Denuncias de fraude empañan el triunfo de Ortega en Nicaragua

Silvia Elena Cerda López no se resigna a lo que ella llama un “fraude electoral” en las pasadas elecciones presidenciales de Nicaragua. Silvia, una mujer bajita y regordeta, fue protagonista privilegiada de las irregularidades que empañaron las elecciones, cuyos resultados le dieron una victoria arrasadora al Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), que lidera el exguerrillero Daniel Ortega.

El día de la votación, el pasado 6 de noviembre, Silvia Elena, interventora de la oposición en una mesa electoral de Masaya, al sur de Managua, vio votar dos veces a simpatizantes del FSLN, se enfrentó a funcionarios electorales que la querían expulsar del centro de votación y no le permitieron cotejar las actas de escrutinio al final de la jornada electoral. “Hubo mucha intimidación”, recuerda Silvia. “Me les puse dura, pero me echaron a la Policía. Me dijeron que si los fiscales [interven-tores] replicaban algo, los iban a echar”, agrega la mujer.

Silvia Elena y sus compañeros interventores de la opositora Alianza PLI-UNE se presentaron el día de la votación a las cuatro de la mañana fuera de su colegio electoral, el centro de votación 019 de Masaya, para vigilar la transparencia en el inicio del proceso. Silvia Elena se sorprendió al ver que funcionarios del Tribunal Electoral e interventores del FSLN habían armado las urnas de votación desde la noche anterior y estaban dispuestos a iniciar la jornada electoral sin ni siquiera contar las actas de votación, violando la Ley Electoral nicaragüense. Las protestas de los interventores de la oposición fueron en vano, dado que los funcionarios electorales e interventores sandinistas amenazaron con echarlos de la mesa si no callaban.

A pesar de la forma testaruda con la que Silvia luchó por que la votación fuera transparente, al final de la jornada tuvo que resignarse con lo que fue una votación plagada de irregularidades: ella y sus compañeros no pudieron impedir que personas votaran dos veces en la misma mesa electoral, que ciudadanos que no pertenecían a su circunscripción votaran igual, porque aparentemente “eran sandinistas”, mientras que “a los opositores” les ponían trabas; algunos ciudadanos votaron con documentos de identificación o cédulas “duplicadas” y, al final de la jornada, a Silvia Elena le negaron las actas de escrutinio a las que tenía derecho. Pudo recuperarlas tras mucho insistir y después de intimidación y amenazas, explica.

La historia de Silvia se multiplicó varias veces en muchas de las más de 12.000 mesas electorales de Nicaragua, según documentos facilitados por la oposición. Estos documentos, rescatados con dificultad por interventores opositores, componen lo que algunos medios han llamado la anatomía de un fraude anunciado. La oposición tuvo problemas al ubicar a sus interventores en el 30% de los colegios electorales, dado que el Tribunal Electoral les entregó las acreditaciones con fallos. Las autoridades habían habilitado un software en el que los partidos políticos debían registrar a sus interventores. El software presentó varias fallos, incluyendo una casilla en la que aparecían las siglas del mexicano Partido Revolucionario Institucional (PRI), lo que despertó sospechas en la oposición. “El software tenía problemas para acceder a los nombres de nuestros fiscales”, afirma Sergio Álvarez, encargado de los interventores de la opositora Alianza PLI-UNE a nivel nacional. Lo sospechoso es que los interventores del FSLN no tuvieron ningún problema con su acreditación.

Debido a esos problemas, el Tribunal Electoral entregó más de 5.000 acreditaciones erradas a esta organización opositora. El día de la votación, además, los interventores de la Alianza PLI-UNE fueron expulsados del 20% de las mesas de votación por los mismos funcionarios electorales e interventores sandinistas, por lo que el Gobierno prácticamente contó sin supervisión los votos en al menos el 30% de las mesas electorales de todo el país. “Estas fallas dan pie a sospechar que todo iba contra la Alianza PLI, para que hiciéramos menos fiscalización”, afirma Sergio Álvarez.

Hubo casos en los que a los ciudadanos se les permitió votar con su partida de nacimiento, violando la Ley Electoral que establece que solo se puede votar con documento de identificación acreditado por el Tribunal Electoral o con un documento supletorio facilitado por la misma autoridad. En la ciudad de Chinandega, en el occidente de Nicaragua, las autoridades electorales no dejaron votar a los ciudadanos que no aparecían en el Padrón Electoral a pesar de que sus cédulas mostraban que su domicilio correspondía a esa circunscripción. En esa misma ciudad, en el colegio electoral 0200, las autoridades permitieron que menores de edad votaran con cédulas que no les pertenecían, mientras que otros votaron con copias de sus documentos de identidad. El Padrón Electoral, además, no fue depurado, por lo que en varias listas aparecían fallecidos como ciudadanos habilitados para votar. En el pequeño municipio de Cinco Pinos, las autoridades electorales obligaron a los votantes a ejercer su derecho en la mesa de votación, y no en las urnas, con voto secreto, como establece la ley nicaragüense.

Lo más burdo, sin embargo, se conoció días después de la votación. Fueron las llamadas “actas preñadas”, documentos que mostraban mayor cantidad de votos de las que establece la ley en una mesa electoral. Según la regulación nicaragüense, cada mesa electoral debe tener un máximo de 400 papeletas. Pues en la mesa identificada con el código 07020162-5, localizada en el centro de votación 026 de Masaya, se registraron 866 votos válidos, más del doble de papeletas electorales. En esa mesa electoral, el FSLN obtuvo 506 votos, mientras que la opositora PLI-UNE sumó 399. El resto se dividió entre los otros tres partidos participantes. La misma estrategia se registró en otros centros de votación del país, y las papeletas “preñadas” han ido apareciendo periódicamente en los medios de comunicación. Las autoridades electorales no explican este raro fenómeno digno del realismo mágico, pero sí insultan a los medios calificando de “basura” estas denuncias.

Difícilmente los nicaragüenses sabrán con exactitud qué pasó con sus votos. Y, si el FSLN ganó la elección, con cuántos votos ganó. Las autoridades electorales le dan a Daniel Ortega el triunfo con más del 60% de votos, más el control del Congreso, cerrando la posibilidad a cualquier recurso de revisión de los resultados por parte de la oposición.

El volcánico presidente del Tribunal Electoral, Roberto Rivas, afirmó antes de la elección que la candidatura de Ortega, prohibida por la Constitución, “está escrita en piedra”, y parece que la misma frase se adapta a los resultados del domingo. Las irregularidades en las elecciones presidenciales han recordado a muchos nicaragüenses los tiempos de la dictadura somocista, cuando el presidente del Tribunal Electoral se paseaba entre las filas de votantes gritando: “Voten, voten, que luego cuento yo”.