Seguridad sin control

La nueva oleada de documentos desvelados ayer por Wikileaks no puede compararse en importancia a revelaciones anteriores como la filtración de los cables del Departamento de Estado. Esta vez la divulgación no atañe a la actividad del Gobierno de Estados Unidos, ni de ningún otro país, sino que consiste en más de cinco millones de correos electrónicos de una empresa privada, Stratfor. Además de las revelaciones que se irán desgranando a medida que esta masa enorme de datos vaya siendo analizada, la publicación de las comunicaciones de Stratfor pone al descubierto la existencia de una verdadera agencia de inteligencia privada, calificada de CIA en la sombra, con mayores recursos que los servicios de inteligencia de muchos países. Las actividades de inteligencia se suman pues a la lista de sectores altamente sensibles, desde la gestión de cárceles hasta misiones de combate, en los que empresas privadas ejercen funciones que hasta hace bien poco se creían reserva exclusiva de la soberanía estatal, y lo hacen sin un adecuado marco de control.

En nuestro país, como en Estados Unidos, no faltan empresas privadas de seguridad, pero Stratfor no es una empresa cualquiera. Es una consultoría de inteligencia que trabaja no solo para empresas multinacionales sino para agencias gubernamentales. Para obtener información usa mayoritariamente fuentes de acceso público, pero tiene además su propia red de confidentes en organizaciones públicas y privadas en todo el planeta. Los mensajes electrónicos publicados por Wikileaks ponen al descubierto prácticas cuestionables de todo tipo: desde el pago de sobornos hasta el uso de la información privilegiada para operaciones económicas especulativas. Hasta ahí, desgraciadamente, la sorpresa no es mayúscula. Sí es llamativa, en cambio, la existencia misma de una empresa privada cumpliendo funciones que ya son altamente sensibles incluso cuando las desarrolla una agencia pública bien regulada y controlada.

El caso de Stratfor se suma a una lista de empresas cuyas actividades paraestatales han levantado todo tipo de objeciones. Tal vez la más célebre sea Blackwater, una empresa privada de servicios de seguridad favorecida por los contratos del Departamento de Defensa de Estados Unidos. Las actuaciones de Blackwater cubren un amplio espectro de operaciones tradicionalmente atribuidas a las fuerzas armadas del Estado. Entre las más polémicas se cuenta su actuación en la Nueva Orleans asolada por el huracán Katrina, donde los guardias de Blackwater aplicaron su peculiar visión de la seguridad, magistralmente descrita por Dave Eggers en su libro Zeitoun. Pero Blackwater se convirtió sobre todo en el paradigma de la actuación al margen de toda legalidad nacional o internacional en Irak, país donde contaron con la inestimable protección del entonces hombre fuerte de Washington, Paul Bremer, quien, al dejar Bagdad, firmó una orden que garantiza inmunidad a la empresa y a sus empleados ante la justicia de Irak. Sin embargo, un juez estadounidense procesó a cinco de sus guardias por la muerte de 17 civiles iraquíes en 2007 en un incidente que desencadenó la expulsión de la empresa de ese país.

Statfor y Academi, el nuevo nombre con el que opera Blackwater tras los escándalos, son solo una pequeña muestra del boyante sector de la seguridad y la inteligencia privadas, un mercado que mueve millones en el mundo entero, y que no se limita a Estados Unidos. Gran Bretaña, por ejemplo, es sede de la mayor empresa del seguridad del mundo, G4S, y de empresas más pequeñas especializadas en escenarios bélicos. Algunos de los servicios de estas empresas se pagan a precios exorbitantes, y se extienden a todos los rincones del planeta y, en especial, a los países más inseguros, como Afganistán, o a misiones como la protección de barcos, incluidos los pesqueros españoles, contra la piratería.

Aunque subcontratar empresas pueda resultar más barato que desplegar ejércitos y servicios de inteligencia del Estado, es difícil desechar la sospecha de que cumplen además otra función: la de actuar al margen de las leyes nacionales y las convenciones internacionales que regulan la actividad de los cuerpos y agencias de seguridad estatales. Al contratarlas los Estados renuncian no solo a su monopolio sobre la coerción, sino a las garantías internacionales y constitucionales y, dicho sea de paso, a un cierto grado de profesionalidad, de la que estas empresas demuestran carecer. Así, cada vez más empresas operan en una zona de sombra que socava la misma legitimidad del Estado. El rayo de luz arrojado por Wikileaks con sus nuevas revelaciones no hace más que resaltar la enorme dimensión de este agujero negro por el que se nos escurren los logros de casi dos siglos de convenciones internacionales para limitar el uso de la fuerza, incluso en la guerra, y de control democrático sobre las estructuras de seguridad.