El Consejo de Europa denuncia la impunidad del racismo en Grecia
El comisario de Derechos Humanos pide acciones al Gobierno griego para los casos de violencia y habla de colaboración entre el partido de ultraderecha Aurora Dorada y la policía
Cuando el pasado otoño The Guardian publicó un reportaje sobre abusos policiales y la complicidad entre Aurora Dorada y miembros de las fuerzas de seguridad, el ministro del Orden Público, Nikos Dendias, amenazó con acciones legales contra el diario británico. Pero este viernes ha sido el comisario del Consejo de Europa (COE) para los Derechos Humanos, Nils Muiznieks, quien ha vuelto a hablar de la colaboración entre agentes de policía y miembros del partido neonazi. El comisario llegó a la capital griega hace cinco días para una misión de investigación sobre la oleada de ataques racistas que, según el recuento hecho por una red de organizaciones encabezadas por Acnur, fueron más de 200 en el último año. “La cuestión más importante es la impunidad de quienes han sido acusados de ataques racistas”, ha dicho Muiznieks poco antes de apuntar a las responsabilidades de los cuerpos policiales. “La policía no está haciendo todo lo que tiene que hacer. Hay múltiples denuncias de abusos de poder y abusos de violencia por parte de agentes y alegaciones de colaboración con miembros de Aurora Dorada”, ha afirmado.
“Hay manzanas podridas en la policía, pero la cuestión es si la policía es capaz de castigarlas". La pregunta de Muiznieks nos es retórica. Desde hace tiempo organizaciones en defensa de los derechos de los inmigrantes y grupos antifascistas vienen denunciando abusos y, en algunos casos, actuaciones complacientes en los casos de violencia de matriz racista. Y el asunto sale siempre en las conversaciones con los inmigrantes en Atenas, en cuanto se nombra Aurora Dorada, cuyos miembros no han dudado en pasado en hacer gala del “apoyo” que dicen tener en la policía. “Creo en todo caso que el 50% de los policías nos apoya”, dijo a este diario uno de sus militantes el pasado octubre.
“Es claramente un partido nazi”, ha dicho el comisario del COE en referencia a Aurora Dorada, que ya tiene 18 diputados en el Parlamento y figura como tercer partido en todas las encuestas de intención de voto. Muizieks ha afirmado que el resurgimiento del racismo no es solo un problema de Grecia, aunque este partido “no se puede comparar con otros”, teniendo en cuenta “su discurso de odio” y la “participación de sus miembros, diputados incluidos, en ataques racistas”. En cuanto a las acciones que el Gobierno griego tiene que tomar, el comisario ha dicho que “un buen primer paso sería actuar contra los miembros de Aurora Dorada que hayan participado en estas acciones”. Hace dos semanas un joven paquistaní de 27 años, Shehzad Luqman, fue apuñalado a muerte en Atenas y en la casa de uno de los dos ciudadanos griegos detenidos se ha encontrado material de propaganda de Aurora Dorada.
La visita del comisario –cuyos resultados serán presentados en detalle en un informe que se publicará dentro de dos semanas– se produce pocos días después de las polémicas suscitadas por la admisión en el comité para la Igualdad y No Discriminación (una de las comisiones de la Asamblea parlamentaria del COE) de la diputada de Aurora Dorada Eleni Zaroulia, junto a un miembro del partido húngaro Jobbik. Preguntado sobre las consecuencias que la presencia de dos representantes de la ultraderecha en la credibilidad de los trabajos del comité, Muiznieks ha contestado: “No es mi papel comentar los procedimientos internos de la Asamblea, pero está claro que tendrá consecuencias graves”.
Detenciones arbitrarias
Las denuncias del Consejo de Europa se suman a las que el jueves hicieron los representantes del grupo de trabajo de Naciones Unidas sobre las detenciones ilegales y la situación en los centros de internamientos de inmigrantes y en las instituciones penitenciarias griegas. Vladimir Tochilovsky, uno de los dos representantes del grupo que realizaron una visita de 10 días en el país, dijo que se están produciendo detenciones arbitrarias, con inmigrantes y demandantes de asilo detenidos durante meses en estructuras que en la mayoría de los casos están “superpobladas” y “muy por debajo de los estándares internacionales”.
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