Un homenaje a Pinochet reabre heridas en Chile

El homenaje que los simpatizantes del fallecido exdictador Augusto Pinochet (1915-2006) tienen previsto realizar el próximo domingo en el teatro Caupolicán, de Santiago, ha reabierto las heridas de una parte de la población y generado una fuerte polémica en el Parlamento chileno. La Corporación 11 de Septiembre, una pequeña agrupación que preside el teniente retirado del Ejército Juan González (cuya hermana Francisca fue prisionera política durante la dictadura), defiende la figura de Pinochet y ensalza los 17 años de su Gobierno.

“No hubo violaciones de los derechos humanos”, señaló González hace unos días a la cadena CNN Chile.

Según las entidades convocantes, como la Unión de Oficiales en Retiro de la Defensa Nacional (Unofar), ya hay cerca de 1.500 entradas vendidas de las 7.500 disponibles. En el homenaje se emitirá el documental Pinochet, de Ignacio Zegers y, entre los invitados está el ultraderechista español Blas Piñar, quien, según los organizadores, enviará a su hijo porque la vejez le impide moverse.

Los partidos de izquierda y organizaciones de derechos humanos han realizado llamamientos públicos para evitar que el homenaje. La Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD) interpuso un recurso de protección ante la justicia para que no se exhiba la cinta, premiada en un festival poco conocido de Miami. El organismo solicitará además al Gobierno chileno que invoque la Ley de Seguridad del Estado para evitar el homenaje. “Si respetamos el derecho internacional, en el Pacto de San José de Costa Rica está expresamente señalado que no se puede realizar propaganda ni apología al odio nacional”, sostiene la dirigente Mireya Díaz.

La polémica ha escalado a un alto novel político. El presidente del Senado, el socialista Camilo Escalona, un importante mediador en el diálogo entre la oposición y el Ejecutivo, ha pedido públicamente a La Moneda que paralice el homenaje. “El propósito del acto es justificar el terrorismo de Estado y hacer una apología de la violencia que se ejerció contra miles de familias chilenas en el período 1973 a 1989”, afirmó. Pero la Administración de Sebastián Piñera no lo ha prohibido. “En nuestro país y en democracia, existe el legítimo derecho a expresarse”, declaró el portavoz gubernamental Andrés Chadwick. Añadió que el Gobierno “no favorece ni colabora ni participa en este tipo de homenajes”.