Dimite el ministro de interior rumano por el plebiscito sobre Basescu

La polémica suscitada por las deficiencias en el censo electoral del referéndum para destituir al presidente rumano Traian Basescu, generada por la inusitada e inestable situación política en la que el país se halla anclado desde finales de junio, se ha cobrado este lunes sus primeras víctimas con la dimisiones del ministro de Interior, el socialdemócrata Ioan Rus, y su adjunto, Paul Dobre.

“Sobre mí y sobre el Ministerio del Interior se han ejercido innumerables presiones y apreciaciones, empezando por Traian Basescu y siguiendo con Crin Antonescu, presidente interino”, ha señalado Rus en alusión a las críticas por la organización del plebiscito y ha agregado que los comentarios que se vertieron contra él son “inaceptables”.

“Soy un político correcto y los límites de mi dignidad me los establezco solo. No puedo ser partícipe con algo que no signifique respeto a la ley rumana”, ha precisado el ex responsable de la cartera de interior y ha añadido su deseo de transmitir al conservador Basescu y liberal Antonescu, “con toda modestia, que detrás de sus decisiones se halla todo un pueblo y un país”.

Rus ha explicado que las elecciones locales celebradas en junio transcurrieron de manera correcta, mediante la lista electoral en la que se encuentran más de 18 millones de electores. “En corto plazo, las listas del censo para la consulta popular se limpiaron de personas que no tenían derecho a voto de un modo u otro”, reduciendo el número de votantes con cerca de 21.000 personas.

La renuncia del primer ministro del Interior ha aligerado la primera remodelación del Gobierno, después de que asumiera el poder a principios de mayo, con cambios también en los ministerios de Justicia y Exteriores.

El resultado de la consulta supuso un duro golpe a la gestión de Basescu, acusado de violar la Constitución, al votar un 87% a favor de su dimisión, pero el referéndum quedó anulado al votar sólo un 46% de los electores, puesto que se incumplía el quórum de la mitad más uno del electorado.

Sin embargo, el plebiscito instigado por la coalición gubernamental de la Unión Social Liberal (USL), del primer ministro socialdemócrata Victor Ponta, sigue sin validarse ya que el Tribunal Constitucional (TC) aplazó su decisión hasta el 31 de agosto, alegando que hay informaciones contradictorias sobre el censo electoral de la Oficina Electoral Central y del Instituto Nacional de Estadística.

El TC ha solicitado al Ejecutivo que revise y actualice las listas electorales hasta finales de mes, lo que obligó a Rus a efectuar un “minirecuento” electoral, que se realizaría con cortas visitas al domicilio de los ciudadanos, tarea ardua por su corto periodo. Los socialdemócratas y liberales denuncian que las listas estaban sin actualizarse y que el número real de los votantes se hallaban entre los 15 y 16 millones. Si se confirmara esa cifra, se alcanzaría el quórum y el jefe de Estado se vería obligado a presentar su dimisión.

“Parad el escándalo político, buscar soluciones económicas, atraer dinero europeo y estar atentos a lo que sucede en Europa que nos va a afectar pronto”, ha insistido y advertido el gobernador del Banco Nacional de Rumania, Mugur Isarescu, por el esperpéntico escenario político. “Si los políticos no son capaces de dialogar, se marche n a sus casas y que no nos saquen a nosotros de las nuestras”, ha subrayado Isarescu, que contempla cómo el convulso periodo político está perjudicando a la maltrecha economía del país balcánico, cuya moneda se deprecia cada día frente al euro.

En el caso de que Basescu deba abandonar su cargo por decisión del pueblo, se dilucide que se anticiparán las elecciones presidenciales, que podrían coincidir con las legislativas en noviembre. Su regreso a la Presidencia, sin embargo, acuciaría una cohabitación que provocaría quebraderos de cabeza a las autoridades europeas, que contemplan cómo los problemas crecen en algunos países miembros como Hungría, unido a la inconsistente e interminable crisis del euro. Con un lenguaje extremadamente duro, Bruselas lamentó a mediados de julio que Ponta rompiera su confianza por las acciones "sistemáticas" contra el Estado de derecho en su lucha con el presidente suspendido.