El Salvador niega a España extradición de militares procesados por masacre jesuita

El Salvador negó este martes a España la extradición de un grupo de oficiales en retiro del Ejército salvadoreño implicados y procesados por la Audiencia Nacional española por el asesinato de seis sacerdotes jesuitas y dos de sus colaboradoras en un acción considerada “terrorista y crimen de lesa humanidad”, ocurrida en noviembre de 1989, durante la guerra civil protagonizada en esta pequeña nación centroamericana.

El juez de la Audiencia Nacional española, Eloy Velasco, pidió el año pasado la extradición de 13 exmilitares a los que acusa, entre otros delitos graves, de “terrorismo y asesinatos” de los curas y académicos de la Universidad Centroamericana (UCA). Entre los asesinados destacaban Ignacio Ellacuría, Ignacio Martín-Baró y Segundo Montos, quienes además de ser los rectores y vicerrectores de la UCA, eran destacados filósofos e ideólogos de la Teología de la Liberación.

Después de la llamada masacre jesuita, el congresista estadounidense Joe Moackley encabezó una investigación del caso en la que se establecieron los pormenores de la participación del Alto Mando militar salvadoreño. Esta investigación fue recogida por la Comisión de la Verdad, formada por Naciones Unidas (ONU) en 1993, después de la guerra civil (1980-1992), y llegó a similares conclusiones. Sin embargo, el presidente de entonces, Alfredo Cristiani, decretó una Amnistía General que impide en El Salvador procesar a militares y guerrilleros que cometieron crímenes de guerra o crímenes de lesa humanidad.

Según un vocero de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que prefirió el anonimato, que habló para EL PAÍS,  la resolución fue tomada este martes por la Corte Suprema de Justicia (CSJ), en pleno. Votaron a favor 9 de los 15 magistrados.

En los medios digitales salvadoreños se recogen declaraciones del magistrado Ulises Del Dios Guzmán, quien fundamentó que la corte plena se basó en el artículo 28 de la Constitución, para no concederle la extradición de los querellados al Gobierno español. Él mismo dice: "La extradición no podrá estipularse respecto de nacionales en ningún caso, ni respecto de extranjeros por delitos políticos, aunque por consecuencia de estos, resultaren delitos comunes".

El 16 de noviembre de 1989 fueron asesinados a balazos los clérigos Ignacio Ellacuría, Ignacio Martín-Baró, Segundo Montes, Amando López y Juan Ramón Moreno, todos de nacionalidad española. Además murió el salvadoreño Joaquín López, así como Elba Ramos y su hija Celina. Los militares acusaban a los jesuitas de ser los jefes ideólogos de la guerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), que en ese momento desarrollaba una intensa ofensiva contra la capital, San Salvador.

España reclama a los ex oficiales Oscar Mariano Amaya, Antonio Ramiro Ávalos, Guillermo Alfredo Benavides, Tomás Zarpate Castillo, así como a los altos oficiales Juan Rafael Bustillo, Joaquín Arnoldo Cerna, Francisco Elena Fuentes, Juan Orlando Zepeda, José Ricardo Espinoza, Gonzalo Guevara Cerritos, Carlos Mauricio Guzmán, Humberto Larios y Oscar León Linares.

Humberto Larios era entonces el ministro de la Defensa Nacional; Zepeda era viceministro de Defensa y Bustillo, Jefe de la Fuerza Aérea.

La guerra civil salvadoreña se inició en 1980 con el asesinato del Arzobispo Oscar Romero, por escuadrones de la muerte de ultraderecha. Terminó en 1992 con el Ejército debilitado y desprestigiado por la masacre jesuita.