EE UU obtiene información privada de los colaboradores de Wikileaks

El Gobierno norteamericano ha obligado a Google y a un pequeño proveedor de servicios de conexión a la Red a revelar información privada de uno de sus clientes, Jacob Appelbaum, voluntario y portavoz ocasional de la página de revelación de secretos Wikileaks en Estados Unidos. Un gran jurado federal del Estado de Virginia está investigando si presenta cargos por la vía civil contra los implicados en la publicación en varios medios, entre ellos EL PAÍS, de documentos secretos relativos a las guerras de Irak y Afganistán, y de la diplomacia norteamericana.

Appelbaum, de 28 años, es un colaborador de Wikileaks que ha sido arrestado ya en cinco ocasiones por agentes del orden de EE UU. En 2010 representó a la web de revelación de secretos en la conferencia de activistas HOPE (siglas, en inglés, de las palabras ‘Hackers’ del planeta tierra). Las autoridades han accedido en el pasado a información privada de Appelbaum almacenada en redes sociales. En diciembre, el departamento de Justicia obligó a Twitter a que le entregara información personal del perfil de Appelbaum, así como de Julian Assange, el fundador de Wikileaks, y otros activistas.

Ahora, el Gobierno norteamericano ha accedido a información de su cuenta de correo electrónico Gmail, que es un servicio de Google, y de conexión a la Red a través del proveedor Sonic.net. El diario The Wall Street Journal fue el primero en revelar la existencia de esa orden judicial. Inicialmente fue enviada a Google el 4 de enero, pidiendo el listado de las direcciones IP desde las que Appelbaum se conectó a Gmail y desde las que otros internautas le escribieron a su correo. El Gobierno ha pedido esa información a través de lo que se conoce como una orden 2703(d), que le permite acceder a información de conexión a Internet de aquellos ciudadanos a los que investiga por delitos relacionados con las nuevas tecnologías.

Google ha rechazado hacer comentarios concretos sobre el caso de Appelbaum. “Obviamente, seguimos la ley, igual que cualquier otra empresa”, ha dicho una portavoz, Christine Chen, en un correo electrónico, haciéndose eco de unas declaraciones concedidas previamente a la web CNet. “Cuando recibimos una orden judicial, comprobamos que sea acorde con lo estipulado y las intenciones de las leyes vigentes. Si no es así, objetamos o pedimos que la petición sea más limitada”.

Sonic.net, por su parte, ha revelado en otro correo que presentó una demanda para evitar revelar información privada de su usuario, pero que perdió en los juzgados. “Sólo podemos confirmar que nos enviaron una orden judicial y que se la transmitimos a Appelbaum”, ha dicho a EL PAÍS el consejero delegado de la empresa, Dan Jasper.

El Gobierno consiguió finalmente la información que buscaba y la fiscalía pública la está utilizando en su investigación sobre la mayor filtración de secretos de la historia norteamericana. Diversos colaboradores de Wikileaks y conocidos del soldado Bradley Manning, al que el Pentágono investiga como posible fuente de las filtraciones, han testificado ante el gran jurado de Virginia. En este momento, Manning espera fecha para una corte marcial en la que se le acusará de alta traición. Assange se encuentra en arresto domiciliario en Londres, a la espera de una decisión sobre si Reino Unido le extraditará a Suecia, donde se le quiere juzgar por acoso y agresión sexual.