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"Se están muriendo los sobrevivientes, los familiares de las víctimas, los represores"

Supervivientes y familiares de víctimas de la dictadura argentina confían en el tercer juicio de la ESMA, en el que se juzgarán los 'vuelos de la muerte'

Activistas de derechos humanos protestan ante el tribunal de Buenos Aires.
Activistas de derechos humanos protestan ante el tribunal de Buenos Aires. EFE

Ana María Careaga trabaja donde su madre estuvo detenida ilegalmente por la última dictadura de Argentina (1976-1983). Allí donde fue torturada y de donde partió en camión rumbo al cercano aeropuerto Jorge Newbery de de Buenos Aires para abordar el vuelo de la muerte en el que la arrojarían drogada al mar. Ana María trabaja donde funcionaba la Escuela Mecánica de la Armada (ESMA), uno de los principales centros clandestinos de detención del régimen, y allí dirige el Instituto Espacio para la Memoria. Ana María, que con 16 años y embarazada de tres meses también fue secuestrada por la dictadura, sobrevivió y asistió el pasado jueves a una de las primeras sesiones del tercer juicio sobre los crímenes de la ESMA, en el que se juzgarán precisamente los vuelos de la muerte, como el de su madre, Esther Ballestrino, la activista social nacida en Uruguay y criada en Paraguay, de donde debió huir perseguida por la dictadura de Higinio Morínigo (1940-1948).

“Estuve en la sala donde estaban los 68 represores [acusados en el tercer juicio de la ESMA]. La cantidad de imputados que hay ahí muestra la magnitud de la represión. Cada caso es una tragedia familiar”, describe Careaga. En el primer juicio sobre este centro solo había un imputado, Héctor Febres, que se suicidó en 2007. En el segundo, entre 2010 y 2011, se condenó a 16 exmilitares y expolicías, entre ellos Alfredo Astiz, Jorge, El Tigre, Acosta y Ricardo Cavallo, por delitos como el secuestro y la tortura en 1977 de Ballestrino, fundadora de Madres de Plaza de Mayo, y otros 11 integrantes del grupo que se reunía en la iglesia porteña de Santa Cruz para organizar la búsqueda de los desaparecidos.

En el segundo juicio quedó pendiente el juicio sobre muchos delitos cometidos en la ESMA y en los vuelos de la muerte, que eran el destino final de buena parte de los secuestrados. También quedan por juzgar las detenciones ilegales, los tormentos, los homicidios y las desapariciones de otras personas (unas 5.000 padecieron en la ESMA) o algunos robos de bebés de desaparecidas nacidos en cautiverio. “La causa de la ESMA era una de las más fragmentadas. Nosotros pedimos que en este juicio se incluyera todo porque se van muriendo los sobrevivientes, los familiares de las víctimas, los represores”, expone Careaga. Solo se excluyó de este tercer juicio la sustracción de bienes, que era una práctica de algunos agentes de seguridad en los hogares de desaparecidos.

“Es importante el juicio porque el Estado se hace cargo de lo que hizo y los represores escuchan lo que hicieron, el nivel de impunidad con el que actuaron”, dice la hija de una desaparecida

“Es importante el juicio porque el Estado se hace cargo de lo que hizo y los represores escuchan lo que hicieron, el nivel de impunidad con el que actuaron”, opina Careaga, que desde pequeña mamó el espíritu militante de su hogar y en la dictadura participaba de pequeñas reuniones clandestinas de la Juventud Guevarista, mientras toda su familia se refugiaba en casas de amigos para huir de la persecución del régimen.

“El juicio anterior fue muy importante para mí, pero éste también lo es porque había un silencio sepulcral sobre lo que les ocurría a los que eran trasladados desde la ESMA. La solución final, los vuelos de la muerte, son algo gravísimo, tremendo. ¡Cómo puede ser que hayan hecho esto con miles y miles de seres humanos! Hay testimonios que dicen que los marinos argentinos se ufanaban de haber encontrado este método. Decían que habían estudiado las corrientes para ubicar el lugar donde el mar no devolviera los cuerpos”, cuenta Careaga.

Pero el cuerpo de su madre y el de otras cuatro integrantes del grupo de la iglesia de Santa Cruz llegaron a las costas en aquel 1977 y fueron identificados 28 años más tarde. “Saber que a mi mamá la asesinaron de la manera más terrible es un sentimiento muy doloroso, irreparable, pero la justicia es un punto de reparación”, concluye Ana María, de 51 años. Ballestrino había comenzado a manifestarse en silencio junto con otras mujeres en la Plaza de Mayo por la desaparición de su yerno y, después, por la de su hija. Ana María permaneció en el centro clandestino de detención Atlético y, después de cuatro meses de torturas y dos antes de la fecha de parto, fue liberada. Emigró a Suecia, pero su madre quiso quedarse en Argentina. “Voy a seguir hasta que aparezcan todos”, le dijo.

“Es probable que sienta cierto sentimiento de venganza, pero este sentimiento tiene cauce reparatorio en las instituciones republicanas en las que confiamos”, se confiesa María Adela Antokoletz, pensionista de 71 años y hermana de un desaparecido que era abogado de presos políticos y profesor universitario. Al salir de la sala del juicio en el que se juzgará el caso de su hermano Daniel, María Adela añade: “No sé si siento odio. Soy cristiana y trato de respetar la dignidad de las personas, y aquí se respetan”. Después de la desaparición de Daniel en 1976, ella, vicerrectora de un colegio, su madre y su cuñada comenzaron a buscarlo por diversos organismos públicos.

Después de seis meses de lucha, María Adela y su cuñada se sintieron bajo amenaza y se marcharon a Madrid. Allí, en 1979, por testimonios de sobrevivientes de la ESMA que se habían exiliado, María Adela supo que “los desaparecidos habían sido trasladados, inyectados con pentotal, —Pentonaval, como le llamaban los militares— a los vuelos de la muerte”. En el nuevo juicio serán juzgados algunos pilotos, pero también otros tripulantes de esos vuelos porque alguien empujaba al vacío a aquellas personas drogadas, desnudas, encapuchadas, golpeadas y atadas de pies y manos. En general morían al impactar con el agua, y no ahogadas.

Pero no solo se juzgarán los vuelos de la muerte en este proceso, el más grande de los más de 60 que se han iniciado desde 2006. En total se analizarán 789 delitos, entre los que figuran el secuestro y la tortura de Carlos Alberto García. “Yo era un militante político, del peronismo revolucionario. Si ibas a hacer una pintada [política en una pared], tenías que llevar un arma en aquel tiempo”, cuenta García, que era operario de una fábrica textil cuando a los 28 años fue secuestrado por las fuerzas de seguridad al salir de casa de sus padres, donde él vivía. Prefiere no narrar los dos años en que permaneció encerrado, antes de que le permitieran exiliarse a Estados Unidos.

En la segunda sesión del juicio, el secretario del tribunal leyó que Astriz, Febres, Antonio Pernías y Raúl Scheller lo secuestraron. García, sentado entre el público, se llevó la mano derecha a la boca. El secretario continuó contando que en la ESMA fue esposado, encapuchado y atado con grilletes. Le asignaron el número de identificación 028. Pernías, Acosta y Astiz lo torturaron con picana eléctrica, el submarino (lo metían cabeza abajo en un tanque con líquido) y quemaduras de cigarrillos. Al igual que otros detenidos, fue obligado a cumplir trabajos forzados para el régimen mientras estuvo secuestrado. Por eso se juzgarán también delitos de esclavitud en el trabajo. “Entre octubre y noviembre de 1979 recuperó la libertad vigilada”, leyó el secretario, y García volvió a acomodar su mano en el apoyabrazos de su asiento. Carlos Alberto tiene 63 años y lleva su pelo gris atado con una coleta. Dentro de dos años, después de que den su testimonio casi 900 personas, conocerá la sentencia de sus verdugos.