado o no a la pena de muerte, el máximo castigo estipulado en Estados Unidos para quienes cometen un crimen federal, aún a pesar de que la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico prohíbe expresamente la aplicación de la pena capital.

Finalmente, Casey ha sido condenado a cadena perpetua pero el caso ha reavivado el debate acerca de la aplicación de la pena de muerte en Puerto Rico, abolida en la isla en 1929 y ratificada en la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico en 1952. Sin embargo, por causa de la relación política entre ambos países, la legislación puertorriqueña está subordinada a las leyes del Gobierno Federal de Estados Unidos, como si se tratara de un Estado más de la unión. De acuerdo a este principio, la pena capital podría aplicarse a todo aquel que incurra en delitos federales o militares –homicidio de un empleado federal, traición a la patria, espionaje, crímenes de guerra, por ejemplo--, aún cuando se le juzgue en un territorio donde las ejecuciones estén prohibidas.

Hasta hace un par de semanas, el puertorriqueño Alexis Candelario Santana estuvo al borde del corredor de la muerte. Candelario fue hallado culpable de 22 asesinatos, ocho de ellos cometidos en octubre de 2009, en el suceso conocido en Puerto Rico como la masacre de La Tómbola. El 23 de marzo, los tribunales lo condenaron a cadena perpetua. “Hoy el cielo está de fiesta. Dios es el que da la vida y el que la quita. El mejor castigo es que está muerto en vida, preso”, dijo aquel día Janet Maisonet, sobreviviente de aquella matanza, cuando fue entrevistada por el diario El Nuevo Día, de San Juan. Ese mismo diario publicó este martes una encuesta que revela que el 57% de los puertorriqueños están en contra de la pena de muerte; un 10% menos que hace cinco años cuando, en un estudio idéntico, el 67% de los encuestados se manifestó en contra.

Al día de hoy, 14 puertorriqueños son susceptibles de enfrentar la pena de muerte en Estados Unidos por haber cometido crímenes federales. “Tres de esos casos ya están certificados y los otros once están en el proceso de que el Departamento de Justicia Federal certifique que los juicios serán de pena de muerte. Es un número desproporcionalmente alto de casos a nivel federal, cuando la tendencia en Estados Unidos ha sido que el número de certificaciones ha ido descendiendo en los últimos años”, ha dicho Carmelo Campos Cruz, portavoz de la Coalición Puertorriqueña contra la Pena de Muerte.

Desde 1976, cuando este tipo de castigo fue restablecido en Estados Unidos, 142 reos con sentencia de muerte han sido liberados, luego de determinarse que eran inocentes; entre ellos, dos puertorriqueños: Juan Roberto Meléndez, juzgado en Florida, y William Nieves, en Pensilvania. “El caso de Meléndez es muy ilustrativo de cómo la pena de muerte está sujeta a los errores del sistema judicial. Desde que salió de la cárcel (donde estuvo 17 años), Juan es el embajador de Puerto Rico contra la pena de muerte y eso nos llena de mucho orgullo”, dice Campos Cruz.

La más reciente ejecución en el Estado de Florida, donde en su tiempo fue juzgado Meléndez, ocurrió este miércoles, a las 7:19 de la noche, en la prisión estatal ubicada en el condado de Bradford. Larry Eugene Mann, de 59 años, fue condenado por secuestrar, abusar y asesinar a una niña de 10 años en 1980, desde entonces estaba en prisión. Pidió un plato de mariscos, helado y una soda en su última comida, antes de recibir la inyección letal. Grupos de manifestantes a favor y en contra de la ejecución aguardaban fuera de la cárcel.

La pena de muerte está vigente en 13 países de la cuenca del Caribe, casi todos ellos angloparlantes, entre los que se cuentan Cuba y Guatemala. En el caso de Puerto Rico, la última ejecución ocurrió en 1927. Marciano Rivero Velásquez —padre político de Lashaun Casey, 72 años, ex obrero de varias fábricas en Estados Unidos— ruega que su hijo no sea el siguiente: “Lo que espero es que no me lo sentencien a muerte, que salga de esto. Yo no sé qué decidan acá, pero para mí, él es inocente”, dijo el 13 de marzo pasado, en una entrevista con la prensa local.