Salvando a Haití, la perla de las Antillas

Después del terremoto de 2010, se ha constatado el aumento de los flujos migratorios de haitianos hacia Latinoamérica y el alza del tráfico humano

¿Cómo es posible que en solo dos siglos, Haití, la perla de las Antillas, una de las colonias más ricas del mundo, haya pasado a ser el país más pobre del hemisferio occidental? Una concatenación de desastres políticos, sociales, económicos y naturales han convertido a este país de 27.750 kilómetros cuadrados en uno de los más atrasados del planeta.

Que el mundo no se olvide de Haití es el empeño de todos los que allí trabajan por su recuperación. Y que los miles de haitianos, que se han visto forzados a huir, especialmente después del terremoto que asoló en enero 2010 el pequeño país caribeño, sean considerados refugiados y no simplemente migrantes por razones económicas, es el objetivo del Servicio Jesuita a Refugiados (SJR).

"La sociedad haitiana es muy vulnerable, y la situación de extrema pobreza provoca que terremotos, huracanes, cólera ... se ceben con la población", afirma Merlys Mosquera, directora del SJR en Latinoamérica y Caribe.

El fenómeno de la migración haitiana no es algo nuevo y aunque, en general, siempre ha respondido a razones económicas, ha habido periodos negros de la historia del país en los que muchas personas tuvieron que huir por razones políticas, sobre todo durante las dictaduras de los Duvalier (1957-1986) y la sangrienta represión del régimen de Raoul Cédras (1991-1994). Tras el golpe de Estado que derrocó al sacerdote populista Jean-Bertrand Aristide, hubo un éxodo de más de 100.000 personas.

Y cuando Haití se estaba recuperando de la crisis humanitaria provocada tras el derrocamiento de Aristide, el huracán Gustav, en agosto de 2008, destruyó más de 100.000 casas y produjo pérdidas superiores a los 1.000 millones de euros. Pero como todo es susceptible de empeorar, apenas un año y medio después, el 12 de enero de 2010, un devastador seísmo mató a 220.000 personas, llenó de caos la capital, Puerto Príncipe, y dejó tres millones de damnificados, de los cuales, aún hoy, un año y medio después, más de un millón siguen viviendo en campos provisionales en unas condiciones de insalubridad y pobreza extremas.

Atraso y tráfico humano

Haití está a un tiro de piedra de un país rico como Estados Unidos y comparte una permeable frontera de 388 kilómetros con República Dominicana. Tras los últimos desastres, se ha observado un aumento de los flujos migratorios haitianos hacia América Latina, según el informe presentado esta semana en Madrid por Merlys Mosquera. Dicho informe insiste en resaltar la falta de mecanismos concretos de protección a esta población y la ambigüedad de los Gobiernos de la región y de algunas agencias internacionales respecto del estatuto de los haitianos. En la ambigüedad entre migrantes económicos o refugiados se basan para negar la asistencia y la protección de los haitianos bajo la definición "restrictiva" de refugiado, plasmada en la Convención de Ginebra (1951), ya que dichos Gobiernos sostienen que los haitianos no huyen por "temor a la persecución por razones de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un grupo social o persecución política", sino que escapan de la miseria y de los desastres naturales.

Son Ecuador, Chile y Brasil los países latinoamericanos que mayor flujo de emigrantes haitianos han recibido. Después del terremoto, estas naciones, especialmente Brasil, los aceptaron, pero a mitad de febrero de este año el Gobierno brasileño suspendió la concesión de protocolos de refugiados. Además, la policía brasileña ha implementado una operación, llamada Sentinela, para controlar sus fronteras.

Según afirma Mosquera, muchos haitianos se han quedado atrapados en las zonas fronterizas de Perú. Especialmente desde que la Guyana francesa, destino principal de los haitianos en Sudamérica por afinidad lingüística, cultural y étnica, cerró sus fronteras. México también ha endurecido los requisitos de entrada y la Administración de Felipe Calderón ha incumplido las promesas de asistencia humanitaria a los haitianos.

La situación de ingobernabilidad del país caribeño, unida a las catástrofes, impiden que las autoridades haitianas tengan cifras oficiales de sus inmigrantes, la mayoría de ellos indocumentados, a los que, según Angelica López, subdirectora del SJR en Colombia, "no se cuidan mucho". A Haití solo le interesan las remesas de divisas que manda su diáspora, fundamentales para la economía del país, afirma.

El estado de indefensión y el vacío legal ha provocado que surjan complejas redes de trata y tráfico de personas, que operan desde Haití. Se reclutan jóvenes con la promesa de estudios y trabajo en América Latina e incluso en EE UU y Europa. Estas redes utilizan Cuba y República Dominicana como países de tránsito hacia Ecuador y, al llegar allí, abandonan a sus víctimas.

Merlys Mosquera insiste en recalcar que la cuestión de los refugiados haitianos es un problema regional. "Los haitianos en América Latina necesitan una protección internacional para regularizar su situación migratoria, garantizar la no deportación e integrarse de manera digna en los países de acogida". El SJR ha propuesto a los Gobiernos de la región, así como a los organismos que allí trabajan, como la Organización de Estados Americanos (OEA) o Unasur, que reconozcan a los haitianos como refugiados de acuerdo con la Declaración de Cartagena, adoptada en los años ochenta, que define como refugiados a aquellas personas que huyen de su país de origen para salvaguardar su seguridad, integridad física u otras circunstancias que hayan perturbado gravemente el orden público.

De hecho, los haitianos que han llegado a América Latina después del terremoto han sido forzados a huir de su país por el agravamiento de la situación humanitaria, como la epidemia de cólera o los huracanes, que "violan sus derechos humanos fundamentales como el derecho a la vivienda, a la salud y a la alimentación", según el informe del SJR.

Haitianos intentan obtener sus tarjetas de identidad en Cité Soleil, Puerto Príncipe, en 2010
Haitianos intentan obtener sus tarjetas de identidad en Cité Soleil, Puerto Príncipe, en 2010AFP

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