Ante el silencio de la OEA, UNASUR avalará las elecciones en Venezuela

La semana pasada, Human Rights Foundation solicitó al Secretario General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza, que interpusiera sus buenos oficios ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela para que éste invitase una misión de observación electoral de la OEA que pudiera verificar que las elecciones presidenciales del próximo 14 de abril fueran libres y justas. Insulza se ha limitado a opinar que “sería bueno para Venezuela que aceptara” una misión de observación de la OEA, mientras que el CNE de Venezuela ha suscrito un convenio confirmando que únicamente la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) “acompañará” el proceso electoral venidero.

A diferencia de UNASUR, la OEA es la organización más experimentada en el desarrollo de misiones de observación electoral en el continente americano. Desde 1962, la OEA ha implementado cerca de 200 misiones de observación electoral tanto en situaciones de normalidad democrática como para monitorear la transición de gobiernos autoritarios hacia la democracia.

Durante los años 1962 a 1989 se realizaron las primeras 25 misiones de observación electoral en 11 países: Costa Rica, República Dominicana, Honduras, Nicaragua, Bolivia, Ecuador, Guatemala, Panamá, El Salvador, Granada. En esa época, las misiones de observación electoral se limitaban a un simple acompañamiento simbólico de los procesos electorales, sin una fiscalización orientada a encontrar y denunciar irregularidades, ventajismos o fraude de parte de los gobiernos de turno.

En 1990, la OEA realizó la primera misión de observación electoral de grandes dimensiones en Nicaragua, enviando a 433 observadores para garantizar que el posible proceso de transición hacia la democracia en ese país se realizara de manera libre y justa. Estas gestiones diplomáticas facilitaron la transferencia pacífica del poder del gobierno autoritario sandinista de Daniel Ortega hacia una coalición democrática liderada por Violeta Chamorro. Ante la aparente negativa del gobierno sandinista de reconocer públicamente los resultados del proceso electoral que daban la victoria a Chamorro, el Secretario General de la OEA, Joao Soares, facilitó las negociaciones que dieron como resultado la firma de un protocolo para la transferencia del mando presidencial.

De manera similar, en el año 2000, la misión de observación electoral de la OEA —dirigida por el prestigioso diplomático guatemalteco Eduardo Stein— jugó un papel de fiscalización importante durante la controversial tercera reelección de Alberto Fujimori en Perú. Ante las numerosas medidas electorales ventajistas del gobierno de Fujimori, la misión de observación se retiró del país y emitió un informe final concluyendo “que las condiciones del proceso electoral que la Misión había observado no permitían una contienda justa y equitativa”.

Con la aprobación de la Carta Democrática Interamericana en el año 2001, finalmente se codificó la figura de las misiones de observación electoral. El artículo 24 de la Carta Democrática Interamericana establece que las misiones de observación electoral se llevarán a cabo por solicitud del Estado interesado y que, previo convenio con la Secretaría General de la OEA, el Estado deberá garantizar las condiciones de seguridad, libre acceso a la información y amplia cooperación con la misión de observación electoral. Sobre esta base, en 2008, la OEA publicó un importante manual que especifica la metodología que debe ser seguida por los observadores electores.

Con la caída de las dictaduras militares del Cono Sur en los años 80, se volvió una práctica común de muchos gobiernos democráticos el solicitar el apoyo de este tipo de misiones como garantes de la transparencia de sus procesos electorales. Sin embargo, esta saludable costumbre, que era seguida también por Venezuela, sufrió un revés en 2006 cuando el gobierno del presidente Chávez decidió no volver a invitar a la OEA a observar sus elecciones.

Debe anotarse, no obstante, que el gobierno de Venezuela no es un gobierno democrático en el sentido definido en los artículos 3 y 4 de la Carta Democrática Interamericana. Según estas disposiciones, son “elementos esenciales” de la democracia tanto las elecciones transparentes, libres y justas, como el respeto del gobierno a la separación de poderes, a la independencia del poder judicial, a la libertad de expresión, y a la existencia de un régimen plural de partidos políticos.

En vistas de que durante más de 14 años, el gobierno del presidente Chávez erosionó gradual y sostenidamente cada uno de los elementos esenciales de la democracia citados arriba, no resulta para nada sorprendente que a sus sucesores tampoco les interese una fiscalización internacional, imparcial e independiente del proceso electoral venidero.

Precisamente previendo este escenario, la cláusula democrática de la OEA (artículos 18 y 20 de la Carta Democrática) otorgan al Secretario General de la OEA la potestad de convocar al Consejo Permanente a evaluar las situaciones de “alteración o ruptura” del orden democrático, dotando tanto al Secretario General como al Consejo Permanente de una herramienta extraordinaria para presionar a que los gobiernos infractores rectifiquen su conducta y, entre otras cosas, permitan el ingreso de misiones de la OEA.

Lastimosamente, el Secretario General de la OEA, José Miguel Insulza, así como el resto de las democracias latinoamericanas congregadas en la OEA han venido presenciando sin decir una palabra la erosión de la democracia en Venezuela, y en otros países como Bolivia, Ecuador y Nicaragua. Libres de toda presión, estos mismos gobiernos antidemocráticos han creado organizaciones como ALBA, UNASUR o CELAC, cuya principal utilidad práctica ha sido la de rendir pleitesía al gobierno dictatorial de Cuba (suspendido de la OEA desde 1962), avalar las acciones antidemocráticas de muchos de estos gobiernos, y quitar cualquier tipo de relevancia y protagonismo a la OEA y sus instituciones (desde hace dos años, estos mismos gobiernos vienen protagonizando un duro embate contra la importante Comisión Interamericana de Derechos Humanos: ente independiente y garante de los derechos humanos creado en 1948).

Coherente con esta lógica, en vez de solicitar una misión de observación electoral de la OEA, el pasado 9 de marzo la presidenta del CNE de Venezuela, Tibisay Lucena, solicitó a UNASUR la conformación de una misión de mero “acompañamiento” electoral.

La misión de acompañamiento de UNASUR carece de las facultades fiscalizadoras de las tradicionales misiones de observación electoral de la OEA, así como de la experiencia y las normas procedimentales de éstas. Sin embargo, lo más importante es que la UNASUR también carece de las credenciales de independencia e imparcialidad que permitió a las misiones de observación electoral de la OEA ejercer presión y jugar un rol positivo frente a gobernantes autoritarios como Noriega y Fujimori, en situaciones electorales muy similares a las que vivió Venezuela en octubre del año pasado, y que se repiten hoy.

Al mismo tiempo, UNASUR, como ya dijimos arriba, ha guardado un silencio ensordecedor frente a la erosión de la democracia y la violación de derechos humanos en Venezuela y otros países de la ALBA, a pesar de que esta situación está ampliamente documentada. UNASUR también se ha mostrado siempre presta a emitir resoluciones apoyando a los poderes ejecutivos de la región frente a cualquier conflicto con los demás poderes, sin analizar cualquier responsabilidad que estos mismos poderes ejecutivos pudieran tener.

En pocas palabras, UNASUR se ha dedicado a defender a los poderes ejecutivos de la región independientemente de si gobiernan o no democráticamente.

En consecuencia, el venidero proceso electoral en Venezuela no contará con un observador internacional capaz de denunciar las medidas ventajistas del gobierno de turno para evitar una contienda libre y justa.

Por ejemplo, el reglamento especial sobre la campaña electoral para la elección presidencial 2013, emitido el 9 de marzo por el CNE, establece tramposamente que los candidatos podrán contratar la difusión de propaganda electoral durante un tiempo máximo de cuatro minutos diarios por canal, dando a entender de que ambos candidatos cuentan con el mismo tiempo en los medios.

Sin embargo, el CNE no denuncia o corrige el hecho de que la Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos, le otorga al Ejecutivo setenta minutos adicionales por canal a la semana, además del derecho a emitir cadenas oficiales que pueden extenderse de manera indefinida durante horas. La semana pasada, el director de campaña de Henrique Capriles, Carlos Ocariz, denunció que en los primeros 8 días de campaña, el canal del Estado ha transmitido 1248 minutos de información y 342 minutos de cadenas oficiales a favor del candidato oficialista Nicolás Maduro.

Lamentablemente, no existe ningún indicio de que UNASUR cumplirá el importante rol de denunciar este tipo de abusos avalados por el CNE venezolano y que hacen que la elección no pueda ser considerada “justa”.

En efecto, el señor Francisco Távara, presidente pro témpore del Consejo Electoral de UNASUR, quien el pasado lunes 25 de marzo firmó el acuerdo de acompañamiento electoral con el CNE, expresó que la misión de acompañamiento de UNASUR “sin formular valoraciones, dará fe del desarrollo” del proceso. La presidenta del CNE, por su parte, elogió a UNASUR diciendo que sus misiones “son innovadoras y en respeto, colaboración y relaciones de igualdad […] estamos haciendo realidad la nueva política electoral del Sur”.

Al excluir la observación electoral de la OEA e invitar a UNASUR a “acompañar” el proceso, el gobierno de Venezuela deja claro, una vez más, que no permitirá un monitoreo internacional independiente de las elecciones presidenciales venideras. Mientras esto sucede, en vez de aplicar la cláusula democrática al gobierno venezolano, la OEA guarda silencio y “la nueva política electoral del Sur” cada día se parece menos a la democracia.

*Thor Halvorssen es presidente y Javier El-Hage director jurídico internacional de Human Rights Foundation, una organización de derechos humanos con sede en Nueva York.