Prensa, policía y políticos, bajo la lupa

De la misma forma que las escuchas ilegales del News of the World no eran el problema aislado de un par de reporteros que actuaban por su cuenta, como durante años defendía News International, tampoco se ciñe solo a los periódicos de News International. La clase periodística en sí misma está bajo sospecha, pero también los políticos, la policía y la manera en que se relacionan unos con otros.

No solo eso. El futuro de los periódicos de Rupert Murdoch está en cuestión. El magnate ha de luchar primero por sus intereses en el grupo y el escándalo puede haber matado para siempre su apetito por estar presente en el mercado británico de prensa.

El escándalo estalló hace años, pero solo dos diarios —The Guardian y The Independent— le daban auténtica relevancia. Los demás medios preferían pasar de puntillas, algo en sí mismo sospechoso, en un mercado en el que hay una competencia feroz y una gran tradición de cruce de navajas. Los políticos preferían no echar leña al fuego, atemorizados como estaban entonces frente al poder de Rupert Murdoch. Y la policía tenía una llamativa prisa por dar el caso por cerrado con las dos condenas dictadas en 2007.

Todo eso saltó por los aires en julio de 2011, cuando se supo que el tabloide no solo había interceptado los buzones de voz de famosos y políticos, sino de una niña que estaba desaparecida y que, luego se supo, ya había sido violada y asesinada cuando le pincharon el móvil.

En ese momento, los políticos le perdieron el miedo a Murdoch; los periódicos se echaron a la yugular del News of the World; News International cerró el tabloide y empezó a encontrar las pruebas que había negado tener sobre el carácter endémico de las escuchas, y la policía decidió que era hora de ponerse a trabajar.

El resultado de todo eso es que hay cuatro investigaciones paralelas, además de las que hacen dos comisiones parlamentarias, la de Cultura y la de Interior, cuyos informes anteriores eran también sospechosamente blandos.

Los procesamientos ahora acordados son consecuencia de la denominada Operación Weeting, centrada propiamente en las escuchas, por la que hasta ahora hay 24 detenidos, de los que al menos ocho serán procesados.

La Operación Elveden investiga sobornos a la policía y otros empleados públicos. Hay 41 detenciones.

La Operación Tuleta investiga la escala de la interceptación de ordenadores y otros delitos contra la privacidad.

Finalmente, la Comisión Leveson investiga todo eso, pero desde el punto de vista de sus consecuencias más allá de los delitos cometidos. Ahí es donde se analizan las prácticas periodísticas del pasado, las relaciones de los periodistas con los políticos, la connivencia de la policía, etcétera.

Durante 11 meses han desfilado 474 testigos, incluidos los cuatro últimos primeros ministros (David Cameron, Tony Blair, Gordon Brown y John Major), periodistas, policías, abogados, académicos, funcionarios, famosos del mundo del arte, la moda o la farándula.

Con todo el material acumulado, el juez Leveson ha de elaborar ahora sus conclusiones. Ha de decidir si hay que regular o no. Y, si hay que regular, cómo. No lo tiene fácil.

Identificar el problema ha sido muy fácil. Encontrar la manera de evitarlo en el futuro no lo será tanto. ¿Hay que prohibir los contactos en privado entre la prensa y los políticos? ¿Restringir los contactos con la policía? ¿Airear la lista de gente con la que se habla? Es imposible pensar que eso se pueda hacer así y el periodismo siga existiendo. Hay que hacer algo, sí, pero ¿qué?