Un tribunal brasileño rechaza juzgar un caso de crímenes de la dictadura

El tribunal de Justicia del Estado brasileño de Pará, en la región amazónica, ha rechazado la petición de la Fiscalía General del Estado para que sea procesado el oficial de reserva Sebastião Curió Rodrigues Moura, uno de los militares acusado de crímenes cometidos durante la dictadura militar (1964-1985).

Una ley constitucional refrendada recientemente por el Supremo impide que puedan ser juzgados y condenados crímenes cometidos durante la dictadura tras la amnistía firmada en su día por los dos bandos de la contienda a cambio de que pudiera volver la democracia al país.

El Congreso ha aprobado la creación de una Comisión de la Verdad con la finalidad concreta de investigar los crímenes aún sin descubrir de aquellos años de terror y de poder devolver los restos mortales de los desaparecidos a sus familias.

La Comisión, que debe ser nombrada por la presidenta Dilma Rousseff, acepta que no podrá ya ser condenado ninguno de los considerados responsables por aquellas muertes. Con esa condición fue aceptada también por los militares.

Parte importante de las investigaciones pendientes concierne a los desaparecidos de la famosa y triste Guerrilla de Araguaia en la década de los setenta. Ahora, la Fiscalía, por primera vez, ha pedido que sea procesado Curió, un oficial aún vivo, sobre el que parece haber pruebas de que participó en la masacre de Araguaia.

La petición de los fiscales del Estado ha sido rechazada por el tribunal de Justicia de Pará, competente para llevar a cabo el proceso contra el militar.

Todo ello reabre la polémica sobre la interpretación de la ley de Amnistía y de la nueva Comisión de la Verdad. Según la Fiscalía, el presunto crimen del oficial supone una “acción permanente”, es decir de un “crimen que sigue existiendo”, en palabras de Tiago Rabelo, procurador general de la República.

La misma ONU acababa de alabar a Brasil por su decisión de querer juzgar crímenes de la dictadura aún no castigados ni del todo investigados, algo que sería contra una ley ya aprobada y que hasta hoy el Gobierno mantuvo firme.

En realidad, desde la llegada de Rousseff a la presidencia, por su condición de exguerrillera, torturada y encarcelada por los militares durante la dictadura ha vuelto a colocarse sobre el tapete un tema casi tabú que se consideraba zanjado para siempre con la ley de amnistía.

Al mismo tiempo, siempre hubo denuncias tanto de instituciones de defensa de derechos humanos tanto nacionales como internacionales al gobierno por la interpretación estricta de la ley de amnistía considerando que Brasil ha sido demasiado blanco en este campo.

Lo cierto es que la exguerrillera Rousseff, quizás para no enfrentarse con los militares, se ha mantenido siempre fiel al principio de respetar lo ya pactado y sancionado en la Constitución, sin querer abrir nuevas heridas.

La polémica sin embargo está sobre la mesa y un grupo de militares de reserva han publicado un documento de crítica sobre el tema, divulgado en internet. La presidenta Rousseff pidió al ministro del Ejército, Celso Amorim, que obligara a los militares a retirar el documento, al mismo tiempo que exigió algún tipo de sanción contra los 98 que habían firmado el manifiesto. La respuesta es que hoy las firmas llegan casi a 2.000 y entre ellas figuran más de cien generales.

Todo ello revela que el tema de los crímenes cometidos durante la dictadura aún no investigados ni juzgados, así como el contencioso entre los militares y el gobierno, sigue en pie y no se cerrará ni fácil ni rápidamente.