Los indígenas bolivianos redoblan su desafío contra Evo Morales

Golpeado por la peor crisis política que sufre su Gobierno desde que llegara al poder hace seis años, el presidente Evo Morales ha pedido esta madrugada perdón a los indígenas de las tierras bajas de Bolivia por la fuerte represión policial ejercida durante una marcha de protesta el domingo pasado. Pero las palabras del presidente no han logrado calmar los ánimos: los indígenas, que quieren impedir que se construya una carrera en la Amazonia, han anunciado que retomarán la movilización.

La protesta indígena, hasta ahora un conflicto local, se ha convertido en una cuestión nacional y ha derivado en una huelga general contra el Ejecutivo boliviano.

La protesta indígena, hasta ahora un conflicto local, ha derivado en una huelga general

La declaración de Morales, realizada en la Casa de Gobierno, se produce como resultado de la multitudinaria protesta que se dio ayer en todo el país, con la participación de miles de trabajadores, profesionales, universitarios, juntas vecinales y organizaciones civiles en repudio a la represión policial de la que fue víctima la columna de 1.500 indígenas que intentaban llegar a La Paz.

Las protestas callejeras son "una profunda llamada de atención", ha dicho Morales. "Aprendamos de nuestros errores", ha añadido. "Que me disculpen, que me perdonen", ha solicitado a las familias indígenas que fueron brutalmente reprimidas por la policía. Morales ha vuelto a asegurar que no hubo de su parte una orden de represión. "Recojo los dolores y convoco al diálogo", ha concluido.

En cuanto al futuro de la carretera, este ha quedado postergado hasta un referéndum, aunque las obras de los dos tramos continuaban trabajándose este miércoles. La empresa brasileña no recibió orden de paralizar obras.

Los indígenas, alentados por el gran apoyo popular que están recibiendo, han anunciado que retomarán la marcha. "Larga vida a esta histórica marcha... la marcha continúa", ha afirmado Mariana Guasania, una de las líderes de la protesta, en Rurrenabaque, una turística localidad de la Amazonia en la que se han refugiado unos 200 manifestantes tras la disolución de la marcha.

La caminata indígena comenzó el 15 de agosto en Trinidad, para evitar que la carretera atraviese el Territorio Indígena del Parque Nacional Isidoro Sécure (TIPNIS), pero no pudo llegar a La Paz. Fue disuelta el domingo pasado, al cabo de más de 40 días, por la policía que reprimió con violencia a los indígenas cuando se aprestaban a cenar a la vera del camino junto con sus mujeres y sus hijos.

Mientras tanto, la Fiscalía ha anunciado que investigará al exministro del Interior Sacha Llorenti, que se ha visto forzado a dimitir tras la dura represión ejercida por la policía. Además del exministro, serán investigados los jefes policiales que estuvieron al mando de la operación y otros altos cargos del Gobierno, según ha explicado el fiscal general, Mario Uribe.

Una comisión especial tiene la misión de esclarecer los sucesos del domingo, cuando los manifestantes fueron reprimidos, golpeados y maniatados. No se descarta que sea llamado a declarar el propio Morales, "si hay una declaración que determine que el señor presidente pueda tal vez dar información para esclarecer el hecho".

Entre la ciudadanía crece la desconfianza sobre la capacidad real que pueda tener el Gobierno para dar soluciones definitivas al conflicto indígena, así como del respeto a la Constitución —texto que ha recogido las iniciativas de los pueblos indígenas y de los movimientos sociales— y su aplicación. Morales ha quebrantado ya 35 artículos de esta Carta Magna, según un recuento periodístico.