Continúan las dificultades para frenar la minería ilegal en Perú

Tres ONG que hacen seguimiento de los conflictos mineros en Perú señalaron ayer que las medidas tomadas este año por el Gobierno para detener el avance de la minería informal no están solucionando el problema, debido a la imposibilidad de aplicarlas, la flexibilidad con que las implementan y la poca disposición de los mineros en formalizarse.

“Las normas no están desincentivando esta práctica, afrontar la minería ilegal implica medidas integrales, no solo criminalizar [sancionarla como delito], sino buscar alternativas para esta población en el país”, refirió la abogada Ana Leyva de Fedepaz, durante la presentación del décimoprimer informe del observatorio de conflictos mineros.

A fines de noviembre, el presidente de la Sociedad Nacional de Minería y Petróleo, Pedro Martínez, indicó que en 21 de los 25 departamentos del país está presente la minería ilegal, en tanto que el Ministerio de Energía y Minas afirma que, durante este año, 70.000 mineros han empezado el trámite para formalizarse.

Sin embargo, recientemente, el Gobierno flexibilizó las condiciones de trabajo de los mineros informales y extendió el plazo en el que podrán seguir vendiendo mineral a empresas formales.

El informe ha advertido, además, de que el próximo año los conflictos sociales seguirán siendo intensos en el país debido a las presiones a que está sometido el territorio, mediante concesiones mineras otorgadas sin consultar a los pueblos indígenas, o debido a la militarización de las zonas mineras, en vez de procesos de participación e información de las comunidades afectadas o cercanas.

A su vez, Jeremías Unkuch Jempekit, representante de la etnia awajún de la comunidad nativa de Supayaku, departamento de Cajamarca, precisó que otro de los motivos de conflicto es que el Estado otorga concesiones que ocupan espacio en comunidades diferentes, donde una está a favor del proyecto y otra en contra, lo que conduce a enfrentamientos entre vecinos. Esto ocurre en Supayaku, enfrentado ahora con la comunidad de Naranjos debido a la actividad de la minera Águila Dorada. “No fuimos consultados acerca de ese proyecto”, acotó el profesor Unkuch, aludiendo a la obligación por parte del Estado de aplicar el Convenio 169 de la OIT, sobre la consulta previa a los pueblos indígenas en casos de decisiones y leyes que afecten a su vida. En octubre, tres geólogos del Ministerio de Energía y Minas entraron sin permiso en Supayaku y fueron retenidos tres días para averiguar su procedencia y el objeto de su presencia. Posteriormente, las autoridades denunciaron a los líderes indígenas de la comunidad por secuestro, pese a que los profesionales reconocieron su error de no respetar las costumbres de la zona.

Según el observatorio, el 49,63% del territorio de comunidades campesinas y el 1,39% del de comunidades nativas están destinados a la minería. En su presentación del informe, el sociólogo y exviceministro de Ambiente, José de Echave, destacó que algunas de las concesiones enfrentan a sectores productivos, como en el caso de Piura —departamento del norte del país—, donde una concesión de gas se superpone a los intereses de los pescadores que operan en la misma zona.

“La normatividad medioambiental data de 1996 y acerca de algunos elementos contaminantes no hay parámetros establecidos, por lo que la población afectada ‘siente’ la contaminación, pero la autoridad no puede fiscalizarla ni sancionarla”, agregó.

Por otro lado, el informe alerta sobre los posibles daños en el departamento de Apurímac, en la sierra sur, que podría convertirse en el “nuevo Cajamarca”: en la década de los noventa se asentaron en esa región proyectos mineros privados con apoyo del Gobierno, y sin presencia del Estado para las poblaciones afectadas. “Actualmente hay allí siete proyectos de inversión en más de 1.200.000 hectáreas concesionadas para la minería”, añadió De Echave.

Durante 2012, los conflictos por los proyectos mineros Conga de Yanacocha-Newmont en Cajamarca y las operaciones de Xtrata en Espinar (Cusco) generaron crisis políticas y el cambio de dos Gabinetes de ministros, además de un total de ocho civiles muertos a manos de la policía y el Ejército. De acuerdo al último informe mensual de la Defensoría del Pueblo, en octubre hubo 149 conflictos de naturaleza socio-ambiental, es decir más del 60% del total.