El movimiento estudiantil resurge en Chile con mayor radicalidad

La clase política, la ciudadanía e incluso los dirigentes sociales pronosticaban que, después de las protestas prolongadas de los estudiantes en 2011, este año en Chile ya no se verían ocupaciones de colegios y facultades ni paralizaciones académicas en demanda de una educación pública gratuita y de calidad. Hace dos semanas, sin embargo, los estudiantes de secundaria comenzaron a liderar un nuevo proceso de movilización, marcado por tomas de establecimientos y desalojos policiales, y han convocado para este jueves un paro nacional.

La arremetida estudiantil ha reabierto inesperadamente este conflicto social que ha marcado el Gobierno del presidente Sebastián Piñera, cuya popularidad alcanza un 27% pese al crecimiento económico del 5,5%, de acuerdo con la encuesta del Centro de Estudios Públicos (CEP) dada a conocer el martes. “En el país se escucha mucho ruido, gritos, y la forma de avanzar no es con tomas, violencia ni bombas molotov”, dijo el domingo el jefe de Estado, cuya Administración apostaba por dar respuesta a las demandas estudiantiles a través de diversos proyectos de ley radicados en el Congreso.

Las movilizaciones se agudizaron luego de la marcha del 8 de agosto, que no había sido autorizada por el Gobierno, y que culminó con 75 detenidos, 40 policías heridos y acusaciones cruzadas entre los estudiantes y el Ejecutivo por la responsabilidad en la violencia. Los principales dirigentes dijeron que el incendio de tres autobuses urbanos, que causó pérdidas por valor de unos 650.000 euros, era un “montaje” de La Moneda para desprestigiar al movimiento estudiantil. Días después, sin embargo, reconocieron el error: “Fueron declaraciones vía Twitter muy desafortunadas”, indicó Gabriel Boric, presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (FECh).

La protesta callejera fue el inicio de una oleada de ocupaciones y paralizaciones, fundamentalmente en los establecimientos estatales de mayor tradición. Los jóvenes reclaman un nuevo modelo educacional y pretenden que La Moneda retire del Parlamento los proyectos de ley que no fortalecen el sistema público, como el que permitirá a la familias desgravar impuestos de lo que pagan en educación. Aunque las cifras cambian de hora en hora, hasta este miércoles una docena de colegios estaban movilizados a nivel nacional, la mayoría en la capital. Los estudiantes de la Universidad de Chile, la más antigua del país, paralizaron las actividades académicas en 14 carreras y ratificaron la toma de su sede central, ocupada desde el viernes pasado.

El movimiento ha resurgido con mayor radicalidad, aunque hasta ahora sin la convocatoria masiva de 2011. Actualmente, una de las principales dirigentes es Eloísa González, portavoz de la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (ACES). De 17 años, activista desde los 11, y sin pertenecer a un partido político, ha llamado a boicotear las elecciones municipales de octubre próximo y ha desafiado a las autoridades y al presidente. “Hemos iniciado un nuevo estallido social”, anunció el lunes respecto del paro nacional de este jueves.

El Gobierno, según ha publicado la prensa local, maneja diversas encuestas internas que desvelan que cerca de un 70% de la población no apoya las tomas de colegios y facultades, lo que contrasta con el amplio respaldo social que tenían este tipo de acciones en 2011. Es la razón por la que el Ejecutivo ha actuado con dureza para reprimir las ocupaciones, aunque no ha podido evitar que los establecimientos educativos vuelvan a ser tomados por los estudiantes. El lunes, por ejemplo, en un hecho inédito desde el restablecimiento de la democracia en el país, en 1990, un autobús de Carabineros amaneció en medio del patio del Instituto Nacional, uno de los más importantes del país. Los alumnos, sin embargo, lograron ocupar el edificio pese a la presencia policial. Posteriormente fueron desalojados y 101 estudiantes quedaron detenidos.

La educación sigue siendo una de las principales preocupaciones de los chilenos, de acuerdo con la encuesta CEP. El mismo estudio indica que un 12% de la población cree que el Gobierno lo está haciendo “bien o muy bien” en esta área y un 57% estima que “mal y muy mal”. La investigación desvela que la confianza de la ciudadanía en el movimiento estudiantil bajó de un 35% a un 30% desde diciembre de 2011, pero que su credibilidad es superior a la del Gobierno (23%), el Congreso (10%) y los partidos políticos (6%).

El analista británico Michael Reid, editor para las Américas del semanario The Economist, visitó Chile en marzo para observar el conflicto educacional y su posible extensión hacia otras zonas de Latinoamérica. En una entrevista concedida al periódico La Tercera, indicó que “las protestas masivas de Chile se van a replicar en el resto de la región. Por lo menos en los países que están en una senda de progreso sostenido, como Brasil, Colombia, Perú y, tal vez, México”. “En la medida en que un país tiene progreso social, de clases medias empoderadas y con mayores expectativas, movilizadas por los temas de la calidad de los servicios públicos y la falta de igualdad de oportunidades, tarde o temprano va a tener que enfrentar este fenómeno”, indicó Reid, autor de El continente olvidado.

La protesta del 8 de agosto, según cálculos de la policía, reunió a unos 5.000 estudiantes en la Alameda, en el centro de Santiago. La marcha anterior, la tercera de este año organizada por la Confederación de Estudiantes de Chile (CONFECH), había congregado el 28 de junio a más de 100.000 personas en la capital chilena.