Guatemala arresta a siete militares por la muerte de seis campesinos

El Gobierno de Guatemala ha entregado a la Justicia a siete militares que reconocieron haber disparado sus armas el jueves contra una manifestación de campesinos. Murieron seis personas y hubo 34 heridos de bala. La violencia se desató cuando comandos de la policía y del Ejército intentaron desalojar a piquetes de campesinos que impedían el paso en diferentes puntos de la carretera Interamericana, la más importante del país. Los trabajadores protestaban por el precio de la electricidad, mostraban su oposición a la reformas constitucionales que propone el presidente, Otto Pérez, y también a la modificación de la Ley de Educación, que extiende a cinco años la carrera de magisterio.

Inicialmente la policía intentó desalojar a los campesinos con gases lacrimógenos hasta que -de acuerdo a la versión oficial- un guardia privado que custodiaba a un camión que transportaba cemento y que estaba varado por las protestas se percató de que, aprovechando la anarquía reinante, empezaban a robar el producto y disparó contra uno de ellos.

Esta acción sirvió de detonante. Los campesinos de Totonicapán, históricamente conocidos por su fiereza, se lanzaron con todo sobre las fuerzas de seguridad. “Nos acorralaron”, dijo este viernes  la soldado Ana Rosa Cervantes, quien admitió haber apretado el gatillo en defensa propia –los campesinos amenazaban con quemarla viva–, aunque enfatizó que sus disparos fueron “al aire”. Esta declaración se dio en el cuartel de la Guardia de Honor, uno de los más importantes del país, donde el presidente Pérez Molina ofreció una conferencia de prensa para presentar a los soldados involucrados en la trifulca.

El mandatario condenó la violencia y convocó a buscar soluciones pacíficas a los conflictos que ocurren en el país. “Lamentamos los hechos violentos. Hago un llamado a todos los guatemaltecos para que sus peticiones se hagan en paz”, dijo mientras prometió atender las peticiones, siempre que se hagan dentro del marco legal.

Autoridades de la Fiscalía y del instituto Nacional de Ciencias Forenses llegaron al cuartel para interrogar a los soldados involucrados en el incidente y llevarse las armas que fueron accionadas. En tanto, el defensor del Pueblo, Jorge de León Duque, reiteró que “no puede aceptar las versiones de los involucrados”. Considera que son contradictorias, por lo que realizará una investigación al respecto.