Emiratos Árabes Unidos, pendiente de los derechos de mujeres e inmigrantes

Los Emiratos Árabes Unidos forman una federación de siete Estados, que son regidos cada uno por un emir que tiene poderes específicos. El Gobierno central lo forma el Consejo Supremo, formado por los siete emires, pero como Abu Dabi controla la mayor parte de la riqueza del crudo, en la práctica, sus gobernantes han presidido siempre la federación. Los Al Nahyan de Abu Dhabi, cuenta la revista Foreign Policy, han sido históricamente "unos gobernantes precavidos y conservadores, que preferían resolver los asuntos familiares en privado y ofrecerse como intermediarios honrados para mediar en las disputas de los demás emiratos".

Su patriarca -Zayed Ben Sultán al Nahyan- gobernó hasta que en 2004 le sucedió su hijo mayor, Khalifa Ban Zayed al Nahyan, aunque el verdadero poder está en manos del príncipe heredero, su tío Mohamed Ben Zayed al Nahyan. En los Emiratos Árabes Unidos no hay elecciones ni partidos políticos.

Desde el descubrimiento del petróleo hace más de 30 años, el país ha sufrido una profunda transformación y ha pasado de ser una región empobrecida a un Estado moderno con un alto nivel de vida. Hoy tiene una economía abierta con una elevada renta per cápita (40.200 dólares por habitante) y un considerable superávit comercial anual. El petróleo y el gas de este país con casi cinco millones de habitantes representan el 25% del PIB.

En los últimos años, el Gobierno ha aumentado el gasto en creación de empleo, ha invertido en infraestructuras y ha abierto los servicios públicos a una mayor participación del sector privado. El hecho de que sea una zona de libre comercio está ayudando a atraer a los inversores extranjeros.

Atentados contra los derechos humanos

Defender los derechos de las mujeres y los trabajadores inmigrantes son dos de los puntos pendientes de los Emiratos Árabes Unidos que Amnistía Internacional (AI) destacó en su último informe de 2010. Según este, las féminas siguen siendo objeto de discriminación en la ley y en la práctica. Además, los trabajadores inmigrantes extranjeros, que representan un elevado porcentaje de la población activa del país, sufren explotación, abusos y malas condiciones de vida hasta el punto de que el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de la ONU instó a las autoridades mejorar sus derechos.

Las cuestiones de seguridad nacional también producen violaciones en los derechos humanos, según AI. En octubre, el presidente del país emitió un decreto sobre la movilización en respuesta a amenazas internas o externas a la seguridad nacional. El decreto establecía, entre otras cosas, la imposición de la pena de muerte a las personas condenadas por revelar información que supusiera un peligro para el Estado. Un total de 13 personas fueron condenadas a muerte el pasado año, aunque no se tuvo noticia de ninguna ejecución.