Un fiscal argentino imputa a la presidenta Fernández por un supuesto fraude
La justicia investiga el uso de las reservas del Banco Central para el pago de deuda y las restricciones a la compra de dólares
El fiscal federal de Argentina, Carlos Stornelli, imputó el pasado lunes a la presidenta de su país, Cristina Fernández de Kirchner, en una causa por presunta defraudación contra la Administración Pública. Es la primera vez que se investiga a la actual jefa de Estado por un supuesto delito. El fiscal inició la indagación por la sospecha de que Fernández y otros altos funcionarios cometieron presuntas irregularidades en el uso de las reservas del Banco Central para pagar la deuda externa y en las restricciones que impusieron para la compra de dólares.
Fernández decretó a finales de 2009 que las reservas del Banco Central se podían destinar a pagar bonos en manos de acreedores privados y una ley amplió en marzo pasado el uso que el Tesoro podía hacer de esos recursos de la autoridad monetaria. Argentina comenzó a usar más reservas para saldar obligaciones en la medida en que fue perdiendo el superávit fiscal que había caracterizado los primeros seis años de gobierno de los Kirchner. Para resguardar los activos del Banco Central, desde noviembre pasado ha ido limitando la adquisición de dólares, moneda en la que desde hace décadas los argentinos ahorraban, compraban y vendían inmuebles. En la actualidad, los ciudadanos solo pueden adquirir divisas para viajar al extranjero. La denunciante del supuesto delito, la diputada opositora Elisa Carrió, aseguró que el uso de las reservas vulneró el deber del Banco Central de defender el valor del peso y además benefició a los acreedores de títulos públicos en detrimento de aquellos que querían comprar dólares.
La imputación del fiscal contra Fernández es el paso previo antes de que decida si pide su declaración indagatoria y de que la juez del caso opte por procesarla o no. También han sido imputados la gobernadora del Banco Central, Mercedes Marcó del Pont, el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, y el administrador federal de Ingresos Públicos, Ricardo Echegaray.
El fiscal Stornelli fue quien condujo la investigación que llevó al arresto domiciliario del expresidente Carlos Menem durante seis meses de 2001 por presunto contrabando de armas. En 2007 y 2009 fue ministro de Seguridad del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, un peronista que se mantiene fiel a Fernández pese a las crecientes diferencias sobre las políticas fiscales y de combate del delito.
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