Columna
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La Europa de la deuda

Vamos camino de consolidar un sistema con una profunda carencia democrática

España no es Italia. No es Irlanda ni Portugal. España, ¡que conste!, no es Grecia. Por no ser, recordó Mariano Rajoy, no es Uganda. Políticos y analistas españoles se han pasado tres años resaltando las diferencias con los estados rescatados. De poco sirvió: en sus respectivas campañas electorales, Nicolas Sarkozy y Mitt Romney usaron precisamente a España como ejemplo de lo que no querrían para sus países. También Irlanda, Italia, Portugal, Chipre, incluso la propia Grecia se han desgañitado para no verse metidas en un mismo saco. Mientras lo hacían, los países de la Triple A (Alemania, Países Bajos y Finlandia) no solo aprovechaban para dictarles las condiciones a cada uno por separado, con la complicidad de una Francia también preocupada por marcar distancias con sus vecinos del sur, sino que además boicoteaban cualquier intento de restablecer la confianza de los mercados en la solidez del euro y, por ende, en las economías más débiles de la Eurozona.

No les faltan razones a quienes señalan las diferencias entre países de esta nueva periferia. España e Irlanda entraron en la crisis con un nivel de cumplimiento de las reglas de Maastricht muy superiores a los de la propia Alemania o Francia, mientras que Italia, Grecia o Portugal las incumplieron repetidamente. Por eso la deuda pública está en el origen de los problemas de estos tres últimos países, a diferencia de Irlanda, España o Chipre, castigados por el contagio de una crisis privada, básicamente bancaria, a las cuentas públicas. Los cálculos de déficit de Grecia y España se mostraron poco fiables, minando la confianza en todos los países del grupo. Italia y Portugal llevaban una década sin prácticamente crecer a pesar de estar bajo la misma política monetaria que favoreció el boom —y las burbujas— de España e Irlanda. Todos los países ven crecer el paro, pero Grecia y España más que doblan en su cómputo a Italia o Chipre.

Sin embargo, el diagnóstico bruselense (¿o berlinés?) de situaciones tan diversas es sospechosamente homogéneo: falta de competitividad, falta de rigor en las cuentas públicas y una tendencia a vivir por encima de sus propios medios. Por supuesto, a igual diagnóstico, igual tratamiento: austeridad, interpretada como depresión súbita de la inversión y la demanda públicas para purgar a las economías reales y forzarles a recuperar competitividad vía reducción de salarios. El resultado es que la Europa del sur entró en esta crisis en situaciones muy diversas, pero cada vez se va homogeneizando más. Los gobiernos aplican soluciones dictadas desde el exterior al calor de vencimientos inaplazables de deuda pública. La ciudadanía pierde toda capacidad de controlar a sus representantes, puesto que las decisiones verdaderamente relevantes ya no están en sus manos. Se socializan las pérdidas y los sacrificios, sin pasar cuentas a los estamentos que las causaron. Se suceden las listas de reformas por hacer, pero la acción que los gobiernos emprenden con mayor ahínco es recortar inversión y servicios públicos. El capital sale, los jóvenes emigran, la tensión social aumenta, las clases medias se debilitan y crece la pobreza.

España no era Grecia al empezar el actual ciclo de crisis pero, cuatro años más tarde, los parecidos no hacen más que crecer. Europa y, en particular, la Eurozona, se está reconstituyendo alrededor de dos grupos, los autoproclamados virtuosos del Norte y los endeudados del sur. Lo hace, además, dotándose de unas reglas, en particular en cuanto al déficit público, que impedirán cerrar la brecha entre ambos grupos en mucho tiempo. Así se dibuja un futuro peligroso: la relación entre acreedor y deudor, a diferencia de la relación entre grande y pequeño o entre pobre y rico, es jerárquica. Uno dicta las condiciones al otro, pero quien lo hace en los países acreedores no se somete al voto de los ciudadanos de los países deudores que sufren sus consecuencias. Vamos camino de consolidar un sistema con una profunda carencia democrática.

Tras tres años marcando diferencias, los gobiernos del sur han comenzado a hacer frente común: lo hicieron con éxito Italia y España en la cumbre Europea de junio, se les sumaron Malta, Francia y Portugal la semana pasada. No por tardío deja de ser bienvenido este impulso. Pero hay que pasar de reclamar medidas urgentes a definir juntos un futuro alternativo. Con esta crisis, la deuda se cierne sobre el futuro de millones de familias, de estudiantes y pequeños emprendedores; a la vez, se sitúa en el centro de las relaciones entre estados. Alemania no quiere una unión de transferencias, pero la Europa de la deuda que propone como alternativa es incompatible con un proyecto europeo democrático.

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