De perseguidor a perseguido

Un informe sobre los presuntos excesos de la policía boliviana en el desbloqueo de la carretera durante las protestas de Caranavi, que acabó con la muerte de dos estudiantes,ha desatado la persecución de los dos abogados, uno de ellos peruano nacionalizado boliviano, que lo elaboraron por encargo de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDH) de Bolivia.

Caranavi, un poblado en el trópico yungueño de La Paz, fue escenario de un dramático cierre de carreteras durante más de una semana y acabó con la intervención policial y el posterior enfrentamiento con los pobladores, que exigían del Gobierno el cumplimiento de las promesas electorales, entre ellas la instalación de agroindustrias.

La presidenta de la APDH de La Paz, Yolanda Herrera, ratificó el informe sobre la violación de derechos humanos y excesos en los enfrentamientos entre la policía y los pobladores de Caranavi, en mayo pasado, que hace responsable al ministro del Interior, Sacha Llorenti, al comandante de la policia, Oscar Nina, y a otras autoridades. Todos ellos deben presentarse a declarar en el curso de esta semana ante el Ministerio Público de La Paz.

Los abogados Jorge Quiroz y Claudia Lecoña entregaron el informe a la APDH, cuyo contenido coincide con el presentado por la Defensoría del Pueblo, y asumieron la defensa de los familiares de los dos jóvenes fallecidos a causa de heridas de bala. Es la primera vez que dos instituciones presentan documentos que ponen de manifiesto los excesos durante "hechos de represión" que, en toda la gestión del presidente Evo Morales, ha dejado un saldo de al menos sesenta muertos.

El letrado Jorge Quiroz, que acabó la carrera de Derecho en Bolivia y contrajo matrimonio con su colega Claudia Lecoña, confirmó que han acudido a la Comisión Internacional de Derechos Humanos (CIDH) para pedir garantías tras el allanamiento de sus oficinas, la incautación de sus computadoras y la súbita aparición de cargos sobre presuntos delitos de narcotráfico, que descartó con la presentación de documentos de su país de origen. Denunció acciones de amedrentamiento para acallarlos. Las autoridades del Ministerio del Interior denunciaron que Quiroz tiene una "estadía irregular" en Bolivia y sacaron a relucir presuntos vínculos con el tráfico de drogas, para justificar la intervención de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico.

Herrera lamentó el trato "estigmatizador y discriminador" que el Gobierno boliviano ha dispensado a estos abogados, que nunca antes habían sido citados para explicar su situación en Bolivia.

El comandante de la policía, Oscar Nina, no ha disimulado su enojo por este informe que, presuntamente, desnuda algunas debilidades de la institución policial hasta el punto de que amenazó con procesos judiciales a quienes promuevan el desprestigio de la policía boliviana.

La abogada Claudia Lecoña lamentó la actitud de Nina que "utiliza recursos para desprestigiarnos y alejarnos del caso de Caranavi, deshonrándonos y violando el derecho al honor de mi esposo". Sin embargo, estas acciones en su contra no cambiarán "en nada el hecho de que hayan muerto dos personas y que se hayan vulnerado los derechos humanos" de los habitantes de Caranavi.

El defensor del pueblo, Rolando Villena, ha sufrido asimismo, el embate oficialista tras presentar un informe que también lamenta la violación de los derechos humanos en Caranavi, aunque aseguró a la prensa local que "no acusó a nadie". Hasta ahora, se consideraba a Villena como un hombre inclinado al Gobierno, mucho más cuando el presidente Evo Morales, en su toma de posesión, le pidió que, como Defensor del Pueblo, defendiera a su Gobierno.