Los socios chilenos de Endesa ponen freno al gigante eléctrico de la Patagonia

La decisión de la compañía chilena Colbún de suspender el megaproyecto Hidroaysén, que contempla cinco centrales eléctricas en la Patagonia, ha generado una inmediata reacción del Gobierno de Sebastián Piñera, que ha defendido la política energética del país tras las críticas de la empresa. “Chile tiene una institucionalidad que ha permitido desarrollar y aprobar una cantidad enorme de proyectos que siguen adelante en este momento”, señaló ayer el ministro de Hacienda, Felipe Larraín.

Aunque el proyecto no es popular entre la población, el secretario de Estado respaldó la iniciativa en la que participa la compañía Endesa con un 51% del capital, asociada con la chilena Colbún (49%). “Es indudable que este proyecto es muy emblemático, hay muchos grupos con bastante potencia mediática que se han opuesto, pero nosotros no podemos descartar una fuente de energía limpia como la hidroeléctrica”, señaló el jefe de las arcas fiscales chilenas.

El directorio de la eléctrica chilena, propiedad del grupo Matte, recomendó el miércoles paralizar indefinidamente una de las etapas clave de la iniciativa que arrancó en 2006: el ingreso del estudio de impacto ambiental del proyecto de transmisión que conectaría las centrales de la Patagonia con el sistema central. En la práctica, Colbún le ha puesto freno al proyecto y lo ha hecho sin avisar previamente a sus socios de Endesa. De paso, ha pedido al Gobierno de Piñera que se establezca una nueva política energética en Chile.

“Mientras no exista una política nacional que cuente con amplio consenso y otorgue los lineamientos de la matriz energética que el país requiere, Colbún estima que no están dadas las condiciones para desarrollar proyectos de esta magnitud y complejidad”, indicó la empresa en un comunicado dirigido a la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS).

El presidente del directorio de Colbún, Bernardo Larraín Matte, explicó la decisión el mismo miércoles: “Es el momento oportuno para detenernos y que el proyecto sea analizado en el marco de una política energética nacional”. El empresario dijo que están dispuestos a adaptar Hidroaysén en aspectos tales como su propiedad, modelo de negocio y desarrollo del proyecto de la trasmisión. Aclaró, sin embargo, que están abiertos a incorporar nuevos socios y que esto no significa necesariamente que la participación de Colbún esté a la venta.

Daniel Fernández, vicepresidente ejecutivo de Hidroaysén, informó que el directorio de la sociedad analizará la situación en las próximas sesiones. También indicó que el proyecto de las centrales, otra etapa clave del proceso que sí cuenta con aprobación ambiental, continuará con su plan de trabajo de acuerdo a lo programado.

Pero, ¿por qué Colbún suspende el proyecto? De acuerdo con la revista chilena Qué Pasa, “el inesperado aumento de costos del mayor proyecto hidroeléctrico chileno, sumado a los problemas financieros de sus propietarios, ha abierto la posibilidad de que ingresen nuevos actores”. Hasta ahora, según la publicación, se han mostrado interesados importantes inversionistas chinos, colombianos y brasileños.

Los grupos ecologistas tienen otra explicación: observan que la empresa está presionando indebidamente al Gobierno chileno. “Constituye un chantaje contra la autoridad”, dijo Sara Larraín, de Chile Sustentable, “porque busca imponer una forma de desarrollo energético que hoy en día el país no acepta”. Otros críticos, como el senador de la provincia de Aysén Antonio Horvath, perteneciente al partido Renovación Nacional (RN), integrado en la coalición de Gobierno, valoraron la decisión de Colbún: “Me parece una muy buena noticia, porque el proyecto se estaba haciendo cada vez más inviable”.

Otro elemento que ha complicado el avance de Hidroaysén ha sido el retraso del Gobierno chileno en definir la carretera eléctrica pública (un eje central para la red eléctrica). Aunque el presidente anunció su creación en 2011, hasta la fecha no existe claridad sobre el sistema que implementará el Ejecutivo chileno. Incluso el ministro de Energía ya ha señalado que, aunque estaba programado que la iniciativa ingresara al Congreso en junio, el proyecto finalmente entrará el segundo semestre de 2012.

Diversos grupos empresariales han manifestado su preocupación tras las críticas del grupo Matte al Gobierno: “El país necesita de este tipo de proyectos para su desarrollo. Se requiere de señales claras en una materia de que es clave”, indicó Lorenzo Constans, presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC).

El proyecto involucra una inversión de 3.200 millones de dólares, la inundación de unas 5.000 hectáreas y la generación de unos 2.750 megavatios de energía eléctrica. La Corte Suprema de Chile rechazó a comienzos de abril todos los recursos de parlamentarios y asociaciones ecologistas que pretendían paralizar la construcción de las represas.