Primera baja en el gobierno de Dilma Rousseff

Antes de un mes de su toma de posesión, la presidenta Dilma Rousseff ha dispensado, a través del ministro de Justicia, José Eduardo Cardozo, a Pedro Abramovay, Secretario Nacional de Políticas sobre Drogas.

En una polémica entrevista al diario O Globo, Abramovay había levantado un avispero en la opinión pública al defender que salieran de la cárcel los "pequeños traficantes de drogas", es decir, los que habían sido condenados por venta al pormenor, generalmente para satisfacer el propio vicio.

Para defender su tesis había dado dos argumentos: primero, que las cárceles brasileñas están súper abarrotadas lo que da lugar a muchos motines de los presos que suelen acabar con derramamiento de sangre, generalmente entre bandos rivales dentro de los penales. Con la salida de ellas de los pequeños traficantes quedarían aliviadas. La segunda, que para esos pequeños traficantes, sin antecedentes penales, es más fácil que acaben convirtiéndose en el futuro en grandes traficantes de drogas si permanecen en la cárcel que en libertad.

Sus declaraciones no gustaron al nuevo ministro de Justicia, José Eduardo Cardozo, del Partido de los Trabajadores (PT) quién enseguida afirmó que se trataba de una opinión personal de Abramovay y no del Gobierno, de quién hoy ha anunciado que deja su cargo. Tampoco gustaron demasiado a la opinión pública. Entre los lectores del diario O Globo, el 75% se manifestaron contra la excarcelación y sólo 25% a favor. La reincidencia de los presos, una vez cumplida la condena suele ser de un 80%.

Cardozo es uno de los ministros más cercanos a la presidenta Rousseff, ya que fue el coordinador primero de su campaña y después de la transición de Gobierno. Por ello y por tratarse de la primera baja en las primeras semanas de su Gobierno, todo hace pensar a los analistas políticos que la decisión fue tomada por Rousseff a quien todos saben que no le tiembla la mano cuando se trata de reprender a alguien o de prescindir de los servicios de uno de los servidores públicos.

Justamente, la presidenta, según promesa de su campaña electoral, tiene como una de las prioridades el combate no sólo a la droga en general -uno de los generadores mayores de la violencia del país- sino en concreto del crack, que afecta hoy a más de 600.000 jóvenes en el país y cuya recuperación suponen un nuevo desafío para el Ministerio de Sanidad.

Rousseff va a tener, de cualquier forma, que enfrentar la dramática situación de las cárceles con 330.000 presos y un déficit de 70.000 puestos. Según los expertos Brasil necesitaría construir cien nuevas cárceles.

En los penales, la gran mayoría son jóvenes y de estos el 90% negros o mestizos. La mayoría proviene de familias pobres.