La caída del agente Kiriakou

John Kiriakou podría haber pasado a la historia como el agente de la CIA que lideró la primera captura de Abu Zubaydah, uno de los líderes de Al Qaeda después de los atentados del 11 de septiembre. O quizá por ser el hombre que reveló a los estadounidenses en varias entrevistas en televisión que la agencia había empleado métodos de tortura. Fue también el que describió públicamente las técnicas del ahogamiento simulado en sus interrogatorios: provocar una angustiante sensación de asfixia arrojando agua a una tela que cubre la cara del prisionero. Un método que causa un enorme sufrimiento físico y psicológico sin dejar secuelas o marcas. Pero al final no será tan recordado por esos hechos como por ser el primer miembro de la CIA que entra en prisión acusado de compartir información clasificada con un periodista.

 El caso de Kiriakou, que ingresará en prisión el próximo 25 de enero, según adelantó esta semana The New York Times, abre una nueva etapa para la agencia de espionaje, para los que investigan e informan sobre sus actividades y para el Departamento de Justicia, que por primera vez logra una condena de este tipo. Y esta llega además durante el Gobierno de Barack Obama, el presidente que 24 horas después de jurar su cargo, en enero de 2009, pidió el cierre de la prisión de la base militar de Guantánamo. Aquella orden histórica también ponía fin a la tortura, las técnicas de “interrogatorio mejorado” empleadas por la CIA durante el mandato de George W. Bush y las cárceles secretas. Los que en su día aplaudieron a Obama por este cambio hoy le reprochan que mantenga abiertos varios casos contra personas acusadas de compartir información clasificada.

“Lo más preocupante es que prometió contar con la Administración más transparente de la historia y al final ha presentado cargos contra seis exagentes”, dice Michael Morisy, responsable de la organización MuckRock, a favor de la transparencia gubernamental. “Obama lidera el Departamento de Justicia más opaco de los últimos años, mantiene un programa secreto sobre el uso de drones o aviones no tripulados en el extranjero y ha perseguido a filtradores de información”.

La abogada de Kiriakou, Jesselyn Radack, afirma a EL PAÍS que su cliente fue acusado hace un año gracias a una ley aprobada en 1982 para perseguir a espías que entreguen información maliciosamente, no contra aquellos que revelan datos clasificados. Pero Kiriakou, que abandonó la agencia en 2004, también fue el primer exagente en hablar en público sobre la existencia de un programa de la CIA que empleaba la tortura en sus interrogatorios.

Era 2007 y Estados Unidos estaba inmerso en un profundo debate sobre el uso de la tortura. En una entrevista concedida a la cadena de televisión ABC News, el periodista Brian Ross preguntó a Kiriakou si consideraba que el ahogamiento simulado fue lo que rompió a Zubaydah, forzando su confesión. “Creo que sí”, contestó el agente. “La información que él nos proporcionó sobre amenazas impidió varios ataques, quizá docenas”. Ross insistió entonces si las técnicas de interrogatorio habían merecido la pena: “Sí”, respondió Kiriakou.

“La CIA debería haber quedado contenta con esta versión”, sostiene John Prados, investigador del National Security Archive de la Universidad George Washington. Pero Kiriakou afirmaría más tarde que EE UU debía abandonar la tortura. Según argumenta, además, The New York Times, el agente comprobó después que había recibido información equivocada sobre la efectividad de los interrogatorios y el número de ocasiones en las que Abu Zubaydah había sido sometido a esta práctica. El número tres de Al Qaeda no se había rendido a los 30 segundos, como pensaba Kiriakou, sino que fue sometido a ahogamiento simulado en 83 ocasiones. “Cree que él y otros agentes fueron engañados deliberadamente por otros que sí sabían la verdad”, escribe Scott Shane en The New York Times.

Radack aseguró a EL PAÍS que su cliente era blanco de varias investigaciones desde que comenzó a hablar públicamente sobre los programas de la CIA, pero el hecho que hizo saltar todas las alarmas fue otro. Kiriakou compartió la identidad de un agente con una persona que se hizo pasar por un autor independiente y con un periodista de The New York Times —el mismo que ahora ha revelado su condena—. El agente había sido compañero de equipo de Kiriakou y participaba en los interrogatorios. El supuesto escritor resultó ser un colaborador de John Adams Project, una organización que ayuda en la defensa de varios detenidos en Guantánamo. “El nombre del agente acabó en manos de los abogados”, dice Radack. Cuando las autoridades de la base militar encontraron imágenes de varios empleados de la CIA en las celdas de algunos detenidos en 2009 acusaron a Kiriakou de revelar información clasificada a los periodistas. Los expertos mantienen que las consecuencias de este caso van más allá del hecho de que Kiriakou pase 30 meses en prisión. La Ley de Protección de Identidades no había sido puesta a prueba ante un juez desde su aprobación en 1982. “Esto reforzará la postura de la CIA en su defensa de nuevas restricciones al acceso a información clasificada y la revelación de datos a individuos fuera de la agencia”, explica Prados. “El encarcelamiento de Kiriakou abre una nueva etapa a la hora de imponer su secretismo”.

No es fácil comparar el caso de Kiriakou con otros más o menos recientes, como el de la agente Valerie Plame, cuya identidad fue revelada por un miembro de la Administración de Bush —la pena de cárcel fue revocada por el presidente—, o incluso el del soldado Bradley Manning, acusado de compartir miles de documentos secretos con la organización Wikileaks. “Por primera vez, un agente ha llegado a un acuerdo judicial tras declararse culpable”, recuerda Morisy. “Ahora, la CIA puede aferrarse a ella para intimidar a futuros agentes. Cualquiera que acceda a información sobre métodos de tortura, cualquier testigo, se lo va a pensar dos veces si quiere hablar de lo que ha visto”.

En los últimos días, numerosas voces han puesto en duda el porqué de la condena de Kiriakou, que también fue acusado de mentir a la agencia durante la revisión del material para sus memorias, publicadas en 2010, y en las que relata la operación que lideró para encontrar y capturar a Abu Zubaydah, mientras que otros agentes no han recibido el mismo trato. Prados afirma que el exespía es el primer condenado después de hablar en contra de las técnicas de ahogamiento simulado. “Todos aquellos que participaron en los interrogatorios donde se usó la tortura están en libertad, mientras que la persona que se opuso a ella públicamente va a entrar en la cárcel. Por suerte para el Gobierno, encontraron otros motivos para acusarle”.