El Gobierno mexicano reconoce una lista con 26.000 denuncias de desaparecidos

El Gobierno de México dio a conocer este martes la existencia de una lista de 26.121 denuncias de desapariciones entre 2006 y 2012. El informe busca zanjar un debate sobre el número de desaparecidos que hay producto de los años en los que la violencia ha azotado a este país.

En rueda de prensa, la subsecretaria de Asuntos Jurídicos y de Derechos Humanos de la Secretaría de Defensa Nacional, Lía Limón ha confirmado que de ellas, 20.915 han sido investigadas y 5.206 aún “están pendientes de validación de datos”. La lista ha sido elaborada por el Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia (CENAPI), con la información de la Procuraduría General de la República y de las procuradurías (fiscalías) locales y ha salido a la luz tras la publicación la pasada semana de un informe de HRW que prueba la participación de las fuerzas de seguridad en 149 desapariciones durante el sexenio de Felipe Calderón.

En una conferencia de prensa en la que también ha participado el subsecretario de Normatividad y Medios de la Secretaría de Gobernación, Eduardo Sánchez, Limón ha destacado que este registro “no prejuzga sobre las causas de la no localización de la persona”. Ha indicado que algunos pudieron ausentarse por decisión propia y otros podría haber regresado a casa o sido localizado sin que se hubiese informado a la autoridad de que ya no estaban ausentes. “El listado se basa en las denuncias de los familiares. El reporte de cada caso no incluye indicios de hechos criminales cometidos por autoridades o por otros”.

La subsecretaria ha afirmado que la base de datos “es un punto de partida para construir un registro nacional. Este listado será depurado por el Gobierno de la República y las procuradurías locales”. En este sentido, la subsecretaria ha insistido en que “la localización de personas desaparecidas es una prioridad de este Gobierno. Para ello necesitamos la colaboración tanto de las autoridades locales como de la sociedad civil”.

Sobre el informe de Human Rigths Watch publicado la semana pasada, asegura que la Secretaría ha recibido el documento y que ha pedido a la ONG que comparta su base de datos con la del CENAPI para poder cluzarlas. Lía Limón ha insistido, en todo caso, en que “son los Ministerios Públicos los encargados de investigar si ha habido delito o no”.