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Venezuela dice que no hay evidencias de una matanza de indígenas

Testigos aseguran que 80 indígenas yanomami murieron en un ataque de mineros ilegales

Indígenas yanomami en la selva en Demini (Brasil).
Indígenas yanomami en la selva en Demini (Brasil). SURVIVAL

El Gobierno de Venezuela ha asegurado hoy que "no se encontró evidencia" de la supuesta matanza, el pasado 5 de julio, de decenas de indígenas yanomami al sureste del Estado Amazonas venezolano por parte de mineros ilegales brasileños —garimpeiros—.

Tres testigos relataron entonces que un helicóptero disparó e hizo explotar la choza circular —el shabono— donde vivían alrededor de 80 indígenas yanomami de la comunidad Irotatheri, en una zona fronteriza con Brasil en la que mineros ilegales explotan desde hace al menos tres años dos minas de oro. Lo denunció la organización indígena Horonami, pero ni las autoridades venezolanas ni las organizaciones indígenas habían logrado hasta entonces verificar lo sucedido. El Ejecutivo de Hugo Chávez ha anunciado este sábado que la responsable del Ministerio de Pueblos Indígenas, Nicia Maldonado, y otras autoridades estaban ya sobre el terreno. Después, Maldonado ha comunicado que "no se encontró evidencia de ninguna muerte o no se encontró evidencia de casa o shabono incendiada en estas comunidades señaladas como escenario de este supuesto crimen".

El ministro del Interior Tareck el Aissami señaló el viernes, por su parte, que no se había encontrado ninguna "situación de violencia" en las siete comunidades visitadas, pero precisó que quedaban dos comunidades más alejadas todavía por verificar.

Esta sería la matanza más cruenta de indígenas de la etnia yanomami del Amazonas, pero no la primera. En 2008 murieron cinco indígenas en la comunidad de Momoi, intoxicados por el mercurio que se utilizan los garimpeiros para la explotación del oro, que ha contaminado extensas los suelos y los ríos de la zona. En 1993, 16 fueron asesinados por mineros ilegales brasileños en la población de Haximú.

Venezuela suscribió el pasado mes de marzo un acuerdo ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el que se compromete a garantizar la integridad del pueblo yanomami, además de hacer justicia en el caso de la masacre de Haximú.