La protesta social de la Patagonia chilena se contagia a Santiago

Un centenar de organizaciones civiles han convocado para hoy la primera marcha de 2012 en Santiago, en apoyo a las demandas de los ciudadanos de la región patagónica de Aysén, que desde mediados de febrero protestan ante el Gobierno por las complejas condiciones de vida en el extremo sur del país. La manifestación de la capital será liderada por el principal sindicato de trabajadores y los estudiantes, que el año pasado protagonizaron el mayor movimiento social en Chile desde el regreso de la democracia en 1990.

“Los problemas que está viviendo el país tienen que ver con el modelo político-económico que ha imperado durante los últimos 20 años”, dijo Gabriel Boric, presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (FECh), quien además hizo un llamamiento al presidente Sebastián Piñera a “dejar de lado la represión, la violencia y la política de acallar a los manifestantes”.

La protesta de hoy, la primera tras el receso del verano austral, se producirá después de tres semanas de negociaciones entre La Moneda y las agrupaciones sociales para lograr que se despejen los caminos bloqueados desde el 14 de febrero en Aysén, a 1600 kilómetros al sur de la capital. Es la condición que solicitó el Ejecutivo antes de dialogar. Los dirigentes del sur, sin embargo, se han resistido, porque consideran que es la medida de presión más efectiva para lograr ser escuchados en Santiago.

Respaldados por parlamentarios oficialistas y de la oposición, los patagónicos han salido a las calles porque creen haber sido olvidados por el Gobierno central durante los últimos años. En esta región de clima adverso, por ejemplo, las verduras cuestan el doble que en la capital, no existen universidades públicas ni grandes hospitales y, pese a los graves problemas de conectividad, la gasolina cuesta un 40% más que en otras ciudades del país.

Hoy en día es difícil conseguir gasolina y en pequeños pueblos ha escaseado el alimento durante algunas jornadas, aunque este lunes se permitió la entrada de algunos camiones para abastecer la zona. El Gobierno de Piñera, que ha prometido poner énfasis en el orden público, envió a la región un importante contingente policial. Hubo varias jornadas de enfrentamientos entre ciudadanos y carabineros, y un hombre de 49 años perdió un ojo a causa de un perdigón.

En La Moneda se prevé que 2012 estará marcado por las protestas, igual que el año pasado, y que el descontento podría concentrarse en las zonas extremas del país. Con el fin de sentar precedentes para nuevos estallidos sociales, el Ejecutivo ha intentado dar señales de firmeza en el conflicto de Aysén. Cuando los manifestantes pidieron la visita del ministro de Hacienda, el Gobierno envió a los titulares de Salud y Transporte. Además de exigir el desbloqueo total de las rutas, el Ejecutivo anunció hace unos días que ya tenía redactadas las querellas criminales contra los líderes del movimiento que han impedido el libre tránsito en la Patagonia. Lo hará invocando la Ley de Seguridad Interior del Estado, que castiga con cárcel los desórdenes públicos.

El estallido social en Aysén no ha contribuido, precisamente, a calmar el clima político en Chile, que ya se ha empezado a crispar ante las inminentes elecciones municipales de octubre, que son vistas como la antesala de las presidenciales de 2013. El ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, piensa que hay intereses políticos tras las protestas del sur. “Existen dirigentes de izquierda a los que lo único que les importa es generar inestabilidad y expectativas desmedidas, para mantener una situación de conflictividad más allá del tiempo prudente”, dijo el secretario de Estado este fin de semana en una entrevista publicada por el periódico La Tercera.

La Concertación, en tanto, ha criticado el manejo de la crisis y, aprovechando que el Congreso reinició el lunes sus actividades, solicitó una sesión especial para analizar la actuación de La Moneda en Aysén. “El Ministerio del Interior tiene una gran responsabilidad en la solución del conflicto y la intendenta [la autoridad regional] ha sido absolutamente incompetente”, señaló el jefe de los diputados socialistas, Alfonso de Urresti.

El Ejecutivo ha tenido problemas para controlar el estallido social, al igual que en otras protestas de 2011, y no ha logrado imponer su imagen de implacabilidad. El presidente Piñera, en cambio, evitó cometer uno de los principales errores del año pasado: instalarse en la primera línea y asumir un papel protagónico. Esta vez delegó las gestiones complejas en sus ministros y subsecretarios. A punto de cumplir la mitad de su mandato, el jefe de Estado tiene un 33% de popularidad y su Gobierno alcanza un 61% de rechazo, según la encuesta Adimark difundida a comienzos de semana.