El uso de la justicia es la nueva amenaza a la libertad de prensa en Latinoamérica

Hacer caricaturas sale caro también en las democracias formales. A finales del pasado julio, Dinorah Girón, directora del semanario Sexto Poder de Venezuela, fue detenida por publicar en portada caricaturas de varias mujeres poderosas dentro del Gobierno de Hugo Chávez. El semanario fue cerrado temporalmente. El periodista Leocenis García, de la misma publicación, fue enviado a prisión. Además, un juez tiene prohibido al diario El Nacional publicar imágenes violentas. La cadena de televisión Globovisión, por su parte, se enfrenta a siete procesos judiciales que pueden acabar con su cierre inminente. Su presidente, Guillermo Zuloaga, se ha exiliado de Venezuela. Rafael Poleo, director de la revista Zeta, también está exiliado y con procesos abiertos.

Todos estos casos son actuales y suceden en Venezuela, quizá el ejemplo más extremo de la nueva amenaza que sufre la libertad de prensa en Latinoamérica, como es el uso de la justicia afín al poder ejecutivo para neutralizar a la prensa incómoda. Los casos arriba citados fueron presentados durante la 67ª reunión de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), que se celebró entre el 14 y el 18 de octubre en Lima.

La consolidación de la democracia es indiscutible en Latinoamérica. Las elecciones se suceden en paz y, allí donde hay oposición, la alternancia en el poder se produce sin traumas. Ha sido un avance lento durante las últimas dos décadas hasta lograrlo.

En ese contexto, la violencia contra la prensa en países como México u Honduras es una tragedia. En los primeros seis meses del año, 21 periodistas han sido asesinados y las agresiones físicas y amenazas son habituales. Es la principal preocupación de la prensa latinoamericana. Pero la reunión de la SIP quiso fijarse también en una amenaza de nivel institucional, más sofisticada, en actitudes censoras que se resisten a desaparecer con la llegada de la democracia y que utilizan los recursos del Estado.

Sin llegar al nivel de acoso de Venezuela, aunque compitiendo en agresividad verbal, la actual pugna del Gobierno de Rafael Correa en Ecuador con el diario El Universo ha hecho saltar las alarmas respecto a este tipo de prácticas. Correa demandó al diario por una información que consideraba injuriosa y un juez lo condenó a indemnizar al presidente con 40 millones de dólares, es decir, a la quiebra. Correa lo celebró como un triunfo del Estado contra la prensa que siempre ha calificado, como mínimo, de corrupta.

“Es que a muchos presidentes, aunque elegidos democráticamente, luego les cuesta mucho aceptar las reglas que obliga el efectivo ejercicio del sistema democrático”, afirma el director del peruano La República y anfitrión del encuentro en Lima, Gustavo Mohme. “Cuando la justicia ha perdido autonomía y los jueces actúan en función de lo que el poder de turno desea, no hay derecho que esté garantizado”. Mohme no tiene duda de que en los casos descritos los jueces han sido cómplices de los Gobiernos. “Los hechos hablan por sí mismos. En la última asamblea invocamos a los jueces valientes que existen para que hagan contrapeso al poder político e impidan que se cercenen derechos fundamentales”.

Mohme resalta que las nuevas formas de acoso a la prensa en democracia consiguen los mismos fines que los militares pero, además, sin generar rechazo social. “El público no se da cuenta de lo que pasa”, dice el periodista peruano. “El estilo de los militares, bestial, ordinario, era flagrante. Hoy se aplican métodos que la gente no distingue como ataques a la libertad de prensa y a su derecho a informarse, pero sus resultados —restringir esas libertades y derechos— son más efectivos incluso que los métodos del pasado”.

Desde Washington, la organización Human Rights Watch (HRW) ha denunciado reiteradamente el acoso a la prensa en Venezuela con métodos que parecen inspirar a otros mandatarios. José Miguel Vivanco, director de la división América de HRW, afirma que “Ecuador y Venezuela son los países donde las amenazas indirectas son más patentes”. “Sin duda”, señala Vivanco, “los procesos penales contra medios son uno de los ataques más graves a la libertad de expresión hoy en día”, porque además “generan un incentivo para que otros periodistas se autocensuren”. En opinión de Vivanco, “en la medida que las expresiones no inciten al odio o a la comisión de delitos, por más ofensiva o amarillista que resulte una cobertura, se encuentra protegida por la libertad de expresión”.

Precisamente a través de una ley para sancionar el racismo y la discriminación, el presidente Evo Morales está consiguiendo cierto grado de autocensura en los medios, según fue expuesto en la asamblea de la SIP. La prensa no sabe a qué atenerse, qué es “discriminatorio” y qué no, porque eso lo decide arbitrariamente un comité integrado por funcionarios gubernamentales.

La prensa de la región parece convencida de que la imitación del estilo de Gobierno de Venezuela en otros países lleva aparejado el acoso obsesivo a los medios. El pasado mes de abril, el entonces candidato y hoy nuevo presidente de Perú, Ollanta Humala, tuvo que proclamar ante los periodistas su compromiso firme con la libertad de prensa.

Humala es consciente de que su imagen está muy marcada por su identificación con el proyecto de Hugo Chávez en la anterior contienda presidencial. Ahora, desvinculado de la influencia venezolana, Humala quiso descartar específicamente la posibilidad de utilizar a los jueces como hacen otros países de su entorno. “Mi conducta ha sido en estos casos la de no procesar, a pesar de haber sido víctima de estas actitudes que ustedes señalan como demoledoras”, dijo el candidato Humala, según lo cita el informe de la SIP.

“Si bien el presidente en casos extremos podría recurrir al poder judicial, entendemos que no sería lo más adecuado, ya que su poder es mayor que el medio o la persona que lo critica”, dijo Humala. Es una aclaración para tranquilizar a la prensa peruana, pero suena a lección para algunos de sus vecinos.