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Políticos y sindicatos presionan para desatascar el proyecto minero Conga

El estudio de impacto ambiental fue rechazado con protestas de la población en 2011

El Gobierno de Perú respalda las recomendaciones propuestas por un peritaje internacional

Manifestantes contra el proyecto Conga.
Manifestantes contra el proyecto Conga. REUTERS

El controvertido proyecto minero Conga - ubicado en Cajamarca, sierra norte de Perú - podría comenzar a ver una salida. Buena parte de los líderes sindicales y políticos peruanos, como la excandidata presidencial conservadora Lourdes Flores, han pedido a la empresa Yanacocha-Newmont que acepte las recomendaciones propuestas por un peritaje internacional para que el proyecto cause menos daños al medio ambiente. Estas opiniones siguen la línea de las del presidente Ollanta Humala, que respaldó el pasado viernes los cambios propuestos. Sin embargo, la minera ha respondido con reservas aunque dijo que acepta “hacer nuevamente la evaluación técnica y económica solicitada por el Presidente”.

La empresa presentó un estudio de impacto ambiental requerido por la ley y fue aprobado por el ministerio de Energía y Minas en octubre de 2010 -durante el gobierno de Alan García- por un equipo liderado por un exfuncionario de la empresa Yanacocha.

Sin embargo, en noviembre de 2011 hubo fuertes protestas en Cajamarca en rechazo a Conga. Parte de la población, representada en el Frente de Defensa Ambiental y el presidente regional de Cajamarca, Gregorio Santos, llamaron la atención sobre los daños futuros que se producirían a las fuentes de agua y a dos lagunas, que se convertirían en depósitos de desmonte, según indica el propio estudio de impacto ambiental de la empresa.

La solución que encontró el gobierno entonces fue decretar el estado de emergencia en la región, paralizar el proyecto y convocar a expertos internacionales a una revisión (peritaje) del estudio de impacto ambiental de Conga.

Con una semana de retraso, el gobierno presentó el miércoles pasado a los dos expertos españoles y un portugués en una entrega pública del peritaje, bajo la condición de que sólo responderían cuatro preguntas de los periodistas pese a que había más de 50 en la sala. La razón dada por el funcionario de turno fue que estaban “a punto de tomar un avión a sus países de origen”. Los peritos respondieron las preguntas de la prensa de modo genérico y con un lenguaje cargado de tecnicismos.

Sin embargo, un par de días después, en un mensaje difundido por televisión el mandatario andino declaró que el gobierno dispuso “que la empresa cumpla con las exigencias ambientales y sociales que se derivan del informe pericial”, entre ellas, la ampliación de la capacidad de los reservorios -que reemplazarán dos lagunas-, para atender mayores demandas de agua.

Humala también decidió la formación de un ‘fondo social’, durante el tiempo de operación y cierre de la mina, “con el compromiso activo de la empresa, cuyos recursos sean usados de forma transparente, y en acuerdo con las autoridades locales, para el desarrollo de infraestructura social, productiva y de riego”, orientada a la población más pobre. Además, el jefe de Estado indicó que la empresa debía evaluar alternativas para evitar que dos lagunas sean usadas como depósito de desmonte del tajo Perol.

Al día siguiente, en un comunicado de prensa, el vicepresidente de Newmont para América del Sur, Carlos Santa Cruz, precisó que algunos medios de prensa “han interpretado el planteamiento del Presidente como un pedido de salvar las dos lagunas sin evaluación de ningún tipo, lo que no se ajusta a las recomendaciones del peritaje”.

Mientras tanto, Cajamarca ha dado plazo al gobierno central hasta el 31 de mayo para que declare inviable el proyecto Conga con las características actuales. Sergio Sánchez, miembro de la comisión técnica multisectorial de Cajamarca, comentó a EL PAÍS que los planteamientos del presidente no están expresados aún en ninguna norma ni contemplados por la ley de minería: “Santa Cruz ha declarado que el peritaje no es vinculante para ellos. Nada ha cambiado el rostro de la minería”, expresó.

Consultado si la posición cambiaría cuando el Estado apruebe normas que garanticen el cumplimiento de las recomendaciones del peritaje y el anuncio del presidente respondió: “Creo que sí daría un nuevo escenario a todo este conflicto”.

Una fuente del Estado consultada por este diario indicó que el ministerio del Ambiente está presionando para que lo dispuesto por Humala se concrete en dispositivos legales.

De concretarse esas nuevas normas y fiscalización para garantizar acceso al agua limpia e inversión social por parte del sector minero, el Perú podría salir del nudo de los conflictos y de la brecha económica: Yanacocha es el primer productor de oro en Latinoamérica, produce el 1.6% del oro en el mundo y, según cifras oficiales de 2010, el 54% de la población de Cajamarca es pobre.

Un laberinto hasta hoy sin salida muestra a empresas mineras y de hidrocarburos contaminantes, que no cuentan con la ‘licencia social’ de la población, incumplen acuerdos con las comunidades afectadas, no pagan multas por daños al entorno, y, del otro lado, a la población que sólo tiene la protesta social como instrumento para llamar la atención del Estado. El mismo panorama que enfrentan Bolivia, Ecuador, Argentina y Panamá.

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