Argentina ha juzgado a 200 criminales de la dictadura militar

El país sudamericano recuerda el 35 aniversario del golpe de Estado

En Argentina es el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia. Hace 35 años, el 24 de marzo de 1976, un golpe de Estado militar -con apoyo de parte de la sociedad civil-, instauró un régimen represivo que forzó la desaparición de 30.000 personas según las organizaciones de derechos humanos. El aniversario encuentra a una gran mayoría de los argentinos unida en el repudio a aquel terrorismo de Estado y en la defensa de la democracia, aunque con diferencias sobre los déficits que aún tiene este sistema recuperado en 1983. Mientras tanto, la justicia avanza en los procesos contra los criminales de la dictadura y ya ha condenado a 200 de ellos.

Las secuelas de marzo de 1976 están todavía frescas, opina el diputado kirchnerista Dante Gullo, líder de la izquierdista Juventud Peronista en 1975. El Gobierno de Isabel Perón, dominado por la derecha, lo detuvo y permaneció preso durante ocho años. Guillo recuerda que entonces comenzó una política que dejó 30.000 desaparecidos, muchos presos, un aparato productivo destruido y los derechos de los trabajadores vulnerados, en alusión a la receta económica que implicó apertura comercial, deterioro del poder de compra de los asalariados y represión de la actividad sindical. Precisamente, en estos días se celebró en la ex Escuela Mecánica de la Armada (ESMA) -uno de los principales centros clandestinos de detención del régimen convertido ahora en el Espacio de la Memoria- un seminario en el que se analizó la presunta colaboración de empresas argentinas y multinacionales, como Ford y Mercedes-Benz, en la desaparición de delegados sindicales. Ambas automotrices siempre han negado esa acusación, que de momento no ha sido resuelta por los tribunales.

Grupos repartieron propaganda anónima a favor del régimen en Santa Fe
Diputados coinciden en que la sociedad argentina está unida en el "nunca más"

El radical Ulises Forte, que también junto con Gullo integra la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, opina que la última dictadura que sufrió su país constituyó una parte triste en la historia de Argentina, en la que se violaron los derechos humanos de todas las maneras posibles. La justicia ya ha condenado a 200 responsables, incluidos los ex dictadores Jorge Videla (1976-1981) y Reynaldo Bignone (1982-1983). De ese total, 110 fueron sentenciados el año pasado. En 2011, continuarán nueve juicios ya abiertos, como el de los crímenes de la ESMA. Algunos de ellos están cerca de concluir. Además, se abrirán otros nueve procesos más.

Entre las minorías que aún apoyan la dictadura están los que soltaron propaganda anónima que la reivindicaba esta semana en las calles de Santa Fe (a 478 kilómetros al norte de Buenos Aires). El ex marino Jorge El Tigre Acosta también lo hizo el pasado martes en un juicio por el robo de bebés de desaparecidas: "No hay 30.000 desaparecidos ni 500 bebés robados y esa mentira nos va a llevar a una nueva guerra civil de corte trotskista".

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La memoria de la dictadura sigue vigente en la sociedad. Ayer, en las escuelas de la provincia de Buenos Aires, profesores y alumnos la recordaron en clases. Un día antes, el ministro de Educación, Alberto Sileoni, había encabezado un acto con 400 estudiantes sobre las canciones prohibidas por el régimen, como Cambalache, de Enrique Discépolo; Ayer nomás, de Moris, Me gusta ese tajo, de Pescado Rabioso; Los dinosaurios, de Charly García y La marcha de la bronca, de Pedro y Pablo. El lunes y el martes de carnaval han vuelto este año a ser festivos en Argentina, después de que hace 35 años los prohibieran los militares.

Gullo y Forte coinciden en que casi todo el conjunto de la sociedad está unido en el "nunca más" a las dictaduras, pero disienten sobre los desafíos actuales de la democracia argentina. Aún hay entidades corporativas y elitistas que no respetan a los gobiernos democráticos, opina Gullo. "¿De qué corporación me hablan?", responde Forte, un líder de los pequeños y medianos agricultores que llegó al Congreso tras la pelea con el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner en 2008. Se refiere a la corporación del secretario general de la Confederación General del Trabajo, Hugo Moyano, que amenaza con una huelga porque la justicia suiza pide datos sobre él en una causa sobre lavado de dinero y ahora quiere que uno de los suyos sea vicepresidente de Cristina en las elecciones de octubre. De ahora hacia adelante el "nunca más" implica mayor respeto a las instituciones y a la independencia de poderes, y mejor distribución de la riqueza.

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