El Supremo se inclina a favor de la ley de Arizona contra los indocumentados

Por segunda vez en este curso judicial, el Tribunal Supremo de Estados Unidos abordó ayer una ley de alto voltaje político y, como ocurrió anteriormente con la reforma sanitaria, los magistrados parecen inclinados a contradecir al Gobierno y declarar la validez de la ley de Arizona que permite la identificación de los inmigrantes ilegales. La decisión, que puede representar un hito en la política norteamericana sobre la inmigración, no se anunciará hasta el mes de junio.

Ninguno de los jueces que intervino en la vista, ni conservadores ni liberales, expresaron públicamente serios reparos con el hecho de que el Estado de Arizona autorice a la policía a reclamar los documentos a las personas que hayan sido detenidas como sospechosas de otras faltas o delitos, como una violación de las normas de tráfico. Esa autoridad, así como la declaración de delito a la solicitud de un empleo por parte de los inmigrantes irregulares, habían sido suspendidas por tribunales de escala inferior. Ni la falta de papeles ni la búsqueda de trabajo son delitos federales en este país.

El abogado Paul Clement, que representó al Estado de Arizona, sostuvo que la ley, no solamente no invade competencias del Gobierno federal, sino que le ayuda en su misión de perseguir la inmigración ilegal. “El Estado no interfiere simplemente por entregar a las autoridades federales la información sobre un detenido que, además, reside de manera ilegal en este país”, dijo.

La juez Sonia Sotomayor, de origen puertorriqueño y de la que se espera la más firme oposición a la ley, argumentó que no tenía inconveniente en que Arizona puede desempeñar esa función complementaria, aunque expresó dudas sobre cómo van a garantizar las autoridades de ese Estado que no se va a violar la Constitución al mantener arrestados a los sospechosos por encima del tiempo legalmente permitido. La representación del Estado no dejó claro cuánto tiempo se puede necesitar para comprobar que un sospechoso carece de documentos de residencia.

Los jueces Antonin Scalia y John Roberts, ambos del bando conservador, se situaron claramente del lado de la defensa de la ley. “Estamos hablando de conseguir que abandonen el país aquellas personas que carecen de derecho a estar aquí. Yo no tengo ningún problema con eso”, manifestó Scalia.

Roberts explicó que, desde su punto de vista, la ley simplemente obliga a la policía de Arizona a proporcionar al Gobierno federal los nombres de aquellas personas que residen en el país de forma ilegal. “Las autoridades federales pueden decidir que no quieren deportar a esa persona, y quedaría en libertad”, añadió. Roberts respaldó la sospechas de la gobernadora de Arizona, Jan Brewer, presente ayer en la sesión, de que la Administración de Barack Obama, en realidad, no quiere aumentar las deportaciones, bien por razones políticas o por la falta de los recursos económicos necesarios para hacerlo. “Da la sensación de que el Gobierno no quiere saber cuántos indocumentados hay en el país”, dijo el juez.

El abogado del Gobierno federal, Donald Verrilli, argumentó contra la ley que “no se puede dejar que cada Estado regule de manera distinta un asunto que tiene implicaciones para todo el país”. Eso puede perjudicar, citó como ejemplo, las relaciones con México. “No podemos aplicar únicamente las leyes que gusten a México”, contestó Scalia.

No podemos aplicar únicamente las leyes que gusten a México” Juez Antonin Scalia

Como sucede con la reforma sanitaria, que el Supremo examinó el mes pasado, la decisión sobre la ley de Arizona, contra la que se movilizó de forma extraordinaria la población hispana, sospechosa de que estaba diseñada para hostigar a los inmigrantes mexicanos, llegará en un momento de plena efervescencia de la campaña de las elecciones presidenciales. Cualquiera que sea el fallo, situará el asunto de la inmigración, muy controvertido de por sí, en el primer plano del debate político.

Eso no es una buena noticia para el candidato republicano, Mitt Romney, que está tratando de reconciliarse con el voto latino después de varios meses de haber defendido una posición radicalmente antiinmigración que ha provocado grandes recelos entre los electores de esa comunidad.

Para el presidente Barack Obama, que criticó la ley de Arizona desde un principio y argumentó contra ella en los tribunales, una decisión del Supremo a favor de esa legislación le da la oportunidad de prometer nuevas iniciativas a favor de los inmigrantes en un segundo mandato. En realidad, los demócratas están ya empezando a hacer campaña en ese sentido. El influyente senador Charles Schumer ha anunciado que, si los jueces mantienen la ley de Arizona, su grupo presentará en el Congreso propuestas para eliminarla por la vía legislativa.