Golpe histórico al Ejército mexicano

La detención de tres generales, esta semana, por presuntos vínculos con el narcotráfico, sin precedentes en la historia moderna de México, abrirá sin duda una nueva etapa en las relaciones entre el poder civil y los militares en este país. El estallido del caso, en el ecuador de la campaña electoral, ha desatado las especulaciones sobre la extensión de la corrupción en las filas del Ejército —implicado por el presidente Felipe Calderón en la guerra lanzada a principios de su mandato, en 2007, contra el crimen organizado— y también sobre la posible intencionalidad política de estos arrestos en vísperas de un cambio de Administración tras las elecciones del próximo 1 de julio.

El general de división retirado Tomás Ángeles Dauahare, un militar de gran prestigio y ex número dos de la Secretaría de la Defensa Nacional, y el general brigadier Roberto Dawe González, fueron detenidos el martes por su supuesta relación con el cartel de los hermanos Beltrán Leyva, muy mermado en la actualidad, al que habrían brindado protección en años pasados. Ahora se ha sabido que el general Ángeles estaba siendo investigado desde tiempo atrás por la agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA). El general Dawe dirigió una división del Ejército en el Estado de Colima, en el Pacífico, una ruta clave en el tráfico de drogas al norte, y fue representante de la Procuraduría General de la República (PGR) en el violento Estado de Chihuahua, fronterizo con EE UU.

El tercer militar arrestado, en la noche del jueves y al parecer en Veracruz, el general de división también retirado Ricardo Escorcia Vargas, había desempeñado a principios del sexenio de Calderón el cargo de subjefe Administrativo y Logístico del Estado Mayor, uno de los 12 puestos más importantes en el organigrama de la Defensa Nacional. Escorcia Vargas se vio envuelto en un turbio asunto a finales de 2007, cuando comandaba la 24 Zona Militar. En aquel entonces militares y agentes de la Policía Federal Preventiva permitieron el aterrizaje de un avión cargado de cocaína procedente de Suramérica en el aeropuerto de Mariano-Matamoros, en el Estado de Morelos (centro del país), donde tanto los tripulantes como la droga desaparecieron. El avión estaba siendo monitorizado por la DEA. El general fue separado y degradado, pero finalmente salió limpio y fue enviado al Estado de Sinaloa (oeste) como jefe de la Tercera Región Militar, cargo en el que apenas duró dios meses, pues en 2008 solicitó un año sabático.

Funcionarios de la PGR a cargo de la investigación, dan por seguro que serán detenidos más militares en las próximas horas y niegan que éstas tengan relación con la política. “Las detenciones carecen de connotación o relación alguna con las campañas en curso o los candidatos en contienda”, ha declarado la PGR en un comunicado.

Las investigaciones contra los tres generales surgen a partir de las declaraciones de diversos testigos protegidos, identificados con los nombres de Jennifer, Mateo e Iván, hombres al servicio del cartel de los hermanos Beltrán Leyva, que ya han realizado imputaciones en otros casos en el pasado que luego no fueron sustentadas.

Algunos analistas
creen que hay una
motivación política
en las detenciones

La detención del general Ángeles, un militar de trayectoria intachable hasta su retiro en 2008, ha sido acogida con gran sorpresa entre académicos expertos en el mundo castrense, como Sergio Aguayo y Raúl Benítez Manaut. Este último subraya que el jefe militar era un hombre de despacho, al que le gustaba la compañía de intelectuales, y que “los narcos, a quienes habitualmente corrompen, es a los jefes con mando de tropas que actúan sobre el terreno”.

Otros comentaristas apuntaban ayer en la prensa mexicana a la posibilidad de enconos personales dentro de las Fuerzas Armadas, la existencia de un grupo de generales disconformes con la estrategia de guerra contra el narco ordenada por el presidente Calderón, e incluso una suerte de “asesinato de la reputación”, es decir, una operación política para desacreditarle y apartarle de la élite militar que acompañará al próximo presidente de México.

El general Ángeles participó el pasado 9 de mayo en un foro de seguridad organizado por la Fundación Colosio en San Luis Potosí a la que asistió el candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Enrique Peña Nieto, en el marco de su campaña electoral. En aquel foro, el general criticó públicamente la falta de objetivos definidos en la lucha contra el crimen organizado. “Me atrevo a decir que no tenemos estrategia de seguridad nacional”, afirmó. Invitó a desarrollar un plan coherente en ese combate “y no estar dando brochazos por diferentes circunstancias a través de líneas de acción que nos conducen a veces a la nada”. También defendió la creación de una nueva policía o guardia nacional. Peña Nieto no ha perdido un segundo en desligarse del general tras su detención.

Los generales Ángeles y Dawe se encuentran actualmente bajo arraigo durante 40 días, una figura jurídica muy discutida en México, pues permite la extensión de la detención durante todos esos días sin presentación de cargos mientras continúan las investigaciones. Los militares podrían ser procesados penalmente por la justicia civil por los delitos de delincuencia organizada y contra la salud. Los arrestos se producen también en medio de un recrudecimiento de la violencia de los carteles de la droga con centenares de muertos en lo que va de mes.