Los baches en Cuba y la ‘crisis del canapé’

Ir de as del volante no es aconsejable en ningún lugar del mundo, pero en Cuba todavía menos. Por un lado está el mal estado de las carreteras y vehículos, a lo que hay que añadir la falta de señalización y de luces en las vías, el paso de animales y bicicletas por las autopistas o el peculiar modo de conducir en la isla —es habitual cuando hay un pinchazo que los chóferes cambien la rueda en el centro de la calle—. Además está la dureza del Código Penal en caso de accidente. La legislación cubana es muy clara: quien por “infringir las leyes y reglamentos del tránsito” provoque la muerte de una persona “incurre en sanción de privación de libertad de uno a diez años”. Ni siquiera es necesario que exista homicidio imprudente para ir a prisión. El artículo 178 del Código Penal establece penas de uno a tres años solo por “dañar gravemente la salud de una persona”, e incluso se sanciona de tres meses a un año de cárcel al que, sin ir al volante, permita que otra persona en estado de embriaguez conduzca un coche a su cargo.

Un funcionario que trabajó años en el Consulado General de España en La Habana recuerda que con mucha frecuencia se registraban accidentes de tráfico con resultado de muerte o heridos en los que estaban involucrados turistas españoles, bien como víctimas o como imputados. Por las malas experiencias, el Ministerio de Asuntos Exteriores desde hace tiempo recomendaba a los viajeros españoles no conducir de noche ni viajar al interior del país sin chófer, pero la página oficial del Foreign Office es todavía más contundente: “Si tiene un accidente de tráfico y alguien resulta muerto o herido, la investigación policial puede durar varios meses, tiempo durante el cual el conductor no será autorizado a abandonar Cuba”, advierte. Y añade: “Si se es condenado por matar a alguien en un accidente de tráfico, el castigo habitual es como mínimo de dos años de cárcel”.

Si Ángel Carromero fuera un turista común y corriente en vez de un dirigente juvenil del Partido Popular que viajó a Cuba con fines políticos, es probable que hoy no hubiera caso Carromero, sino simplemente un incidente más de un español condenado en la isla por homicidio imprudente. Es decir, un nombre anónimo más de una estadística para la que no habría gestiones de Estado ni mediaciones especiales. Pero Carromero no era un turista. Su viaje y el del ciudadano sueco Aron Modig en misión de apoyo al disidente Oswaldo Payá, que finalmente resultó muerto junto al opositor Harold Cepero en el accidente ocurrido cuando el español conducía, tiene múltiples implicaciones políticas. Por su imprudencia y la de quien lo mandó, el Gobierno del PP ha de emplear ahora a fondo la vía diplomática y los tomas y dacas para lograr sacar del embrollo lo antes posible a uno de sus cachorros, que de momento afronta en Cuba una investigación por violar las leyes del tránsito, no por participar en “labores de subversión”.

La legislación cubana es muy clara: quien por “infringir las leyes y reglamentos del tránsito” provoque la muerte de una persona “incurre en sanción de privación de libertad de uno a diez años”

Hace falta saber cuáles serán los cargos finales que presente la fiscalía, pero mientras tanto el bache que Carromero quiso esquivar en una carretera de Bayamo conduce directamente al Doce de Octubre. En 2003, bajo el Gobierno de Aznar, la decisión de invitar a la disidencia a la Embajada el día de la Fiesta Nacional condujo a la crisis del canapé y al congelamiento de las relaciones. Dos años más tarde el PSOE dio marcha atrás a la medida para recuperar el diálogo con el régimen. ¿Qué pasará si el 12 de octubre Carromero sigue detenido? ¿Invitará el PP a disidentes a la Embajada? ¿No lo hará para beneficiarle? ¿Se comprometerá a impedir en adelante las aventuras políticas de sus líderes juveniles y diputados? Si para Carromero esto no fuera una pesadilla sino una partida de póquer, se diría que ha regalado a su adversario un trío de ases. Y no precisamente de ases al volante.