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Portugal congela el gasto público

El ministerio de Hacienda paraliza todas las partidas extras de los ministerios hasta que se arbitren los nuevos recortes

Lisboa renegocia con la troika el pago de la deuda

Un barrendero trabaja junto a una pintada crítica con el Fondo Monetario Internacional cerca de Lisboa.
Un barrendero trabaja junto a una pintada crítica con el Fondo Monetario Internacional cerca de Lisboa. REUTERS

Hay inspectores de salud que no hacen su trabajo porque no tienen para gasolina ni para pagar los peajes e inspectores de finanzas que se niegan a trabajar porque tienen que adelantar la gasolina de su propio bolsillo y no saben si recuperarán el dinero. El Diário de Notícias asegura que en algunas universidades peligra el abastecimiento de los comedores y determinados proyectos de investigación. Este mismo diario denunciaba que en la administración de justicia “cualquier imponderable”, como una simple avería en la fotocopiadora puede impedir la redacción de una sentencia.

El Estado portugués vive en una suerte de estado de emergencia contable, virtualmente congelado, después de que el martes, el ministro de Finanzas, Vítor Gaspar, por medio de un comunicado, prohibiese expresamente gastos en cualquier ministerio salvo que cuenten con una autorización expresa de su departamento. Solo hay tres excepciones: los gastos de personal, los gastos corrientes (agua, luz…), los derivados de contratos en vigor (contratos nuevos quedan prohibidos) y los derivados de costas judiciales. El rector de la Universidad de Lisboa, Sampaio de Nóvoa, calificó la medida de “ciega y contraria a los intereses del país” y recordó que se están bloqueando, entre otras cosas, compromisos educativos internacionales que, según asegura, no significan ningún ahorro sino todo lo contrario. Y el rector de la Universidad de Minho, António Cunha, añadía: “No sé cuándo se acaba el contrato de tomates, lechugas y patatas”.

Inspectores laborales tienen que llevarse el papel higiénico de casa al trabajo

El decreto tiene carácter temporal, hasta que el Gobierno decida “las medidas para adecuar el presupuesto”, y es la primera consecuencia inmediata y palpable del intento de tapar el agujero de 1.350 millones de euros que ha dejado la sentencia del Constitucional, hecha pública el viernes.

La segunda consecuencia será la llegada la semana que viene de los inspectores de la troika, a los que el Gobierno deberá explicar sus inmediatos planes de ahorro. De que resulten creíbles dependerá que el BCE, la UE y el FMI desembolsen los 2.000 millones de euros de la parte correspondiente a abril del rescate financiero pedido hace dos años y que demuestran hasta qué punto Portugal vive asistida por oxígeno artificial. Los ministerios tienen dos semanas para presentar maneras nuevas de apretarse el cinturón (aún más) y el ministerio de Finanzas ya medita cambios estructurales encaminados también a ahorrar: bajar el sueldo (aún más) a los funcionarios, despidos a empleados públicos y subir la jubilación desde los 65 a los 67 años.

Mientras, el firmante del comunicado y responsable último de los presupuestos echados por tierra y futuros planes draconianos de ajuste, el ministro de Finanzas, Vítor Gaspar, se encuentra ya en Dublín a fin de conseguir algo vital: que Europa esté de acuerdo en alargar los plazos de vencimiento del pago del citado macro-préstamo del rescate financiero, de 78.000 millones de euros. Gaspar aspira a que sus colegas europeos le otorguen —junto con Irlanda, otro país rescatado— de cinco a diez años más de tiempo para devolver el dinero. Si no, debido a la montaña de deuda que se amontona por pagar en 2015, 2016 y 2017, Portugal se arriesga a coquetear de nuevo con la bancarrota y abocarse a pedir un nuevo rescate, lo que resultaría fatal para su economía y para la economía europea

A la espera del resultado de esta vital reunión se encuentra el primer ministro, Pedro Passos Coelho, quien, según algunos, tenía preparado un importante recambio ministerial para tratar de recuperar la iniciativa política, perdida tras el fallo del Tribunal Constitucional y, de paso, reemplazar a su ministro de Asuntos Parlamentarios y brazo derecho, que dimitió la semana pasada.

Al final, no ha sido para tanto y la sustitución de Relvas se ha solventado con la incorporación de dos nuevos ministros al Gabinete. Una mini-remodelación, pues, que refuerza al todopoderoso ministro de Finanzas y su equipo de defensores de la austeridad a machamartillo y de las cuentas controladas al milímetro.

Recambios ministeriales aparte, todo en Portugal gira entre lo trágico y lo surrealista desde hace días: la cadena de televisión TVI informaba hoy de que un grupo de inspectores laborales, encargados de vigilar las condiciones de trabajo del resto de los asalariados, se ven obligados a limpiar su propia oficina y a llevar de casa papel higiénico porque la contrata que lo hacía ha sido despedida por falta de fondos.