El intento de Perú de atajar la minería informal eleva el malestar social

En la región Madre de Dios (selva sudeste, frontera con Bolivia y Brasil) la población vive afectada por el mercurio vía el agua, los peces, las plantas y el aire, contaminados por quienes se dedican a la minería informal o ilegal. Es difícil medir las dimensiones de ese tipo de actividad extractora, pero esta semana una fuente oficial reveló que se desarrolla en 21 de las 25 regiones.

El biólogo César Ascorra, secretario general de Cáritas en Madre de Dios, precisa que se entiende como minería informal la que se realiza sin haber terminado los trámites en el Ministerio de Energía y Minas para explotar una concesión. Además, se le denomina ilegal cuando ocurre en zonas reservadas o de amortiguamiento (en entornos medioambientales únicos por su biodiversidad y vulnerabilidad).

Este miércoles, 10.000 mineros informales se enfrentaron a la Policía Nacional como parte de un paro que ya llevaba nueve días en Madre de Dios en rechazo a una norma aprobada a fin de febrero, que castiga la minería informal o ilegal hasta con diez años de pena privativa de la libertad.

El martes los gremios mineros de Madre de Dios habían suspendido el paro para dialogar con el Gobierno pero discreparon con los términos que propuso el Ejecutivo y terminaron pateando el tablero.

El enfrentamiento dejó como saldo tres personas muertas y más de 60 detenidos, mientras que movilizaciones similares ocurrían en la vecina Puno y en Piura, en el norte del país.

Quién hubiera imaginado estas consecuencias cuando empezó la conquista del Perú en el siglo XVI: “Antes los incas realizaban la extracción de oro solo mediante el lavado (minería aluvial), pero los españoles introdujeron el azogue”, comenta Ascorra.

Más de 100.000 personas trabajan directamente en la minería informal en Perú

Más de 100.000 personas trabajan directamente en la minería informal, de acuerdo al cálculo oficial realizado a fines de 2010 por una Comisión Técnica Multisectorial del Estado que propuso un plan de regularización.

Entrevistada por El País, Juana Kuramoto, coordinadora de dicha comisión, dijo: “De nuevo están teniendo la visión de que es más fácil perseguir a 20.000 o miles de mineros que seguir a quienes controlan este negocio: empresas formales mineras que compran informalmente”.

 “El Estado no tiene recursos ni personal para ir tras miles de mineros. En las recomendaciones dijimos que había que tener inteligencia tributaria, revisar a quién se exporta o se vende, evaluar los permisos para importar maquinaria: son de 30 a 50 grandes entidades que financian la minería informal”, añade la investigadora del thinktank Grupo de Apoyo al Desarrollo Grade.

Kuramoto indica que la producción ilegal de oro es comprada por empresas formales que luego pueden enviar su carga y exportarla.

“En 2010, Yanacocha (el mayor productor de oro en el Perú) produjo 90 toneladas anuales y calculamos que la minería informal hizo 30 toneladas anuales: eso significa que produce aproximadamente una tercera parte”, dice.

El estudio que coordinó Kuramoto en 2010, refiere que las principales zonas de establecimiento de productores informales o ilegales son Madre de Dios, Piura (costa-selva), Ica (costa central), Arequipa, Ayacucho, Cusco, Apurímac (sierra sur-central), Puno (frontera con Bolivia), La Libertad y Cajamarca (sierra norte). Sin embargo, las más afectadas por deforestación y contaminación son Madre de Dios, Puno, Piura y Arequipa.

En Madre de Dios –conocida en el Perú como la región con la mayor biodiversidad– un área de dos kilómetros de largo por medio de ancho en la zona de amortiguamiento de la reserva Tambopata, ha sido deforestada por esta minería sólo en tres meses, comenta el representante de Caritas.

Ascorra revela que la rapidez con la que avanzan los informales en la ocupación del espacio, se debe al alto precio del metal: ahora está en casi 2000 dólares la onza. Kuramoto coincide: “Cuando hicimos el plan y las recomendaciones, la onza estaba en 1.400 dólares: ahora a 1.800 dólares, la extracción es rentable en todas las regiones”.

Por otro lado, esta semana, el viceministro de Desarrollo Estratégico del ministerio del Ambiente, Gabriel Quijandría, reveló que el país pierde de 250 millones a 500 millones de dólares anualmente, por impuestos no cobrados.

Ascorra destaca en particular los impactos sociales de la extracción ilegal e informal, pues genera daños en la salud, especialmente en niños y gestantes, pero por otro lado, hay mucha violencia y muerte en el sector.

“En Europa, por la crisis, las personas están ahorrando en oro: deberían asegurarse de comprar ‘oro sin sangre’, sin mercurio, eso sería comercio justo”, añade.