Polémica por las malas condiciones de los centros para adictos en Perú
La muerte de 27 personas en un incendio abre el debate sobre la situación de las estructuras de rehabilitación
![Policías vigilan la entrada al centro de rehabilitación.](https://imagenes.elpais.com/resizer/v2/6QHMFVMPFVT2CNNH36QDAKY6DQ.jpg?auth=871b1b68c9c934ed206cacf4bc85c71345c622455062b13068c617eec0958e46&width=414)
Edgar Raúl García Albornoz, propietario del centro de rehabilitación Cristo es Amor, incendiado el sábado en Lima, ha prestado este domingo declaración ante la policía que investiga el suceso. Según informa el diario La República de Perú, todavía no existe una denuncia penal pero sí varias acusaciones de autoridades que lo responsabilizan de la tragedia. Este medio asegura que el jefe de la Dirección de Investigación Criminal ha confirmado que García Albornoz no puede permanecer detenido “porque no ha sido encontrado en flagrancia de delito”.
El propietario del centro está siendo asesorado por un abogado. Si la Fiscalía ordena su captura, tendrá que afrontar un proceso penal por exponer la vida de las personas en su albergue. El centro funcionaba informalmente en San Juan de Lurigancho desde hace cinco años. No contaba con ningún tipo de licencia y la cantidad de internos aumentaba sin ningún tipo de restricción.
Debate sobre las condiciones
La muerte de 27 personas ha puesto en evidencia el hacinamiento y la informalidad en muchos centros de rehabilitación para adictos a las drogas y el alcohol en Perú. "El centro era una guarida de la muerte", ha declarado este domingo la alcaldesa de Lima, Susana Villarán, tras confirmar que el local funcionaba sin permisos del Ayuntamiento de San Juan de Lurigancho.
Según informa EFE, un testigo identificado como Víctor de la Cruz Caballero contó a los periodistas que estaban desayunando cuando escucharon que los vidrios de las ventanas del primer piso se rompían y se desató el pánico al comprobar que se había iniciado el fuego. Otro interno, que se identificó como Jean, afirma que tuvieron que romper los seguros de una puerta con un ladrillo para poder escapar de las llamas y el humo. El Defensor del Pueblo ha anunciado que investigará si los internos sufrían abusos y eran retenidos contra su voluntad, asegura la agencia.
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