La CPI exige la liberación de cuatro delegados que visitaban al hijo de Gadafi

La Corte Penal Internacional (CPI) ha exigido a Libia la inmediata liberación de sus cuatro delegados -entre ellos el abogado español Esteban Peralta- detenidos el pasado jueves en Zintan (noroeste del país) por las fuerzas locales. El grupo se trasladó en comisión de servicios desde La Haya, sede de la Corte, para informar de sus derechos a Saif el Islam, acusado de crímenes contra la humanidad. Desde entonces, se ha perdido el contacto.

Junto al jurista español viajaba su colega australiana, Melinda Taylor, miembro del equipo de abogados de oficio brindado por la propia Corte a El Islam, hijo del fallecido dictador Gadafi. Un diplomático ruso y una intérprete libanesa completan la comitiva. La situación es irregular porque habían recibido permiso de las autoridades libias para ver al acusado. Cuentan, además, con inmunidad diplomática puesto que operan en nombre de la CPI.

En Zintan, los exrebeldes libios que capturaron el pasado noviembre a El Islam, señalan que entre los documentos recibidos habría una carta de un antiguo confidente huido a Egipto. El contencioso ha desatado una intensa actividad diplomática. Tanto las embajadas de España en Libia y en Holanda, como la de Reino Unido, que lleva los asuntos de Australia en Trípoli, están coordinando sus esfuerzos para comunicarse con los emisarios internacionales. De momento, la única declaración concreta ha sido efectuada por Ahmed al-Jehani, representan libio ante la CPI. Según él, la abogada Melinda Taylor “está en arresto domiciliario, pero no en la cárcel”.

Desde La Haya, la versión oficial es contundente: “El grupo iba a ver a El Islam en un momento claro desde el punto de vista legal. Hay un caso abierto en su contra ante la Corte, y esta tiene la obligación de asegurarse de que los sospechosos conocen sus derechos a tener un juicio justo, y a un letrado, y son tratados humanamente”, según Sonia Robla, directora de comunicación de la CPI.

Los crímenes contra la humanidad de que se acusa a Saif el Islam fueron cometidos desde febrero de 2011, durante las revueltas libias que acabaron derrocando a su padre. La Corte abrió la investigación a instancias del Consejo de Seguridad de la ONU. También está acusado Abdulá Senusi, antiguo jefe de espías.

De momento, sin embargo, está por aclarar el lugar donde será finalmente juzgado El Islam. Libia quiere hacerlo a domicilio, pero es público que el Consejo Nacional de Transición no ha convencido a los exrebeldes de Zintan de su traslado a Trípoli. Mientras la CPI decide si el proceso podría realizarse en su tierra con garantías, sus jueces han postergado la orden de traslado a Holanda. El hijo predilecto del fallecido dictador libio Gadafi, de 40 años y arquitecto de formación, podría ser condenado a muerte en su país. La justicia internacional impone, por el contrario, penas de cárcel.