Argentina da refugio a un ex guerrillero chileno

La decisión de Argentina de otorgar refugio político al ex líder guerrillero chileno Sergio Galvarino Apablaza, que significa dar un portazo a la petición de los tribunales chilenos de extraditarlo para investigar su eventual participación en el asesinato en 1991 del senador Jaime Guzmán, ex ideólogo de la dictadura de Pinochet, provocó malestar en el Gobierno del presidente Sebastián Piñera, que se había jugado a fondo por traerlo de regreso al país, y puede afectar las relaciones entre ambos países. En los medios políticos sólo el Partido Comunista valoró favorablemente esta decisión.

La Comisión Nacional de Refugiados (Conare), un órgano de carácter interministerial, resolvió por unanimidad en Buenos Aires conceder el estatus de refugiado político a Apablaza, a quien la justicia chilena también requería para investigar su participación en 1991 en el secuestro de Cristián Edwards, hijo del propietario del diario más influyente de Chile, El Mercurio, Augustín Edwards. La Conare funciona en la órbita del Ministerio del Interior y en esta participan funcionarios de cuatro ministerios argentinos y del Instituto Nacional contra la Discriminación. Para tomar esta resolución, el Conare tomó en cuenta que Apablaza es "militante político", un "luchador contra la dictadura", y también que negó haber participado en los hechos que se le imputan en Santiago, según publica el diario argentino La Nación.

A pesar de las gestiones del Gobierno y el apoyo de la opositora Concertación a la petición de extradición, en Chile se esperaba una resolución favorable a Apablaza. Las organizaciones defensoras de los derechos humanos en Argentina, que son una de las bases más fuertes de apoyo del Gobierno de la presidenta Cristina Fernández, eran partidarios de rechazar la petición de La Moneda. En Buenos Aires, la oposición a Fernández buscó convertir el tema en un asunto de política interna, lo que paradójicamente tampoco contribuía a facilitar una decisión a favor de la extradición a Santiago. Cuando Fernández visitó Chile por el bicentenario le anticipó a Piñera que el escenario era complejo para resolver.

Argentina no notificó de inmediato a La Moneda la resolución, que adoptó el Conare el viernes, para evitar que el tema interfiriera en el viaje que Piñera hizo de emergencia a Buenos Aires para participar en la cumbre de presidentes de Unasur por la crisis de Ecuador.

En Santiago, Piñera lamentó ayer la resolución de Argentina, que calificó de "golpe" y "retroceso" a la causa de los derechos humanos y la justicia chilena. "Sin duda no ayuda a las relaciones entre Chile y Argentina", afirmó. La Moneda no ha informado de medidas diplomáticas para manifestar su malestar. En la gobernante Coalición por el Cambio, el presidente de la Unión Demócrata Independiente (UDI), un partido que acoge a muchos ex partidarios de la dictadura, senador Juan Antonio Coloma, criticó que Argentina "optó por la impunidad (...), amparar el asesinato de un senador chileno".

También hubo críticas en la Concertación, la coalición de centroizquierda que gobernó Chile durante dos décadas, donde respaldaron la petición de extradición, a pesar de que algunos critican el papel en la dictadura del asesinado Guzmán, y asumieron el tema como de estado. Para el presidente de la Democracia Cristiana, senador Ignacio Walker, la decisión de Argentina "es una verdadera provocación", dado que "supone que en Chile no existe estado de derecho".

La voz pública disidente de esta opinión mayoritaria en Chile fue del presidente del Partido Comunista, Guillermo Teillier, que compartió prisión y torturas con Apablaza cuando estuvieron detenidos en la dictadura. "Por lo menos políticamente en Chile estaba condenado Apablaza de antemano", sin haber comparecido ante un tribunal, sostuvo Teillier, que pidió respetar la decisión de Argentina y no tomar medidas diplomáticas.

Apablaza era conocido como el comandante Salvador cuando dirigió el Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR), formado por el Partido Comunista para luchar contra la dictadura, y reside en Argentina desde hace 16 años. En 1990, poco antes del reinicio de la democracia, este grupo se fraccionó y un sector continuó en armas, alejado de los comunistas. Cometió atentados contra ex represores, asesinó al senador Guzmán y secuestró a Edwards, entre otras acciones. En 2004, Apablaza estuvo detenido ocho meses en Buenos Aires, donde residía con identidad falsa, hasta que un juez rechazó extraditarlo a Santiago. La Corte Suprema argentina resolvió acoger la petición, pero ahora el Conare la rechazó.