Los hospitales abren en Bolivia tras 52 días de desafío al Gobierno

Los hospitales y centros médicos de Bolivia reanudaron el servicio público de salud este lunes después de una huelga de 52 días, la más larga del periodo democrático, protagonizada por médicos, sanitarios y estudiantes de las facultades de medicina del sistema estatal de universidades.

La huelga se desató tras la promulgación de un decreto supremo, en enero de este año, que reponía un régimen de ocho horas de trabajo en los servicios públicos de Salud obviando una disposición gubernamental de la década de los años setenta que concedió esa conquista laboral. La protesta ocasionó que los médicos, sanitarios, docentes y estudiantes salieran a las calles en manifestaciones y bloqueos, realizaran ayunos voluntarios y encierros. Los enfrentamientos con la Policía han dejado un saldo indeterminado de heridos en más de cuatro semanas.

El acuerdo se ha firmado, con muchas reticencias, entre el Gobierno, el Colegio de Médicos y el Consejo de Salud. El texto de 11 puntos básicamente repone las seis horas de trabajo y compromete al Gobierno a dejar sin efecto los despidos y las detenciones, además de suspender las persecuciones legales que la Fiscalía General puso en marcha a mitad del conflicto. Al mismo tiempo, mantiene los términos de “suspensión e inaplicabilidad” utilizados en el decreto que posterga la aplicación del decreto, que ha sido la principal fuente de discusión y tensiones entre las autoridades y los dirigentes médicos.

“Hemos pedido insistentemente la derogación del decreto 1126 pero no lo hemos logrado, no se ha podido conseguir”, ha reconocido el presidente del colegio médico de La Paz, Luis Larrea, y ha explicado que “habíamos llegado a un punto extremo: o eran nuestros pacientes o dar un paso atrás”. La opción era la de suspender los servicios de urgencias —que se mantuvieron a lo largo de la huelga— para endurecer aún más las protestas con el riesgo de mayores enfrentamientos en las calles.

“Aquí han ganado los pacientes. El acuerdo no es satisfactorio para los profesionales”, ha enfatizado Larrea y ha demandado a la población boliviana su apoyo para vigilar el cumplimiento del acuerdo suscrito con el Gobierno.

El ministro del Interior, Carlos Romero, suscribió en solitario el acuerdo el viernes, pues el Consejo de Salud y el Colegio Médico pusieron primero en consideración de las bases el texto que, finalmente fue autorizado para la firma, en acto público, por los dirigentes de las instituciones médicas, que dejaron en claro que acudirán a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que, con carácter vinculante, defina si los decretos del Gobierno se ajustan o no a la legalidad constitucional.

Romero fue enfático en señalar que se darán todas las facilidades para que los médicos cumplan con ese cometido y, hace pocas horas ha señalado que la consulta no tiene carácter vinculante en el país.

La mayor resistencia al acuerdo se da en la ciudad de Cochabamba, donde los estudiantes reclaman por la libertad de cinco universitarios detenidos. Una juez dispuso su ingreso preventivo en la cárcel de San Antonio bajo cargos de ser presuntos autores de un atentado al ornato público por haber lanzado globos con tinta contra las paredes del edificio de la Gobernación. Según el asesor legal de la Gobernación, Víctor Coca, el hecho se produjo cuando el presidente Evo Morales se encontraba en esas dependencias y no se iba a permitir que se melle la dignidad del Jefe de Estado, en declaraciones recogidas por la cadena radial Erbol.

El líder universitario Alejandro Mostajo, de la Federación Universitaria de Cochabamba, ha demandado el cumplimiento de los acuerdos y ha advertido que, de no darse la liberación de sus compañeros de estudio, a partir del martes los estudiantes volverán a las calles de esa ciudad.