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El ministro de Justicia de Brasil: “Antes muerto, que en una de nuestras cárceles”

"Tenemos un sistema carcelario medieval, que no respeta los derechos humanos", afirma

24 horas antes, José Dirceu fue condenado a prisión

Un manifestante con un recortable de Dirceu, ante el Supremo el pasado agosto.
Un manifestante con un recortable de Dirceu, ante el Supremo el pasado agosto. AFP

El ministro de Justicia de Brasil, Eduardo Cardozo, una de las figuras más respetadas del Gobierno de la presidenta Dilma Rousseff y del Partido de los Trabajadores (PT), ha hecho una revelación que ha sorprendido: “Preferiría morir que pasar muchos años en una de nuestras cárceles”, dijo este martes a un grupo de empresarios.

Los comentarios del ministro de Justicia tuvieron un eco especial porque los hizo 24 horas después de que tres líderes históricos de su partido, José Dirceu, José Genoino y Delubio Soares fueran condenados por el Supremo a varios años de cárcel en el proceso de corrupción conocido como del mensalão. Cardozo prefirió no pronunciarse sobre las condenas y señaló que como ministro no debe comentar “ninguna acción de la Justicia”.

Según el ministro responsable del medio millón de presos que se hacinan en las prisiones del país, las condiciones de los presidios “generan violaciones a los derechos humanos y la pena de muerte no sería eficaz para evitar la violencia”.

Cardozo hizo un retrato demoledor de esas prisiones que son muchas veces escenario de rebeliones violentas con ejecuciones sumarias entre los mismos presos y desde las que comandos de narcotraficantes ordenan las muertes de policías, jueces y civiles como está ocurriendo en Sâo Paulo, donde los asesinatos ya superan los 200 en menos de un mes.

“Tenemos un sistema carcelario medieval, que no respeta los derechos humanos y no posibilita la reinserción de los presos en la sociedad”, afirmó el ministro, aunque añadió que hablaba como ciudadano y no como Gobierno.

Cardozo se declaró contrario tanto a la pena de muerte como a la cadena perpetua y fue en ese contexto en el que llegó a afirmar que personalmente preferiría la muerte a muchos años de cárcel en Brasil.

El juez instructor del proceso ya ha advertido que los políticos, banqueros y empresarios condenados por el Supremo tendrán que cumplir su pena en cárceles comunes y no especiales. Y es eso quizás lo que más está preocupando a los 25 condenados por el tribunal, incluidos el empresario Marcos Valerio, con una pena de 40 años de cárcel, o la dueña del Banco Rural, Katia Ravello, con 16 años de prisión.

Una preocupación de dichos condenados más que justificada si hasta el ministro de Justicia ha llegado a afirmar que prefiere perder la vida a caer en una de esas cárceles.

La única esperanza es que si el ministro responsable inmediato de las cárceles afirma que son medievales y que en ellas se violan los derechos humanos deba estar pensando en una reforma a fondo de las mismas para que, como mínimo, sean dignas de acoger a seres humanos por criminales que sean.