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El Constitucional tiene en vilo a Portugal mientras estudia si avalar el presupuesto

Un rechazo brutal hasta podría acarrear la dimisión del primer ministro

Una mujer vende camisetas en un mercadillo en Malveira.
Una mujer vende camisetas en un mercadillo en Malveira. Reuters

Portugal vive en suspenso, en una especie de limbo político y económico, pendiente de la decisión de los jueces del Tribunal Constitucional, que tienen que dictaminar si el presupuesto de 2013, el más restrictivo de la historia reciente del país, se ajusta o no a la Ley Fundamental. Un eventual rechazo frontal acarreará consecuencias imprevisibles, hasta el punto de que, según la prensa portuguesa, el primer ministro, el conservador Pedro Passos Coelho, aseguró, la pasada semana, en una reunión con miembros de su partido, que piensa incluso en la dimisión.

A finales del año pasado, la oposición llevó al Tribunal Constitucional portugués este presupuesto, que incluye, entre otras medidas de recorte, una brutal subida de impuestos equivalente a un salario mensual para todos los trabajadores y pensionistas, una tasa especial para los jubilados, y la retirada de una paga extra para todos los funcionarios y pensionistas que ingresen más de 1.000 euros al mes. No solo la oposición lo denunció. El mismo presidente de la República, Aníbal Cavaco Silva, del mismo partido que Passos Coelho, el PSD, decidió también enviar el texto al Tribunal Constitucional porque, según explicó, albergaba “dudas fundadas sobre la justicia en el reparto de sacrificios”. Eso sí: Cavaco hizo esto después de ratificar el texto, en una decisión criticada por la izquierda que él justificó por la gobernabilidad del país.

Para aumentar la incertidumbre, nadie sabe qué día decidirán los jueces. Los medios portugueses especulaban con que la respuesta llegaría antes de las vacaciones de Semana Santa. El Jornal de Negócios asegura en su edición de este martes que, sea el día que sea, el dictamen se producirá después de la moción de censura que el Partido Socialista portugués (PS) tiene pensado presentar el miércoles en el Parlamento. El semanario Expresso, por su parte, añadía que a los jueces tenían desde hace días bloqueadas sus agendas para los días 2, 3 y 4 de abril, en un intento de forzar la situación y salir del impasse dramático y paralizante.

No es la primera vez que el Tribunal Constitucional portugués decide algo así. El año pasado falló rechazar el presupuesto de 2012, también elaborado por este Gobierno, en el que se retiraban las pagas extras de jubilados y funcionarios. El Gobierno respondió con el presupuesto actualmente en vigor, aún más restrictivo, con el argumento de que no le quedaba otra si se querían cuadrar las cuentas.

Una decisión contraria pondrá al Gobierno portugués contra las cuerdas en medio de un considerable lío económico. Si el tribunal obliga a Pedro Passos Coelho a suspender algunas de las medidas citadas este deberá responder, por su parte, a la troika, sobre dónde va a recortar la cantidad que deja de ahorrar a fin de ajustarse al objetivo de déficit Y tiene poco margen de maniobra. Devolver la tasa especial a las pensiones significará 420 millones de euros; la devolución de la paga extra a los jubilados equivaldrá a un gasto de 352 millones de euros; declarar ilegal la brutal subida de impuestos es tanto como dejar de ingresar 2.800 millones de euros.

Es más: el Gobierno se comprometió con la troika a presentar, a finales de abril, un plan extra de ahorro de gastos del Estado, de aquí a 2015, de más de 4.000 millones de euros, que incluirá recortes en los ministerios de Educación y Sanidad. Pero si el Tribunal Constitucional portugués tumba el presupuesto ya en vigor, será difícil pensar, apelar, estudiar o cuadrar futuros ahorros.

De ahí que toda decisión política o económica de relevancia en el país esté a la espera de que los jueces decidan. Desde un hipotético recambio de ministros en un Gobierno que empieza a acusar un desgaste progresivo a la emisión de deuda pública portuguesa a diez años. Miembros de la oposición socialista han denunciado la presión a la que se ven sujetos los miembros del tribunal por parte del Ejecutivo. El mismo Passos Coelho, la semana pasada, aseguró que Portugal “atraviesa momentos históricos y que cada institución debe ser consciente de su responsabilidad”.